Página#12 Libre

Más de un millar de personas expresó ayer su renuncia a la religión católica. A través de una carta entregada en la mesa de entradas del Arzobispado de Buenos Aires, exigieron que se borren sus nombres de los registros eclesiásticos y se los deje de considerar como católicos. Fue el primer acto de apostasía colectiva realizado en la Argentina en desacuerdo con la “política social, sexual y económica” de la Iglesia. En forma simultánea, hubo movilizaciones en Córdoba, frente al Arzobispado local, y hoy se hará una presentación en el Tribunal Eclesiástico de Instrucción de Mendoza. La iniciativa es impulsada por integrantes de organizaciones de mujeres, de la diversidad sexual, ateos y ateas, feministas, movimientos sociales, agrupaciones de derechos humanos y gente sin militancia. El artista plástico León Ferrari adhirió a la movida, convocada con el lema: “No en mi nombre”.

“Nos parece importante remarcar la distancia que tomamos como ciudadanos y ciudadanas, bautizados sin nuestro consentimiento, de la Iglesia Católica como institución y del catolicismo como religión. Queremos dejar en claro que no nos representa, ni queremos que reciba del Presupuesto del Estado subsidios ni privilegios en nuestro nombre”, explicó a Página/12 Paula Torricella, feminista independiente, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Torricella participó en la entrega de la carta con los nombres de las 1085 personas que no quieren pertenecer más a la Iglesia Católica en el país.

El ejercicio de la apostasía –o desafiliación del catolicismo– está creciendo con fuerza en España, donde ya se han hecho varias entregas masivas de solicitudes y también hay presentaciones en la Justicia porque la jerarquía católica se resiste a borrar a los apóstatas de sus registros de bautismo. En la Argentina es un proceso muy nuevo. Según datos suministrados en el Arzobispado de Buenos Aires, en 2008 renunciaron una decena de personas en ese ámbito y en lo que va del 2009, ya lo hicieron otras seis. El trámite es personal, y debe realizarse en el obispado o parroquia donde se recibió el bautismo. Ese sacramento es la puerta de entrada al catolicismo. Así que para que se concreten las renuncias de las personas incluidas en la lista que se entregó ayer, cada una debe presentar su solicitud de desvinculación donde está asentado su bautismo. En algunas iglesias, sin embargo, rechazan el pedido. Por esa razón, en la carta al cardenal Jorge Bergoglio se pidió expresamente que no se obstruyan los trámites de apostasía. Ayer, Federico Wals, de la oficina de prensa del Arzobispado, adelantó a este diario que se está estudiando la creación de un registro de apóstatas, para sistematizar la información. En la práctica, la renuncia queda asentada al margen de cada registro de bautismo.

La abogada Mariana Hellin, ex presidenta del Instituto de la Mujer de la provincia de Mendoza, fue con su solicitud a la parroquia San Miguel Arcángel, de la localidad de Las Heras. “No me la quisieron recibir”, contó a este diario. Hoy Hellin encabezará la entrega de pedidos de apostasía en el Tribunal Eclesiástico local. “No comparto los preceptos de la Iglesia Católica en relación a la sexualidad, ni a la educación ni a la política”, argumentó.

Entre las organizaciones que adhirieron figuran Vox Asociación Civil, una ONG que trabaja en la provincia de Santa Fe por los derechos civiles de gays, lesbianas, bisexuales, travestis y transexuales; el grupo ecuménico cristiano Misión Sacerdotal Tercermundista, el Movimiento de Mujeres de Córdoba, el Colectivo de Lesbianas Feministas Josefa Camejo, el Area Jóvenes de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), la Asociación Humanista-Etica Argentina Deodoro Roca y Argatea. Además, mujeres y varones que se sumaron en forma individual. “Coincidimos en el rechazo a las imposiciones de la Iglesia Católica argentina en la vida pública y privada de toda la ciudadanía, sobre católicos y no católicos por igual. Apostatar es una de las muchas formas que tenemos los bautizados para manifestar el desacuerdo y el repudio público a esta institución y dejar en claro que no nos representan ni hablan en nuestro nombre”, dice el manifiesto.

La campaña se funda en la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. En su artículo 16o la normativa establece que “toda persona tiene derecho a que sean rectificados, actualizados y, cuando corresponda, suprimidos o sometidos a confidencialidad los datos personales de los que sea titular, que estén incluidos en un banco de datos”.

La Iglesia Católica, sin embargo, no quiere borrar los nombres. Por ahora, anota al lado de cada acta de bautismo la renuncia. “No podemos arrancar la hoja porque es un registro notarial y en una misma página pueden estar anotados varios bautismos”, dijo Wals, de la oficina de prensa del Arzobispado.

–¿Le preocupa o le sorprende este acto de apostasía colectiva? –le preguntó este diario al secretario de la Vicaría de la Pastoral del Arzobispado, padre Alejandro Russo.

–Ni me preocupa ni me sorprende. Es algo lógico que una o varias personas que no profesan la fe de la Iglesia lo quieran manifestar –respondió el religioso.

La Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal deberá resolver en los próximos días si represores procesados por crímenes de lesa humanidad pueden cumplir su prisión preventiva en unidades militares. Pese a que la Ley de Defensa Nacional prohíbe a las Fuerzas Armadas intervenir en tareas de seguridad interior y el Ministerio de Defensa reiteró tres veces a los jueces federales que los cuarteles no están diseñados para servir de cárceles ni los soldados capacitados para custodiar presos, aún hay 18 imputados por secuestros y torturas durante la dictadura alojados en instalaciones castrenses. A la cabeza de los magistrados que obligan a uniformados a violar la ley sobresale la cordobesa Cristina Garzón de Lascano, que se resiste a sacar a los subordinados del condenado Luciano Benjamín Menéndez del Tercer Cuerpo de Ejército, donde comparten las habitaciones del casino de oficiales con camaradas en actividad.

El alojamiento de represores en cuarteles, incluso en los mismos donde cometieron los delitos, fue cuestionado por fiscales y organismos de derechos humanos desde las primeras detenciones posteriores a la reapertura de las causas. A mediados de 2006, tras un reclamo frustrado de Defensa para que los jueces reconsideraran la decisión, el grueso de los marinos de la ESMA fue trasladado al Instituto Penal de las Fuerzas Armadas en Campo de Mayo, que seis meses después se convirtió en la Unidad Penal 34 del Servicio Penitenciario. La aparición del cadáver envenenado de Héctor Febres en su dúplex de Prefectura y la difusión de fotos del torturador montando a caballo o haciendo la plancha en la pileta de la base naval de Azul motivaron a Sus Señorías a replantear los privilegios concedidos.

En julio pasado, tras la fuga del oficial de Inteligencia Julián Corres, de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal, la ministra Nilda Garré reiteró el pedido a los magistrados. Ante la nueva negativa, ordenó a las tres fuerzas no acatar órdenes judiciales de alojar represores y les recordó a los jueces de todo el país, por tercera vez, que sus disposiciones obligaban a los militares a violar la ley y que la distinción de competencias entre fuerzas armadas y de seguridad era “una conquista democrática”. La relación jerárquica que los retirados mantienen sobre los activos, establecida por la Ley de Personal Militar, enfrenta a los soldados con la contradicción de tener que custodiar a sus superiores.

Luego de recibir la nota de Defensa, el entonces juez federal de Paso de los Libres, Juan Angel Oliva, ordenó trasladar a cuatro represores alojados en el Grupo de Artillería 3 a la dependencia que dispusiera el SPF. La medida alcanzaba al coronel retirado José Luis Marchisio y a los civiles Carlos Faraldo, Víctor Irineo Aldave y Rubén Darío Ledesma, ex miembros del Destacamento de Inteligencia 123 procesados por secuestros y torturas en el centro clandestino La Polaca. Para resistir el traslado presentaron un hábeas corpus correctivo. Argumentaron que la medida les impediría el contacto con sus familias, sus abogados y con el expediente, por lo que se violaba el derecho de defensa (Corrientes no tiene cárcel federal; las más cercanas a Paso de los Libres están a 300 kilómetros, en Misiones).

