Página#12 Libre

La investigación sobre presuntos favores o beneficios del Estado obtenidos por las droguerías que hicieron aportes para la campaña del Frente para la Victoria en 2007 no tiene juez. Desde hace varias semanas, los jueces federales Norberto Oyarbide y Ariel Lijo se pasan la pelota entre sí: ambos se consideran incompetentes para profundizar esa pista vinculada con la mafia de los medicamentos que podría complicar al ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli, quien al mismo tiempo fue recaudador de la campaña que llevó a Cristina Kirchner a la presidencia. La pelea deberá ser saldada por la Cámara Federal, donde finalmente anteayer llegó el expediente.

La causa a cargo de Oyarbide se centra en desentrañar lo que ya considera una asociación ilícita dedicada a comercializar y suministrar medicamentos adulterados, robados y vencidos, y a cobrarle al Ministerio de Salud tratamientos inexistentes. Hace poco más de un año, cuando allanó la casa del empresario Néstor Lorenzo –considerado eje de toda la organización–, encontró una carpeta rotulada “aportes de campaña 2007”. Adentro había recibos por casi un millón de pesos aportados por distintas droguerías y socios de Lorenzo a la campaña presidencial del FpV. Oyarbide dijo tiempo atrás que había escuchas de conversaciones de Capaccioli con Lorenzo y afirmó que el ex superintendente de Salud sería citado en la causa.

El fiscal Luis Comparatore le pidió al juez que citara a indagatoria a Capaccioli con el argumento de que su función en la Superintendencia –donde estuvo entre 2003 y 2008– era controlar a las obras sociales y droguerías y monitorear el reparto de fondos. Y está demostrado que la Administración de Programas Especiales (APE) pagó infinidad de medicamentos truchos y tratamientos inventados, justificados con recetas apócrifas y troqueles falsos. El dinero era canalizado por las obras sociales y destinado a laboratorios, muchos de los cuales aportaron a la campaña presidencial.

Oyarbide, sin embargo, le giró todas las actuaciones vinculadas con esta pista a su colega Lijo. Este juez tiene una causa que se originó con una denuncia del diputado de la Coalición Cívica Sebastián Cinquerrui por supuesto tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública contra Capaccioli. Lijo comenzó a investigar si las droguerías implicadas en la mafia de los medicamentos que aportaron a la campaña fueron beneficiadas por el Estado o el Gobierno con negocios, dádivas o favores, en compensación. Pero ahora este juez sostiene que si los laboratorios hicieron negocios a través de algún funcionario público, es un tema a dilucidar por su colega Oyarbide. Del mismo modo que debería determinar si lo que hubo fue blanqueo de dinero originado en ilícitos.

La causa fue y vino entre ambos juzgados dos veces y el tironeo deberá ser saldado por la Cámara Federal, seguramente tras la feria judicial, en febrero. Mientras, la jueza María Servini de Cubría investiga otro lado del asunto: si quienes colaboraron con la campaña estaban habilitados. Una de las sospechas que circulan es que detrás de los laboratorios estaban los dirigentes sindicales.