Página#12 Libre

“Los ‘hogares de niños’ contratados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires están al margen de la ley, y legisladores del PRO quieren mantenerlos así”, denunció Laura Musa, asesora general tutelar de la ciudad. Mañana vence el plazo de un año y medio otorgado por la ley 2881 para que estas instituciones estén sujetas a requisitos de habilitación. La Legislatura trata en comisión un proyecto presentado por el PRO, que –en el marco de un fuerte lobby de los dueños de estos establecimientos– les permitiría funcionar sin habilitación por un año más: “Lo que les pide la ley son las mismas normas de calidad de vida y seguridad que tiene cualquier club o escuela donde van los chicos de clase media; claro que los que van parar a estas instituciones son chicos pobres”, según la asesora tutelar. La cuestión de fondo, para Musa, es que “estas internaciones deberían efectuarse sólo por excepción: con menos de lo que la ciudad paga por cada chico, se podrían pagar operadores que trabajen con sus familias y ayudar a éstas a resolver situaciones como los desalojos o enfermedades que muchas veces conducen a la internación del hijo”.

La ley 2881, en vigencia desde el 2 de diciembre de 2008, tiene por objeto “regular las condiciones de habilitación y funcionamiento de los establecimientos para el cuidado de niñas, niños y adolescentes”; otorga a éstos, para adecuarse a las normas, un lapso de 18 meses, que vence el jueves. Mañana, la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Legislatura porteña dictaminará sobre un proyecto de ley de los diputados del PRO, que prorrogaría la gracia por un año más. En la comisión, todos los demás bloques votarían en contra. Pero el PRO se propone pedir que el dictamen mayoritario se trate sobre tablas el mismo jueves, y podría contar con el apoyo de algunos diputados opositores.

“La ciudad de Buenos Aires tiene 99 lugares contratados –precisó Laura Musa–: incluso muchos están ubicados en la provincia de Buenos Aires, lo cual dificulta su control y complica la posibilidad de que el chico se revincule con su gente. Y hasta hace un año y medio –aunque parezca increíble– no requerían habilitación. Entonces la ley 2882 los incorporó al Código de Habilitaciones: deben tener espacios al aire libre para que los chicos jueguen; se regula la cantidad de chicos por habitación, se fijan normas para los baños y se especifican los mecanismos de seguridad: materiales ignífugos, matafuegos, protecciones eléctricas, nada distinto a lo que rige en los jardines o clubes donde van los chicos de clase media.”

Las instituciones de internación, reunidas en la Red de Hogares de la CABA, pidieron a la Legislatura que se les permitiera funcionar un año más sin habilitación, y enviaron a cada diputado un documento en el que piden “que se revean los aspectos imposibles de cumplir del Código de Habilitaciones y de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires”.

Pero “la necesidad de habilitación no pudo caerles de sorpresa –advirtió Musa–: muchas entidades trabajan en este rubro desde hace décadas. Se denominen ONG, pero en realidad son empresas con fines de lucro –puntualizó la asesora general tutelar–. Argumentan que es caro, que no tuvieron tiempo. Llegaron a decir que la ley es de cumplimiento imposible, lo cual queda refutado por el hecho de que algunos establecimientos sí la cumplieron”.

“Esa prórroga vulnera los derechos de los chicos y discrimina a los chicos pobres, que son los que van a parar a estas instituciones –sostuvo la asesora general tutelar–. No es que haya que cerrarlas sin más: el Ejecutivo de la ciudad puede mandar inspectores, labrar actas e intimarlas para que resuelvan las falencias en plazos perentorios, como hace con cualquier otro establecimiento. Es una desproporción dictar una nueva ley sólo para proteger el incumplimiento de un grupo de establecimientos.”

“Los ‘hogares’ de ninguna manera son la mejor política para la infancia: la ley nacional 26.061 y la ley 114, de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la ciudad, sólo los admiten por excepción, y aclaran que la pobreza no debe ser causal de separación de las familias: sin embargo, ésta es la regla en la Argentina –sostuvo Musa–. Antes de la internación, debería haber un menú de alternativas. La política social moderna se basa en la reformulación y sostén de los vínculos familiares: si el padre y la madre no están, buscar a los hermanos crecidos, a la familia extensa: en general, en esta familia o en el barrio pueden encontrarse recursos para que los chicos no salgan del lugar que es suyo.”

Musa observó que “con el dinero que el Estado dedica a estas empresas se podrían pagar operadores para acompañamiento familiar: ayudar a las familias a poner en orden su situación, anotar los chicos en las escuelas. En cada familia suele haber varios chicos que así se atenderían. A estas familias les faltan recursos, no sólo económicos sino culturales, para saber algo que sí sabe la clase media: a qué ventanillas del Estado acudir para obtener salud o educación. Así los chicos vivirían con sus familias, con orientación brindada por el Estado”.

El Estado paga a los “hogares” un promedio de 3000 pesos por chico, que llegan a 5988 cuando la internación es por “salud mental”. Actualmente hay unos 1300 niños, niñas y adolescentes institucionalizados en estos “hogares”.

Según explicó la asesora general tutelar, “suele suceder que, tras un desalojo o por enfermedad de la madre, los chicos quedan en situaciones de desamparo que son denunciadas por los asistentes sociales de los juzgados o desde las escuelas: lo que necesitan es ayuda habitacional, trabajo para la madre o el padre; las madres suelen trabajar en el sistema informal, muchas veces en casas de familia. La ciudad tiene recursos y cuenta con los organismos para llevar adelante este criterio, pero no puede salir de la internación. El gobierno de la ciudad no tiene un menú de políticas públicas y esto puede verse en el presupuesto, donde la mayor cantidad de recursos se asigna a estas internaciones privatizadas”.

Incluso, “muchos de los chicos internados ya podrían salir: si el problema fue un desalojo o una enfermedad, pasado un tiempo las condiciones cambian y la familia se reacomoda. Pero estas instituciones no quieren perder un ‘cliente’, y sus operadores suelen dictaminar que no, que el chico no está en condiciones de ser externado”.