El 4 de septiembre la jueza federal ad hoc María Inés Morales de Paulo, que intervino en tres casos, les dio la razón a los imputados. Oliva hizo lo propio en el cuarto caso, descalificando su propia disposición de la semana anterior “ante la compleja situación planteada”, que no explicó. Los escritos de una y otro llevan la rúbrica del mismo secretario, Federico Alonso, y son casi idénticos, hasta en los errores de tipeo. Ambos consideran que “son claras las violaciones de las garantías de la defensa y del Juez Natural” y equiparan el traslado de los imputados con un “juzgamiento en ausencia”, porque “pierden toda relación con el expediente”. También recuerdan que en 2005, ante otro hábeas corpus correctivo, Oliva clausuró el lugar de detención que funcionaba en el escuadrón de Gendarmería porque las condiciones importaban “un trato cruel, inhumano y degradante”. Destacan que entonces se exhortó al Ministerio de Justicia a habilitar una cárcel federal de encausados “en un plazo razonable” y que, cuarenta meses después, no hubo respuesta oficial. En la parte resolutiva, De Paulo exhortó a Justicia a proporcionar “en forma inmediata” un lugar de detención en la jurisdicción del juzgado. Oliva eliminó ese párrafo. Sobre la ilegalidad que implica alojar detenidos en cuarteles, ni una línea.

La Cámara Federal de Corrientes revocó la medida, en base a las leyes que rigen para el resto de los mortales. Tras la apelación, el caso llegó a la Sala III de Casación, que integran Guillermo Tragant, Angela Ledesma y Eduardo Riggi. Se trata de los jueces que en enero excarcelaron a los ex jefes del Pozo de Arana y cuya conducta analiza el Consejo de la Magistratura a partir del pedido de juicio político de la Secretaría de Derechos Humanos. La audiencia es mañana a las 12.15, en el piso 1º de Comodoro Py.

La Cámara Nacional de Casación Penal realizará una audiencia para resolver si un grupo de imputados por la comisión de crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino de detención La Polaca pueden cumplir su detención en el Grupo de Artillería 3 de Paso de los Libres, dependencia del Ejército. El CELS ha sostenido pública y judicialmente que la utilización de las instalaciones castrenses como recintos penitenciarios y el cumplimiento de tareas de custodia por parte de militares son contrarios a la legislación vigente que rige el sistema de defensa y atentan contra las funciones que la democracia requiere de las Fuerzas Armadas.

La utilización de los militares como agentes penitenciarios y de sus unidades como cárceles involucra a los militares en tareas o funciones que la legislación nacional asigna expresamente al Servicio Penitenciario Federal y otros agentes de seguridad. Se trata de una clara violación a la Ley de Defensa Nacional y del decreto 727/2006 que la reglamentó, que establecen que los militares son el instrumento encargado de la defensa externa del territorio nacional, y de la Ley de Seguridad Interior, que les prohíbe la participación en la seguridad interior de exclusiva competencia de las fuerzas policiales. En el mismo camino, la resolución 983 del Ministerio de Defensa prohíbe el alojamiento en dependencias militares de cualquier ex integrante imputado en causas por delitos de lesa humanidad.

En ese sentido, la participación de los militares en tareas que no son de su competencia debilita la profesionalización de los militares y atenta contra la subordinación militar a las autoridades civiles y el respeto de éstos hacia las instituciones y principios de la democracia y los derechos humanos.

La reciente reforma del sistema judicial militar en Argentina reivindicó estos principios. Una de las razones que impulsaron la derogación del Código de Justicia Militar fue que este ofendía el principio de judicialidad, ya que el Poder Ejecutivo no puede administrar justicia. Es el Poder Judicial el responsable de juzgar a aquellos imputados en causas por delitos comunes y de brindar el alojamiento correspondiente para que se lleve a cabo la detención. Por ello, la ley 26.394, que derogó el código, otorga competencia a la Justicia Federal sobre los delitos civiles cometidos por militares y acentúa la responsabilidad del Estado de investigar y castigar, en jurisdicciones ordinarias, las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares.

Por último, la custodia militar a compañeros de armas puede ser particularmenre grave debido al ordenamiento jerárquico que rige la cadena de mando castrense. La relación de superioridad jerárquica entre detenidos y custodios no garantiza los requisitos básicos de seguridad de un recinto penitenciario ordinario, contiene un mensaje inconducente que fomenta la cultura corporativista dentro de los cuarteles y mantiene en contacto a las nuevas generaciones con militares que sostienen valores autoritarios y que están imputados por violaciones a los derechos humanos. Esto se evidenció claramente con lo ocurrido en los casos de Febres y Correa.

En opinión del CELS, la resolución de la Cámara debería ser una instancia privilegiada para que el Poder Judicial apoye el proceso de democratización de las Fuerzas Armadas. Un proceso que trabajosamente han llevado adelante las instituciones democráticas desde el fin de la última dictadura militar y que, aunque con resistencias y retrocesos, ha logrado sustanciales avances que deberían culminar demostrando que los militares son ante todo ciudadanos iguales ante la ley.

* Director Ejecutivo del CELS.

La primera candidatura a legislador porteño se convirtió en un tesoro codiciado por hombres y mujeres de PRO. Como todo indica que Gabriela Michetti será candidata a diputada y el macrismo ganará las elecciones, su lugar como vicejefa de Gobierno quedaría a cargo del vicepresidente primero de la Legislatura, Diego Santilli. Pero resulta que Santilli termina su mandato este año y no puede presentarse para la reelección. Con este escenario, un sector del macrismo echó a correr la idea de que del presidente del bloque de diputados nacionales de PRO, Federico Pinedo, sea el candidato a primer legislador. “Yo soy un hombre nacional, siempre estuve del lado nacional del PRO, pero también soy un militante”, respondió Pinedo, sin cerrar la puerta de un desembarco en la ciudad.

La vacante que dejará Michetti en la ciudad dio inicio a una pulseada entre algunos sectores internos de PRO para ocupar ese espacio, que maneja varios millones de pesos de presupuesto y tiene un fuerte peso político, al menos en el terreno local. Si bien el jefe de la bancada macrista en el Parlamento sugirió que la legislatura local no es su ámbito, aclaró que es “un soldado de la causa” y si es necesario, aceptaría la postulación. De todas formas, Pinedo detalló que todavía no habló del tema con Macri.

“No hay definiciones en las candidaturas de PRO, pero espero que se defina lo antes posible porque eso nos permite estar más rápido en la calle”, sostuvo Pinedo a Página/12. Más allá de las discusiones internas, el anuncio de que la principal referente opositora del distrito, Elisa Carrió, no encabezará la lista de la Coalición Cívica allanó el camino para el macrismo. El problema se acentúa, en cambio, en el armado de listas en la provincia de Buenos Aires, donde comparten un frente con los peronistas disidente Francisco De Narváez y Felipe Solá.

El PRO bonaerense terminó intervenido tras el alejamiento de Jorge Macri. La relación del jefe de Gobierno con su primo quedó congelada y recién hubo un contacto telefónico entre ambos en los últimos días. El nacimiento del “PRO disidente”, en respaldo de Jorge Macri y en rechazo a la alianza con De Narváez y Solá, generó malestar, al punto de que cerca del jefe de Gobierno aseguran que “el PRO disidente no existe, es un invento político probablemente de nuestros adversarios”. “Si tienen dudas entre Kirchner y Macri, que se vayan con Kirchner”, les aconsejó ayer Pinedo.

