Página#12 Libre

El discurso de la mano dura en materia de seguridad quedó en minoría. También, las respuestas autoritarias frente al delito. Ayer al mediodía, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional, se presentó el Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD), respaldado por un amplio e inédito abanico político, social, gremial y religioso. El documento expone las bases doctrinales para un plan futuro de política criminal a nivel nacional, permite ampliar el debate social y enfoca la discusión de la denominada inseguridad sin el “facilismo represivo”. Por ejemplo: “Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población”, reza el texto. Además de los ideólogos de la propuesta –los representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y varios especialistas en el tema–, del acto participaron numerosos de los adherentes a la iniciativa.

“Esta debe ser la foto más buscada de la Argentina”, dijo Horacio Verbitsky. Con una carcajada, todos los presentes comulgaron con el titular del CELS y orador principal. La escena no daba lugar a dudas. Tras la mesa de especialistas y dirigentes –que incluía a León Arslanian, Estela Carlotto, Laura Conte, Hugo Cañón, Marcelo Saín y Enrique Font– se apostó la nueva multisectorial. Hasta ayer, verlos juntos en una misma iniciativa era impensable, pero lo que las diferencias partidarias deshacen, la preocupación por la seguridad esta vez logró unir. En la primera fila, de izquierda a derecha, estaban entre otros, Francisco “Tito” Nenna (Encuentro Popular para la Victoria), Victoria Donda (Libres del Sur), Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín (UCR), Felipe Solá (Peronismo Federal) y Martín Sabatella (Encuentro por la Democracia y la Equidad). Entre Solá y Gil Lavedra, unos metros por detrás, asomaba Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires) y a unos pasos sonreía Margarita Stolbizer (Acuerdo Cívico y Social).

Cerca de las 12.30, poco después de que Verbitsky comenzara la presentación del documento, un hombre del público lo interrumpió. Era el tucumano Alberto Lebbos, padre de una joven que fue estrangulada en 2006. El crimen se mantiene impune.

–Sólo necesito que me escuchen dos minutos. No quiero que bajen la edad de imputabilidad, ni que endurezcan las penas, ni que haya más policías en las calles para que estén al servicio de la corrupción y repriman al pueblo. Sólo quiero que se haga cumplir la ley de protección a testigos y se respeten las normas que están vigentes.

Con lágrimas en los ojos y sin esperar respuesta, Lebbos dejó el recinto. Entonces, Verbitsky retomó su discurso: “Las palabras del señor son una prueba adicional de la gravedad y la complejidad que tiene el problema de la inseguridad en nuestro país”. Sentado en una silla contigua a la del titular del CELS, León Arslanian –coideólogo de la propuesta de seguridad democrática, propulsor de los cambios en la Bonaerense como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires– asentía con la cabeza los dichos del orador. En los últimos años, “el problema se ha agravado por la repetición de políticas fallidas e ineficientes como el manodurismo”, sentenció Verbitsky. Luego, una locutora leyó los puntos más importantes del texto.

El documento está dividido en diez apartados. Cada uno demarca una lectura de situación sobre el problema de la inseguridad y una propuesta distinta sobre la seguridad. De todas maneras, hay un común denominador: la posición democrática. Frente a las posturas reaccionarias, que hacen foco sobre la coerción social y la criminalidad juvenil, en el ASD las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y el Servicio Penitenciario son los puntos centrales de la discusión crítica sobre seguridad.

“La acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.” En tal sentido, una adecuada política criminal y de seguridad requiere “una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada, una Justicia penal que garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador”.

El texto también pone el acento en que las políticas de seguridad y el control policial deben estar en manos civiles. Otra medida que impulsa el documento es la descentralización de las fuerzas uniformadas a nivel distrital y comunal. Luego de la presentación, Arslanian destacó que “lo peor que le puede pasar a un país es tener una policía sospechada de relacionarse con la delincuencia y la corrupción política”. Por eso y en concordancia con el Acuerdo para la Seguridad Democrática, el ex ministro destacó la importancia de los gobiernos en el control policial: “Las fuerzas de seguridad no deben autogobernarse”, explicó enfático a este diario.

“Una buena política de seguridad protege por igual a todas las personas sin distinción alguna”, dijo Verbitsky no bien recuperó el micrófono. Según el titular del CELS, durante años “la histeria punitiva desvió la problemática y permitió una discrecionalidad represiva”. Por eso, la propuesta fundamental del documento “no es meter bala, sino organizar las fuerzas de seguridad para poner el peso del Estado en el crimen organizado y no en la cacería de perejiles y estereotipos”, dijo.

Verbitsky concluyó el acto destacando el encuentro en la diversidad. “Esta reunión es excepcional y las distintas posiciones políticas, sociales y académicas son fundamentales para encarar el problema de la seguridad”, finalizó.

Informe: Mariana Seghezzo.