Página#12 Libre

Por quinta vez desde que fue derrocado el pasado 28 de junio, el presidente constitucional hondureño, Manuel Zelaya, peregrinó ayer nuevamente a Washington para ejercer presión sobre los golpistas. Esta vez, sin embargo, los frutos para su causa podrían ser mayores: por primera vez desde que un comando militar lo envió en pijamas a Costa Rica, Estados Unidos anunció que evalúa calificar lo sucedido como un golpe de Estado. De concretarse el anuncio, que según adelantó bajo anonimato un funcionario del Departamento de Estado podría realizarse entre hoy y mañana, Washington se vería obligado formalmente a cortar todos los programas de ayuda al país centroamericano, e incluso retirar a su embajador en Tegucigalpa.

Tras el derrocamiento de Zelaya, la administración de Barack Obama decidió como primera medida suspender la ayuda directa al gobierno de facto –incluida la asistencia militar–, canceló las operaciones de los 600 soldados destacados en la base de Soto Cano y supeditó el congelamiento de otro tipo de cooperación a un estudio jurídico requerido por el Congreso. Las conclusiones de ese estudio son las que ahora podrían terminar de cortar los vínculos con la dictadura de Tegucigalpa.

Y es que, según la ley estadounidense de Asistencia al Exterior, “ninguna ayuda puede ser proveída bajo esta ley a gobiernos de un país si el presidente debidamente electo de esa nación es depuesto por un decreto o un golpe militar”. En concreto, si la secretaria de Estado, Hillary Clinton, acepta firmar el documento, ello significaría cortar a Honduras las ayudas de la Millennium Challenge Corporation (MCC), que suscribió en 2005 un convenio de cinco años de duración con el país centroamericano por un valor de 215 millones de dólares en asistencia. Hasta la fecha, la MCC desembolsó 80,3 millones de dólares, cuyos dos principales objetivos son aumentar la productividad y las habilidades empresariales de los campesinos y reducir los costes de transporte entre los centros de producción y los mercados nacionales, regionales y globales. Los restantes 135 millones, en ese caso, se quedarían en Washington.

Para intentar fortalecer su posición, Zelaya tiene previsto reunirse hoy mismo con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza y, según anunció Ian Kelly, vocero del Departamento de Estado, el hondureño accedería nuevamente a entrevistarse con algún representante de ese organismo. Según explicó ayer el mismo vocero, si su país no había tomado hasta ahora la decisión de llamar a lo ocurrido “golpe de Estado”, fue con el objetivo de darles un mayor margen de maniobra a las negociaciones en el marco del Acuerdo de San José.

Ese acuerdo, sin embargo, se desdibuja cada día más al interior de las fronteras hondureñas. Tras cumplir dos meses en el poder, la dictadura arrancó con lo que considera su objetivo último: la celebración de elecciones generales el 29 de noviembre. Los zelayistas llamaron a un boicot general.

En el primer día de proselitismo, los candidatos de los dos partidos tradicionales, Elvin Santos (ex vicepresidente de Zelaya), por el Partido Liberal, y Porfirio Lobo, por el Partido Nacional, calificados como “pro golpistas” por los seguidores del derrocado mandatario, empapelaron toda la capital con sus afiches. Fue demasiado para los zelayistas. Desde temprano, grupos de militantes nucleados en el Frente de Resistencia contra el golpe de Estado recorrieron las calles de Tegucigalpa y se dedicaron a arrancar la propaganda de los muros. En algunos casos, sobre todo con los afiches de Santos, les pintaron encima “Urge Mel”, la consigna con la que Zelaya llegó al poder hace cuatro años.