Las dos agrupaciones políticas llegaron a la mesa de negociación con su propia lista de candidatos en la mano y la intención de coincidir en una boleta única para las elecciones legislativas del 28 de junio. Dirigentes de Proyecto Sur, que encabeza Fernando “Pino” Solanas, y los ex aristas de Solidaridad e Igualdad (SI) comenzaron ayer una ronda de conversaciones para intentar armar un frente de centroizquierda que compita en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Si bien los canales de diálogo están abiertos con Martín Sabbatella, ambas agrupaciones ataron la posibilidad de ampliar el acuerdo electoral con el intendente de Morón a la postura que el jefe comunal adopte en el distrito porteño, donde propone un acuerdo de “todo el progresismo” para enfrentar a Mauricio Macri.

Después de varias horas de reunión en la sede porteña del Partido Socialista Autentico (PSA), quienes participaron del encuentro se fueron con “la impresión de haber avanzado” en la idea de trazar un acuerdo a mediano plazo que culmine en un frente electoral. Ambas agrupaciones privilegiaron las definiciones políticas y el desarrollo de un programa común. Aunque las candidaturas quedaron para la reunión que se realizará el miércoles que viene, el nuevo cronograma electoral apura las definiciones.

Los socialistas Mario Mazzitelli y Jorge Celser, Luis Brunatti y Alcira Argumedo fueron los anfitriones por Proyecto Sur. Por los visitantes estuvieron Eduardo Macaluse, María América González, Carlos Raimundi y Delia Bisutti. Rafael Gentile y Rubén Ruiz fueron los representantes de Buenos Aires para Todos, que responden al diputado Claudio Lozano y que ya integra Proyecto Sur.

La reunión había sido pactada el sábado pasado con la intención de avanzar en un acuerdo electoral que abarque la ciudad de Buenos Aires y la provincia, como ya lo habían hecho en el ámbito parlamentario con la conformación de un interbloque entre los nueve legisladores del SI y Lozano. Sin embargo, cada partido ya había avanzado en su propia lista de candidatos, que volverán a poner sobre la mesa de negociación en la última etapa de las conversaciones.

“Fue una buena reunión. Trabajamos en la posibilidad de arribar a un acuerdo de mediano plazo y hubo coincidencias en la visión sobre la realidad política. Las candidaturas será lo último que discutiremos”, afirmó Macaluse a Página/12 al término de la reunión. “Si no logramos avanzar, va a ser difícil explicar por qué no logramos un acuerdo electoral”, sintetizó Lozano –que no fue de la partida–, para insistir en las coincidencias de ambos agrupamientos políticos.

Ambos también coinciden en continuar conversando con otros sectores de centroizquierda, aunque las expectativas se diluyen en medio de discusiones contrarreloj y donde el armado electoral porteño jugará un papel decisivo. Sabbatella pretende apoyar un frente antrimacrista de todo el arco progresista. Una idea en la que no coinciden los partidos que se reunieron ayer en la Casa del Pueblo del PSA.

Los bancos centrales de Argentina y China alcanzaron ayer un acuerdo tipo “swap” de facilidades recíprocas para el acceso a productos del otro país sin necesidad de utilizar dólares. El Banco Popular de China pondrá a disposición de Argentina un monto en yuanes (70 mil millones) equivalente a 10 mil millones de dólares, por tres años y sin interés mientras no se utilice, los cuales podrán ser utilizados cuando se requieran. A su vez, Argentina abre una cuenta en favor de China por el equivalente del mismo valor pero en pesos (37 mil millones), que podrán aplicarse a compras en el mercado local, en iguales condiciones que el anterior. Así, se facilita el intercambio sin necesidad de obtener dólares (ni de las reservas internacionales ni debiendo adquirirlos en el mercado) y se asegura liquidez y crédito mutuamente, como una salvaguarda frente a un eventual endurecimiento de las condiciones financieras internacionales a raíz de la crisis.

La operación se convierte en la primera de este tipo que el gobierno chino lleva adelante en un país fuera de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (Asean). La iniciativa permite disminuir los riesgos que presenta la volatilidad de la divisa estadounidense en el actual contexto de crisis global. Además, de generalizarse su uso como medio de pago para el comercio exterior, los organismos monetarios podrían contabilizar los yuanes como reservas.

El acuerdo fue presentado por el gobierno chino durante el desarrollo de la Cumbre Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Medellín, Colombia. La iniciativa colaborará en lo local con la defensa de las reservas, en momentos en que se agudiza la fuga de dólares. Las autoridades del Central insisten en que es “un modo de garantizar el acceso a moneda internacional en caso de eventual iliquidez”, se subraya en un comunicado distribuido por la entidad.

El “swap” es una operación de canje mediante la cual cada parte accede a la divisa de la otra, entregando a cambio una suma equivalente en su propia moneda. El período efectivo del acuerdo será de tres años, pero podrá extenderse. “Es una señal positiva; servirá para pagar importaciones y liberar el uso de dólares, con lo que se quita presión a las reservas internacionales”, explicó a Página/12 el investigador titular del Cedes Roberto Frenkel.

No es la primera vez que el Banco Popular de China otorga una línea de crédito de este tipo en el mundo, pero sí fuera de los países emergentes de la región asiática. En octubre último, Brasil y México recibieron facilidades de parte del Tesoro de los Estados Unidos, para retenerlos dentro del área dólar en pleno recrudecimiento de la crisis internacional.

El convenio fue firmado por el titular del Central, Martín Redrado, y su par chino, Zhou Xiaochuan. “Hemos firmado un memorando. Ambos lados necesitan aún trabajar en los procedimientos locales para finalizarlo”, dijo Xiaochuan. El gobernador del organismo asiático aseguró que “el acuerdo servirá para estabilizar el sistema monetario regional, proteger contra riesgos financieros y limitar la extensión de la crisis en este momento clave”.

Por su parte, el comunicado del Banco Central argentino advierte que se trata de un acuerdo contingente en que “las transacciones se efectúan realmente sólo cuando sea necesario y adecuado”. “Ninguna parte paga un costo mientras la liquidez no se utilizada”, alerta el documento. Señalan también que, en la práctica, el acuerdo reforzará la posición financiera del país.

Los especialistas consultados por este diario descartaron que exista una correlación con la salud financiera doméstica en el corto plazo, aunque reconocen algún tipo de impacto sobre las reservas. “Si tenemos superávit con China lo vamos a recibir en pesos. Es el costo-beneficio de contar con un sistema estable y evitar las fluctuaciones del dólar”, dijo Frenkel. Sin embargo, actualmente ese efecto colateral juega en favor de la Argentina. El intercambio comercial con el bloque asiático, segundo en importancia para el país, cerró el primer bimestre del año con un saldo negativo de 118 millones de dólares, según cifras publicadas por el Indec.

De todos modos, la apuesta es hacia adelante. La presencia de un flujo de fondos chino no parece “inocente”, mientras Estados Unidos otorga liquidez a Brasil. Pero la pregunta que sobrevuela es ¿qué posibilidad existe de usar yuanes para pagar a terceros? “Precisamente, el uso de la divisa como medio de pago internacional, sin ninguna restricción, permitiría que sea contabilizada como reserva internacional”, explicó Frenkel. En esto, las autoridades del Central confían. “Todo indica que el yuan es una de las divisas que están comenzando a gravitar con fuerza y que gozará de creciente liquidez en los mercados monetarios internacionales”, pronostica el comunicado del organismo.

