Página#12 Libre

Rodeada de ministros y mandatarios de varias provincias, la presidenta de la Nación encabezó ayer la firma de convenios para extender la llamada “reforma penitenciaria democrática”, que desde hace un año viene implementándose en las cárceles federales. Cristina Fernández concluyó que el país tiene una “terrible” historia, luego de mencionar las condiciones de la antigua prisión de Ushuaia, e instó a cambiar esta realidad “diametralmente”, en pos de garantizar los derechos civiles a toda la población. El convenio permitirá que más 50 mil personas privadas de su libertad accedan a una decena de planes de salud, que hasta el momento estaban destinados sólo a la población general.

Las provincias que adhieren son Buenos Aires, Mendoza, Salta y Tierra del Fuego, por lo que los representantes de esas jurisdicciones estuvieron presentes: Daniel Scioli, Celso Jaque, Andrés Sotto (en reemplazo del mandatario salteño) y Fabiana Ríos. La Presidenta habló de los problemas de reinserción en un país con una marcada desigualdad socioeconómica. “No vamos a tener cárceles dignas hasta que no vivamos en una sociedad digna”, comentó al respecto. Luego recordó lo que le contó un guía de la ex cárcel de Ushuaia, hecha museo. Allí los presos dormían sobre piedras, en medio de inviernos de 25 grados bajo cero.

Alrededor de la Presidenta estaban los ministros involucrados en la reforma. A saber: Julio Alak, de Justicia; Alicia Kirchner, de Desarrollo Social; Juan Manzur, de Salud, y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. El proyecto fue presentado por el ex Comité Científico en materia de drogas a fines de 2008. Se lo llamó Plan Nacional de Salud para Incluir a la Población Carcelaria Intra y Extramuros y fue la puerta para que distintos programas relacionados con la tuberculosis, la educación sexual, el VIH, la salud mental, las adicciones, los remedios y dolencias oculares y cardíacas pudieran ingresar en las cárceles federales, siendo financiados por el Ministerio de Salud de la Nación.

El primero en hablar en el pequeño Salón de los Científicos fue Julio Alak, quien repasó los ejes del plan de “cooperación y asistencia”, destacando como “innovadora” la creación de una oficina interministerial para el seguimiento y contención de las personas que salen en libertad. “Por primera vez, se llevaron a casa la historia clínica y se les asegura la continuidad de cualquier tratamiento médico que hayan iniciado en la cárcel; esta reforma viene a romper un paradigma penitenciario”, explicó Alak, y destacó que además de los 50 mil reclusos beneficiados, “indirectamente” lo serán 210 mil personas.

En su discurso, Alak mencionó a Roberto Petinatto padre, jefe de la cárcel de Las Heras en los cincuenta. “Era un humanista, que reformó todo lo hecho hasta entonces. Hablaba de la dignidad de los presos y aseguraba que las paredes de las cárceles debían ser lo menos duras posibles. Fue el que terminó con el trabajo forzado y los grilletes. Decía que la justicia social debe llegar a las cárceles, yo creo que estaría orgulloso de los convenios que estamos firmando”, aseguró el ministro.

Antes de terminar tiró dos datos de la recordada gestión del padre del saxofonista y conductor televisivo: “La cárcel de Las Heras fue la primera en no tener reincidentes y además tuvo el 90 por ciento de ex convictos reinsertados a la sociedad”. Cristina Fernández retomó este dato y aclaró que los tiempos eran distintos: “Si pudieron reinsertarse fue porque afuera de la cárcel había una sociedad que lo permitía. La solución definitiva es lograr una sociedad justa y equitativa, como la que existía en aquel momento”.

En la primera fila de butacas del salón estaban el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky; la titular de la flamante Comisión Coordinadora de Políticas de Drogas (y una de las autoras de esta reforma penitenciaria), Mónica Cuñarro; el secretario de Medios fueguino, Leandro Gorbacz; el ex titular de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados Juan Carlos Sylvestre Begnis, y la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto. Detrás se mezclaban diputados, jueces, médicos, sociólogos y psicólogos.

A la salida del acto, el juez Martín Vázquez Acuña, especialista en el tema penitenciario, dijo a Página/12 que había dos aspectos revolucionarios en este plan, al que podrían sumarse las provincias de Catamarca, Santa Fe, Córdoba y Corrientes. “Por un lado se basa en los principios de equivalencia y universalidad y por otro hay que rescatar que reduce el presupuesto en salud de las penitenciarías, lo que permite que esa plata se invierta en otras mejoras”, estimó. Mejorar la situación carcelaria será una de los temas del mentado Acuerdo del Bicentenario.