Desde lo simbólico, más que por sus efectos inmediatos, el acuerdo para una operación de canje de fondos entre Argentina y China podría entenderse como un fuerte desafío a la hegemonía financiera mundial todavía vigente. El comunicado del Banco Central parece, en alguno de sus párrafos, redactado con destinatario directo en Washington D.C. Más precisamente, dirigido a las puertas de la Reserva Federal. “El yuan es una de las divisas con mayor potencial de desarrollo”, señala, casi una provocación al lugar de moneda de referencia que, todavía, ostenta el dólar. Por si fuera poco, agrega respecto del yuan que “está llamado a jugar un rol significativo en el rediseño actualmente en curso del sistema monetario internacional”.

¿Es pura casualidad el acuerdo monetario entre Argentina y China justo en este momento? Ocurre apenas 72 horas antes de la reunión del Grupo de los 20, donde justamente el eje del debate es el rediseño del sistema monetario internacional. Y una semana después de que el presidente del Banco Popular de China lanzara la provocativa propuesta de crear una divisa de reserva internacional que sustituya la actual dependencia mundial del dólar. Aquella propuesta recibió la inmediata y ofuscada respuesta de Estados Unidos, que a través de su secretario del Tesoro y el titular de la Reserva Federal, Tim Geithner y Ben Bernanke, primero, y del propio presidente Barack Obama después, rechazó toda insinuación que pudiera mellar la imagen de fortaleza del dólar. Pero el Rey está desnudo.

El documento del Banco Central argentino aporta más elementos para el análisis. “La economía china ha exhibido un elevado superávit de su balanza de pagos”, fijando una perspectiva exactamente opuesta a la que ofrece la economía estadounidense. “El yuan es una de las divisas que están comenzando a gravitar con fuerza en los mercados monetarios y que gozarán de creciente liquidez en los mercados internacionales”, advierte, aludiendo sin nombrarlo a la pérdida de gravitación del dólar.

En los hechos, el acuerdo monetario con China no significa otra cosa, midiendo sólo el efecto inmediato, que decir que Argentina tiene un crédito abierto en el país asiático para comprar todo lo que necesite de ese país, hasta el equivalente a 10 mil dólares, por los próximos tres años. La tarjeta de compras en yuanes tiene su equivalente, en pesos, en la plaza local a favor de la potencia asiática. ¿Un simple acuerdo de financiamiento recíproco para facilitar el comercio? Más que eso. Sugiere una fuerte corriente de intercambio comercial desligada del dólar, a cancelar en las respectivas monedas nacionales. Y algo más: tratándose de China, para Argentina es lo mismo que decir “si en algún momento el sistema financiero de Occidente, léase Estados Unidos y Europa, me corta el crédito, tengo una cuenta corriente abierta en China para comprar lo que me haga falta”. Esto es mucho más que promover el intercambio comercial entre dos naciones.

Y hay más. Meses atrás, Argentina acordó con Brasil que paulatinamente el intercambio bilateral dejaría de hacerse en dólares para pasar a ser un mecanismo compensado entre pesos y reales. Una manera de desdolarizar el intercambio con el primer socio comercial. Si a eso se agrega que Argentina acaba de hacer lo propio, por otros mecanismos, con China, su principal cliente extracontinental, se puede señalar con justeza que la desdolarización del comercio internacional del país avanza a pasos agigantados.

Una señal política que debería leerse en diversas claves. Una, por la oportunidad. Plantear este acuerdo a horas de la reunión del G-20 es fijar posición de antemano: Argentina no espera que de ese encuentro surjan respuestas que solucionen el grave conflicto que prenuncia la crisis estadounidense a nivel de comercio mundial. Si el sistema financiero mundial es el causante, el dólar es el agente transmisor, y Estados Unidos ya se definió por la defensa de ambos. Dos, la opción. Frente a este panorama, Argentina, un país históricamente ubicado en el “área dólar” de la economía mundial, apuesta a otra moneda fuerte. Si Bush fuera el presidente de la Reserva Federal, el país ya hubiera sido fichado como miembro del Eje del Mal.

“No dejaremos desaparecer a nuestra industria automotriz, pero hay empleos que no podrán ser salvados y plantas que no reabrirán.” Con estas palabras, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, señaló ayer que el plan de reestructuración de las tres grandes automotrices de Detroit (Ford, General Motors y Chrysler) presentado en febrero resultó “inviable”. Por eso condicionó una nueva ayuda financiera a cambio de la renuncia del presidente ejecutivo de GM, Rick Wagoner, sumado a una profunda reducción de costos y una inmediata alianza entre Chrysler y la italiana Fiat. Luego de escuchar el reclamo de Obama, las compañías accedieron a las presiones de la Casa Blanca. Wagoner dejó su cargo – recibirá como indemnización 20 millones de dólares– y Fiat anunció que tendrá una participación del 35 por ciento dentro de Chrysler. Más allá de esta rápida reacción, las automotrices no descartan la posibilidad de declarar su quiebra, algo que también les permitiría acceder a una ayuda gubernamental.

En diciembre del año pasado, Chrysler y GM recibieron del gobierno norteamericano (al final de la era George Bush) 17.400 millones de dólares, a cambio de un plan de reestructuración, que no convenció a las nuevas autoridades de la Casa Blanca. Por su parte, Ford se había negado a recibir ayuda gubernamental. “En caso de que General Motors y Chrysler no presenten planes que permitan regresar a la rentabilidad, es posible que precisen recurrir al proceso de bancarrota”, señaló ayer Obama. El artículo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos les permitiría a las compañías “limpiar antiguas deudas”, señaló el presidente norteamericano.

Antes de llegar a esta situación, la Casa Blanca le exigió a GM que presente un nuevo plan de reducción de costos en 60 días, y a Chrysler le reclamó un acuerdo definitivo con Fiat en 30 días para obtener una nueva ayuda federal de 6000 millones. A partir de esta alianza, la italiana ofrecería su tecnología para fabricar autos más pequeños y baratos. El objetivo es apuntar al consumidor medio, con precios accesibles.

En definitiva, Obama pidió acciones “drásticas y urgentes”. Así fue como GM echó a Rick Wagoner y lo reemplazó por Fritz Henderson, hasta ahora jefe operativo de la compañía. De todas maneras, Wagoner se irá con una sonrisa en su rostro, equivalente a un cheque por 20 millones de dólares, en concepto de indemnización. Chrysler también se apuró y anunció el principio de acuerdo con Fiat, algo que no cayó muy bien en Italia, debido a la difícil situación de ambas compañías. “Primero la alianza y luego, eventualmente, contribuir. Eso implica muchos más riesgos para Fiat, que adquiere parte de un grupo que se encuentra en un estado peor del previsto”, sostuvieron analistas italianos.

“Si no se llega a ningún acuerdo, el gobierno no invertirá un dólar más de los contribuyentes en Chrysler”, afirmó Obama. Pero si hay acuerdo, la Casa Blanca aportará unos 6000 millones de dólares, que se sumarían a los 4000 millones prestados el año pasado. Por su parte, GM le había solicitado a Obama otros 16.000 millones de dólares. Sin embargo, la Casa Blanca no dijo si accederá al pedido.

Como complemento de la ayuda hacia las tres grandes automotrices, Obama prometió avanzar sobre algunas deducciones fiscales de los impuestos pagados por la compra de nuevos vehículos desde el pasado 16 de febrero. También anunció planes para desarrollar programas similares a los que existen en Europa, para incentivar la sustitución de viejos vehículos por nuevos.

General Motors contaba a fines de 2008 con 244.000 empleados en el mundo, la mitad de ellos en Estados Unidos. Sin embargo, este año planea echar a 47.000 personas. La empresa acumula unos 82.000 millones de dólares en pérdidas, de las cuales 31.000 millones fueron en 2008. Por su parte, Ford cuenta con 213.000 empleados en el mundo. A diferencia de sus competidores, GM y Chrysler, rechazó a fines de 2008 la ayuda federal, ya que pensaba recuperarse por sus propios medios. Ford acumula cerca de 30.000 millones de dólares en pérdidas desde 2006. Mientras que Chrysler planea echar este año a 3000 empleados. Si los planes de reestructuración no convencen a la Casa Blanca, Obama insistiría con la quiebra de esas firmas.

Las Bolsas mundiales tuvieron otra vez su lunes negro, debido a la delicada situación de la industria automotriz norteamericana. La Bolsa de Nueva York se hizo eco del ultimátum que le impuso Barack Obama a Chrysler, General Motors y Ford. El Dow Jones perdió un 3,27 por ciento y el Nasdaq cayó un 2,81 por ciento. En Europa, la Bolsa de Londres cerró con una baja de 3,49 por ciento, París cayó un 4,27 por ciento y Francfort perdió un 5,10 por ciento. Por otro lado, el primer ministro francés, François Fillon, anunció un decreto gubernamental que prohibió la distribución de “stockoptions” y redujo las primas de los ejecutivos de empresas públicas que fueron rescatadas por el Estado hasta fines de 2010. “Estas son reglas para una época de crisis”, aseveró Fillon. En Buenos Aires, el Merval cedió un 3,6 por ciento y el dólar cotizó en 3,73 pesos.

“Una cosa es segura, nadie debe esperar resultados rápidos frente al actual malestar económico”, estimó el analista Dermot O’Leary, de Goodbody Stockbrokers. Los inversores del mundo estarán atentos esta semana a la cumbre del G-20 sobre la crisis financiera y a la última decisión sobre las tasas de interés del Banco Central Europeo (BCE). Todo esto ocurrirá el jueves. Mientras tanto, las Bolsas del mundo reaccionaron a la baja.

Las presiones de la Casa Blanca sobre las tres grandes automotrices de Detroit no sólo afectaron el rendimiento de las Bolsas mundiales. También repercutieron sobre el precio del petróleo, que volvió a caer un 7,5 por ciento en el mercado de futuros de nueva York. De esta manera, el crudo cotizó en Estados Unidos a 48,45 dólares, mientras que en Londres cerró en 48,17 dólares, con una pérdida del 7,3 por ciento.

Por otro lado, el primer ministro francés, François Fillon, anunció un decreto gubernamental donde se prohibió la distribución de “stockoptions” y redujo las primas de los ejecutivos de empresas públicas que han sido rescatadas por el Estado. En cambio, se continúan permitiendo las millonarias indemnizaciones que reciben altos ejecutivos de empresas privadas al dejar sus cargos, incluso las que reciben ayuda estatal.

Los coletazos de la inestabilidad financiera y la crisis de la industria automotriz norteamericana también repercutió en el mercado financiero local. La Bolsa porteña perdió un 3,6 por ciento, con negociaciones por 49 millones de pesos en acciones, con 43 papeles en baja y 10 en alza. En el mercado de bonos, el Discount en pesos cedió un 0,26 por ciento, el Boden 2012 cedió un 0,4 por ciento y el Boden 2014 retrocedió un 1,16 por ciento. El total negociado en bonos fue de 82 millones de dólares.

En Brasil, la Bolsa de San Pablo también tuvo su lunes negro, al cerrar con una baja del 2,99 por ciento. En el mercado cambiario, el real se depreció un 1,70 por ciento frente al dólar, divisa que cotizó a 2,330 reales para la compra y 2,332 reales para la venta.

El gobierno de Mauricio Macri redondeó una nueva oferta salarial a los docentes, pero no alcanzó para conjurar las medidas de fuerza: la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Ademys y los privados de Sadop ratificaron el paro de 48 horas que empezará hoy. El ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, dijo en rueda de prensa que la oferta “es igual a la de la provincia de Buenos Aires” y por eso “la mayoría de los docentes la han aceptado”. Eduardo López, el titular de UTe-Ctera, señaló que, en realidad, el salario inicial de la Ciudad queda en 1510, mientras que en la provincia llega a 1550 pesos y además “acá descuentan los paros”. El macrismo explica que al anualizar la propuesta es igual, porque en la ciudad el incremento del inicial se aplica a partir de febrero y además la doble garantía en provincia es de 1490 pesos y en ciudad de 1510.

El tire y afloje entre los diecisiete sindicatos porteños y los funcionarios provocó –con los paros que empiezan hoy– la pérdida de cinco días de clase. La propuesta será analizada en los plenarios de delegados. López dijo que la oferta es “superadora”, pero está lejos del 15 por ciento que reclaman. El dirigente porteño señaló que “mientras la provincia de Buenos Aires destina el 37 por ciento de su presupuesto a educación, la Ciudad, que es la jurisdicción más rica del país, apenas llega al 23,9 por ciento”. López dijo que para sacar el tema de la lectura kirchnerismo-antikirchnerismo “lo cierto es que en Santa Fe, Hermes Binner otorgó un salario inicial de 1800 pesos y evitó todo conflicto”.

Después de las seis de la tarde, los funcionarios porteños redondearon la propuesta que incorporó 55 pesos al básico y otorgó 100 pesos bonificables y remunerativos. La nueva ingeniería colocó el básico en 855 pesos –el monto sobre el que se aplican los aportes previsionales, sociales y escalafonarios– del total de 1510 de inicial. En la provincia de Buenos Aires el básico quedó en 876 pesos.

Flanqueado por el jefe de Gabinete macrista, Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Educación aseguró que con esta nueva oferta “el sueldo básico del docente se incrementó en un 57 por ciento” y que “desde nuestra gestión, en diciembre del 2007, el básico aumentó un 45 por ciento”. Las distintas jurisdicciones adecuaron los sueldos en función del piso salarial fijado por la paritaria nacional docente que, de hecho, tracciona los incrementos.

Los gremios que ratificaron la huelga anunciaron que el miércoles al mediodía acompañarán la medida con una movilización frente a la jefatura de Gobierno. La disponibilidad de recursos de la comuna porteña sumada a la no priorización de la educación en el presupuesto global alimenta el malestar de los gremios. Sin embargo, la reiteración de medidas de fuerza los expone a un desgaste que algunos dirigentes están empezando a analizar. La posibilidad de continuar el plan de lucha con otros medios empieza a ser debatida en las escuelas.

El 2 de marzo, primer día de clases, cumplieron una huelga Ademys, UTE y Sadop. El 17 y el 18 de marzo la medida de fuerza fue avalada por los 17 sindicatos. Hoy y mañana serán tres los convocantes, UTE y Ademys con alto predicamento en las escuelas porteñas.

Desde el sector que decidió suspender el plan de lucha, el secretario Adjunto de UDA porteña, Gustavo Frutto, dijo que “aceptamos la propuesta porque es superadora y cubrió las expectativas de los maestros como para levantar la medida de fuerza”.

La izquierda retuvo la conducción de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). La presidencia quedó sólo para el Partido Obrero, tras la ruptura del frente que conducía desde fines de 2001. Esta vez, después de seis años de ausencia, las agrupaciones con raíz en Franja Morada participaron del congreso y, al ubicarse como segunda fuerza, consiguieron quedarse con la secretaría general y otros tres lugares de la mesa ejecutiva. La versión universitaria del kirchnerismo también integrará el órgano ejecutivo de la federación estudiantil, mientras que los independientes se quedaron afuera por voluntad propia.

“Fue un doble triunfo político, porque por un lado participaron los trece centros de estudiantes de la UBA, algo que no sucedía desde el 2001, y, por otro, porque la izquierda logró retener la federación”, dijo a Página/12 Cristian Henkel, que resultó reelecto como titular de la FUBA. El Frente 20 de Diciembre que condujo a la federación durante los últimos años llegó fracturado al congreso del sábado, atravesado por el debate entre las entidades ruralistas y el gobierno nacional. Así el Partido Obrero (PO), que asume una posición alejada de ambas partes, se presentó con su organización juvenil, la UJS, y aparte se postularon el MST y la CEPA (PCR), de acuerdo con la defensa del sector agrario.

La acreditación de los delegados estudiantiles en la Facultad de Psicología fue perfecta: 130 alumnos. A la hora de votar, llegaron 121. La lista UJS-PO obtuvo 42 votos, el 34,7 por ciento del total: 22 votos fueron propios del PO y el resto provino de espacios independientes. Así, Henkel es ahora el único presidente de la federación –antes compartía la función con representantes de la CEPA y el MST–, acompañado por cuatro secretarios de su agrupación.

En segundo lugar se posicionó Reforma Universitaria, el combo morado compuesto por Nuevo Espacio, de Ciencias Económicas; la Alianza, de Farmacia; el AFO, de Odontología, más el apoyo de los socialistas de Nuevo Derecho (MNR): el bloque obtuvo 34 votos, el 28,09 por ciento, y se quedó con la secretaría general y tres secretarías. “La elección marcó un camino claro para las agrupaciones reformistas, porque el PO ganó sólo por ocho votos”, destacó Hernán Arce (Nuevo Derecho), quien integrará la mesa ejecutiva de la FUBA.

Las agrupaciones independientes de UBAi y la Corriente Julio Antonio Mella no presentaron lista propia y apoyaron la lista del PO: “Cumplimos con nuestro deber, que era evitar que la Franja se quede con la FUBA”, argumentó Itaí Hagman, dirigente de la Mella y estudiante de Ciencias Económicas. En el transcurso del congreso, el PO les ofreció a estas agrupaciones participar en un frente común. Según explicó Hagman, rechazaron la propuesta por el escenario político: “Con el Frente 20 de Diciembre fracturado y la Franja con posibilidades, propusimos que la junta representativa de los centros de estudiantes fuera la cabeza de la federación. Pero el PO no quiso. Vamos a seguir impulsando el proceso de transformación de la FUBA”.

Una novedad del congreso fue que agrupaciones kirchneristas, que hasta ahora no pudieron desarrollarse en la política universitaria, lograron dos secretarías en la mesa de la FUBA. El sector K sumó 16 votos, un 13,2 por ciento. Encuentro Universitario por la Unidad Popular cosechó 11 votos y Causa Estudiantil recibió 5 adhesiones. “Buscamos la democratización de la FUBA. Lamentamos que por el cuco de la Franja no se haya podido conformar un espacio más amplio para enfrentarla y también sacar al PO”, dijo Matías Nielsen, de Encuentro Universitario.

Otras agrupaciones que lograron secretarías fueron los ex K del Movimiento Universitario Sur, el LAI de Agronomía y el PTS. Izquierda Socialista empató en cuatro votos con las últimas dos agrupaciones, pero la mala fortuna en un sorteo dejó a sus militantes afuera de la mesa.

El caso del tirador de Belgrano, Martín Ríos, fue elevado a juicio oral por la jueza María Fontbona de Pombo. Ríos fue acusado del asesinato de Alfredo Marcenac y de herir a otras seis personas, mientras caminaban por la avenida Cabildo, en el barrio de Belgrano, el 6 de julio de 2006, sin que haya existido un motivo. Además, fue acusado de herir a otras cinco personas en otros dos episodios en el mismo barrio; de daño agravado y portación de arma de guerra (aunque, en este caso, atenuado por ser tenedor autorizado). La jueza elevó el caso como homicidio por placer, según el artículo 80º inciso 4. De encontrarlo culpable, la única condena contemplada en el Código es la prisión o reclusión perpetua. El caso tiene como nudo del debate el estado mental de Ríos al cometer el ataque. Será el tribunal oral 12 el que deba definir, previamente al juicio, y mediante nuevas pericias, si Ríos es considerado imputable, lo que le abriría la puerta al juicio, o si es inimputable y quedaría internado en un psiquiátrico. Es probable que el juicio se realice en la segunda mitad del año.

La causa recayó en el Tribunal Oral Criminal 12 porteño, integrado por los jueces José Méndez Villafañe, Carlos Bruno y Alfredo Rizzo Romano, mientras que el fiscal de juicio será Carlos Giménez Bauer.

A lo largo del proceso de instrucción, el debate estuvo centrado no en quién cometió los hechos sino en si Ríos pudo determinar en ese momento que constituían delitos, o sea, que estaba infringiendo la ley. Según el primer fiscal del caso, Mariano Solessio, subrogante, Ríos es esquizofrénico, padece “una enfermedad mental que lo privó del ámbito de libertad y autodeterminación imprescindibles para responsabilizarlo penalmente” y entendió que debía recibir un tratamiento “en atención a la seria peligrosidad para terceras personas evidenciadas en su conducta y médicamente corroborada en los peritajes”.

Pero al retomar el fiscal del caso, Fernando Fiszer, éste pidió la elevación a juicio el 4 de febrero pasado, sobre la base de lo dictaminado por el fiscal de Cámara Fabián Céliz, quien consideró que las pericias psiquiátricas realizadas a Ríos no aportaban “certezas” sobre que el acusado sea inimputable.

Adrián Marcenac, padre de Alfredo, se mostró conforme con la decisión de la jueza y dijo que “queda demostrado que los jueces, fiscales y cuerpo médico de la Justicia tienen la posibilidad de ser eficientes o ineficientes. No es una cuestión del sistema sino de quiénes se desempeñan en él. Sabemos que nada nos devolverá a Alfredo, nuestro hijo. Tampoco queremos venganza ni la pena de muerte para el asesino. Sólo queremos y pedimos que la Justicia defienda la vida de las víctimas, como nuestro hijo Alfredo y tantos otros ciudadanos de nuestro país”, concluyeron Adrián Marcenac y Mónica Bouyssede.

Por su lado, el defensor de Ríos, Angel Ramallo, dijo que la jueza “no tuvo la valentía de sobreseerlo. Pese a que todas las pericias oficiales que se le hicieron a Martín determinaron que es un enfermo mental que no comprende la criminalidad de sus actos, esta jueza lo mandó a juicio igual. No quiso ser la mala de la película”.

Pero Marcenac salió a responder a Ramallo. “Son declaraciones mentirosas y tendenciosas para confundir a la opinión pública. En todo el proceso de instrucción –sostuvo Marcenac– los únicos que expresaron que Ríos ‘no comprendía’ fueron los psiquiatras del Cuerpo Médico Forense, además de los de la defensa. Todos los demás profesionales, tanto del penal de Marcos Paz, como los de la U20 que lo ven y analizan diariamente, como las psicólogas del Cuerpo Médico Forense y los profesionales que lo analizaron inmediatamente después de su detención, como todos los profesionales que aparecen en las historias clínicas de Ríos, anteriores, en los hospitales Italiano y Pirovano, dicen lo mismo, ‘trastorno de la personalidad y/o simulación’.”

En Chubut, un organismo administrativo de defensa del consumidor creado por el gobierno local sancionó a la empresa Speedy-Advance, de Telefónica de Argentina, a pagar una multa de un millón de pesos al Estado provincial, por la interrupción del servicio de banda ancha de Internet que sufrieron, durante dos días, en julio de 2008, los usuarios de las ciudades de Trelew y Rawson, y a lo largo de una jornada, en agosto de ese año, los abonados de Puerto Madryn. La resolución administrativa tiene la validez de un fallo judicial de primera instancia y dispone, además, por primera vez en el país, que la empresa pague a manera de indemnización las sumas de 12,13 pesos a los clientes de las primeras dos ciudades y de 6,15 pesos a cada uno de los abonados de Madryn. Se estima que, en total, hay cerca de 40 mil usuarios en las tres ciudades. Ante la consulta de Página/12, Telefónica dijo que el primero de los problemas fue producto de “interferencias” en el servidor de DNS (Domain Name System o Sistema de Nombres de Dominio), fundamental para poder ingresar a los sitios de Internet, y en el caso de Madryn, se trató de “un corte de fibra óptica entre Bahía Blanca y Medanitos” que lo produjo “una empresa ajena a Telefónica”.

La fuente de la empresa sostuvo que la resolución administrativa “no se encuentra firme” y que sus directivos están “analizando los pasos a seguir” frente a la sanción impuesta por la Dirección General de Defensa y Protección de Consumidores y Usuarios de Chubut. El titular del organismo, Gustavo Monesterolo, le aseguró a este diario que hubo un corte del servicio de Speedy los días 8 y 10 de julio de 2008 en Trelew y Rawson y el 10 de agosto en Madryn. Telefónica, por su parte, sostuvo que en las primeras dos ciudades “no fue un corte sino intermitencias” y que en el otro caso “la duración del corte fue de menos de un día”.

Monesterolo reconoció que Telefónica tiene todavía unos días para apelar la decisión ante la Cámara en lo Civil y Comercial. El funcionario recordó que, en el trámite administrativo, la empresa “no se presentó a poner ningún tipo de atenuantes”, dentro de los plazos estipulados por la ley de Defensa del Consumidor. “La presentación la hicieron después de diez días, con los plazos vencidos y pidiendo una prórroga. Por esa razón fue rechazada y ahora sólo les queda la instancia de la Cámara Civil”.

La intervención del organismo de defensa del consumidor se produjo “de oficio”, a partir de un acta que fue labrada en Trelew por el inspector Miguel Angel Montes. En la denuncia se señaló que los usuarios podían chatear en el msm, pero el servicio “no admitía el acceso a las páginas virtuales que se utilizan para ‘navegar’”. El mismo inspector hizo la misma constatación en la ciudad de Rawson, donde los clientes de Speedy tuvieron iguales inconvenientes.

Al trámite se agregó después el caso registrado en Puerto Madryn. Como prueba, en este caso, se adjuntaron copias de un ejemplar del diario El Chubut. En la página 6 del matutino, en la sección “Puerto Madryn”, se destacan dos títulos que expresan en forma textual: “El pésimo servicio de Telefónica” y “Otra vez se cortó el servicio de internet en toda la ciudad”. Se deja constancia en la resolución, a la que tuvo acceso Página/12, que Telefónica se presentó a través de su apoderado Daniel Vitale, pero que el 10 de octubre de 2008 la Dirección de Defensa del Consumidor rechazó “in limine la solicitud” de prórroga planteada por considerarla “extemporánea”.

Citando la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 y su reforma, la Ley 26.631, el organismo administrativo recalcó que Telefónica, como empresa proveedora del servicio, “debe ajustar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo conforme a lo ofrecido, publicitado o convenido” con los clientes. En ese punto, recalcó que Advance Speedy “ofrece, publica y conviene el servicio de Internet para navegar en distintas páginas virtuales y la utilización de chat msm mensajera instantánea, todos los días del año, durante las 24 horas del día”. Por ese motivo, en los casos señalados, la empresa “incurrió en un incumplimiento del contrato que mantiene” con los usuarios de las tres ciudades mencionadas.

Al fundamentar su decisión de sancionar a Telefónica, el organismo oficial recordó que el máximo tribunal de Justicia de Chubut ha dictaminado en un fallo de septiembre de 2006 que “el servicio de Internet constituye en la actualidad un servicio público” y que por esa razón “puede comprenderse sin mayores esfuerzos que a través del mismo se da satisfacción a una necesidad general”. Por eso se cuantificó el daño producido en un millón de pesos. El mínimo estipulado por ley es de cien pesos y el máximo de cinco millones de pesos.

Monesterolo, citando un párrafo del dictamen, precisó que “el sentido fundamental de la multa no es sólo su valor económico”, sino que “se integra con el sentido ejemplificador correctivo que se pretende ejercer sobre el infractor”. En ese sentido, se tuvo en cuenta, entre otras cosas, “la posición en el mercado virtualmente dominante de la prestataria en el servicio brindado, que produce, ante la ruptura de la prestación, un daño que afecta por completo a la comunidad involucrada”. La empresa también tendrá que reintegrar a los usuarios de las tres ciudades “los importes cobrados indebidamente” los días en que ocurrieron los problemas en las facturas correspondientes a los meses en cuestión.

La provincia de Tucumán, con dos pacientes, se sumó a las que tienen casos “autóctonos” de dengue, es decir, donde la población de mosquitos Aedes aegypti ha empezado a infectarse y a trasmitir el virus. Las otras provincias en esta situación son: Chaco, con 1527 casos autóctonos; Salta, con 1025; Catamarca, con 939, y Jujuy, con 214. La cantidad de casos autóctonos en el país llega así a 3707. Y el total de casos de dengue se eleva a 4144, según cómputos del Ministerio de Salud de la Nación. El ministro de Salud de Salta anunció la existencia de “entre ocho y diez casos de dengue hemorrágico” en esa provincia. Las autoridades sanitarias precisaron pautas para evitar la proliferación de mosquitos en los hogares. Una representante de la OPS subrayó “la participación consistente de la ciudadanía”, y, en el orden de las acciones del Estado, citó el caso de Brasil, donde las fábricas de neumáticos deben hacerse responsables de las gomas en desuso para que no se conviertan en criaderos de mosquitos.

“Los dos casos autóctonos de dengue se produjeron en la ciudad de Aguilares, departamento de Río Chico: es una zona próxima a Catamarca y con mucho intercambio con esa provincia, donde ya hay epidemia”, contó Rogelio Calli, director de epidemiología de Tucumán. Además de los dos autóctonos, la provincia registra 55 casos importados.

Alfredo Querio, ministro de Salud de Salta, anunció que “hay entre ocho y diez pacientes con dengue hemorrágico” y que, además de los casos confirmados, hay 1200 “en estudio”. En Chaco, además de los 1527 casos autóctonos hay dos importados. En Jujuy, el Ministerio de Salud provincial reportó ayer un total de 269 casos. En Catamarca, además de los 939 autóctonos se registra un caso importado. Entre los distritos que sólo tienen casos importados, la ciudad de Buenos Aires registra 109; la provincia de Buenos Aires, 45; Córdoba, 34; Santa Fe, 32; Santiago del Estero, 12; Corrientes, 9; Mendoza, 5; Formosa y La Pampa, 2; Misiones y La Rioja, uno.

Marcia Moreira, epidemióloga de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), advirtió a este diario que “la respuesta al avance del dengue en América latina trasciende al sector de la salud: requiere una participación consistente de la ciudadanía para eliminar los criaderos de mosquitos. A los municipios les corresponden acciones como la recolección regular de basura, que, con la lluvia, se convierte en criadero; también deben evitar basurales a cielo abierto y suministrar agua potable, para que la población no tenga que acumularla”. La epidemióloga de OPS también destacó “el problema de los neumáticos en desuso, que acumulan agua: en Brasil, donde el dengue ya es endémico, el gobierno federal negoció con los fabricantes para que se hagan responsables, y ya existen centros de acopio”.

En cuanto al sistema de salud, “debe prepararse para atender a futuros pacientes con dengue hemorrágico: quienes contraen dengue común quedan en situación vulnerable para sufrir la forma hemorrágica cuando llegue una epidemia causada por otro subtipo del virus”, advirtió Moreira.

El Ministerio de Salud bonaerense hizo llegar recomendaciones para prevenir la proliferación del mosquito: incluyen no dejar al aire libre y boca arriba “todo recipiente que tenga una pared firme”, como latas o botellas: en la pared del recipiente seco, el mosquito pone sus huevos, que, cuando se acumule el agua de lluvia, se convertirán en larvas. También se requiere “limpiar las canaletas con regularidad, tapar los tanques de agua” y “en el interior de las viviendas, cambiar asiduamente el agua de floreros y recipientes donde beben las mascotas”.

El Ministerio de Salud de la Nación establece, desde hoy, puestos sanitarios en las terminales de ómnibus de Retiro y Once para orientar a pasajeros que viajen hacia o desde las provincias y países con dengue autóctono. También se puede llamar al 0800-222-1002. La provincia de Buenos Aires habilita, desde mañana, el 0800-333-8876.

Alfredo De Angeli sacó un as para ponerse nuevamente en foco. Esta vez, le apuntó al ex gobernador entrerriano Jorge Busti, ex aliado de la protesta del agro y alineado ahora con la Casa de Gobierno para la próxima batalla electoral. Luego de revelar que él también es un afiliado peronista desde los noventa, condición desconocida hasta para sus compañeros de Federación Agraria, De Angeli advirtió que le “encantaría” enfrentar a Busti en internas abiertas. Busti le cortó los ímpetus: “Esto no es una pelea de matones y compadritos”, retrucó.

Quienes lo siguen de cerca dicen que De Angeli en realidad no salió a pedir internas abiertas en el PJ. No porque no las quiera sino porque las da por perdidas. Salió más bien a descargarse, después de una semana agitada, en la que el campo mostró la caída de su poderío en la ruta y en la que el ex tres veces gobernador de Entre Ríos y jefe de la Cámara de Diputados provincial denunció aprietes de sectores del campo hacia varios de sus legisladores.

“Lo que dijo no fue exactamente eso”, explicó un allegado. “Es cierto que Alfredo es afiliado peronista, eventualmente en un contexto de posibilidades ciertas de ir a una candidatura le gustaría hacerlo dentro del justicialismo en interna abierta con Busti. Pero no ha decidido ser candidato, eso es parte de un debate que hay que darlo en la Federación Agraria”. De Angeli también lo dijo: “Me han invitado de todos los sectores políticos, pero me debo a la Federación Agraria”.

En Entre Ríos, Busti se prepara a encabezar la lista del PJ alineado al kirchnerismo en un terreno donde la oposición todavía no encuentra una exponente fuerte. De un lado, los radicales se aliaron a sectores del socialismo y no quieren armar alianzas. Del otro, existe un frente que avanza empujado por varios de los empresarios que estuvieron en la primera línea de la protesta del campo integrado por el PRO, la Coalición Cívica, Recrear y en negociación está el ingreso de Héctor Maya, ex senador menemista y ex compañero de fórmula de Alberto Rodríguez Saá. Desde allí no paran de empujar la candidatura de De Angeli. Los más dedicados a la costura de la trama sueñan que la incorporación de ruralista les permita armar un gran frente anti K. La inclusión de Maya –argumentan– serviría para darle a la escena esa pátina de peronismo disidente en el que De Angeli podría jugar su tarjeta de filiación.

El gran problema es qué hará la Federación Agraria. En Entre Ríos, la FAA tiene 45 agrupaciones. Dos representantes de cada agrupación se reunirán antes del debate en el Congreso por las retenciones. Además del repaso de demandas a los legisladores, definirán qué harán con el aún no candidato. Hay dos posiciones. En minoría, están quienes avalan el salto al Congreso. La mayoría, en cambio, lo prefiere en la ruta. El problema es que esa mayoría es justamente la que está separándose de De Angeli para alinearse con la Mesa de Enlace.

“Con De Angeli mantenemos una distancia también física”, explicó a Página/12 uno de sus antiguos laderos. “Nosotros no compartimos la idea electoral: la idea mayoritaria de la Federación Agraria es que Alfredo no participe como candidato en las elecciones legislativas porque consideramos que con lo gremial tiene todavía mucho que hacer, mucho por consolidar.”

El Gobierno volverá a recibir hoy por la tarde a la Mesa de Enlace. El último encuentro fue hace apenas quince días, pero en el medio hubo un nuevo lockout de los ruralistas que hizo subir la tensión una vez más. En esta ocasión las expectativas son moderadas, porque la soja estará definitivamente afuera de la agenda. En la carta que le enviaron a la ministra de la Producción, Débora Giorgi, las entidades sugirieron tratar los siguientes temas de manera “urgente”: medidas de ayuda directa para afrontar la sequía, flexibilización de la comercialización de carne y derogación de las normas que “distorsionan” los mercados a futuro, entre otros. Además, solicitaron auditar el estado de cumplimiento de los acuerdos en ganadería, lechería, trigo y economías regionales.

La intención de los empresarios es insistir para lograr una baja de las retenciones a la soja por la vía parlamentaria, pero no quieren que la disputa se concentre sólo en ese tema porque perderían el apoyo de los productores no sojeros. Es por eso que en las reuniones con el Gobierno van a representar los intereses de ganaderos, tamberos, trigueros y de los productores que fueron afectados por la sequía. Además de ocuparse de cuestiones que involucran a todo el sector, como la prédica para que la Oficina de Control Comercial Agropecuario (Oncca) flexibilice la regulación que ejerce sobre los mercados.

En el caso de la carne, piden que las retenciones bajen de 15 a 5 por ciento, que se cumpla con el acuerdo que habilitó una mayor exportación y que se deroge o actualice la resolución 38 de la Secretaría de Comercio Interior que fija los precios de referencia para el mercado interno. Las exportaciones están formalmente liberadas, pero los frigoríficos deben cumplir con un encaje productivo para exportar. El año pasado debían tener en sus cámaras el 75 por ciento de su stock para exportar el 25 por ciento restante. A principios de marzo la exigencia de encaje bajó al 65 por ciento, lo que en teoría debería liberar un mayor número de toneladas para vender al exterior.

El interés de los productores es que la mayor demanda de los exportadores posibilite una suba del precio del kilo vivo. Sin embargo, afirman que esa flexibilización debe ir acompañada de una modificación de la resolución 38 de la Secretaría de Comercio Interior que establece los precios de referencia. En la actualidad, la mayoría de las operaciones se están cerrando por encima de los valores establecidos en marzo del año pasado, pero la vigencia de la norma le otorga a Guillermo Moreno la posibilidad de sancionar a los frigoríficos cuando le quiera poner un freno a la escalada. El temor del Gobierno es que la suba repercuta en las góndolas, pero lo cierto es que el amplio margen que obtienen matarifes, frigoríficos y supermercados les permitiría soportar un aumento del kilo vivo sin tener que trasladarlo al consumidor.

Las entidades también pedirán que se cumplan las concesiones otorgadas a los productores trigueros y que se flexibilice la resolución 543/08 que fija los plazos para exportar, pero parece difícil que puedan ponerse de acuerdo en ambos puntos (ver aparte). Seguramente sumarán un reclamo de último momento referido al Senasa. Ayer el Gobierno modificó la estructura del organismo y le asignó al Consejo de Administración que integran las entidades un rol meramente consultivo, recortándoles poder. El sector sobre el que no tendrán demasiados reclamos para hacer es el de la lechería. A comienzos de marzo, el Gobierno eliminó las retenciones a los lácteos y anunció que les otorgaría un subsidio de 10 centavos por litro a los tamberos que produzcan hasta 3000 litros por día. Ayer la Oncca informó que ya autorizó el pago de 29 millones de pesos por ese concepto correspondientes al mes de marzo.

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A principios de marzo el Gobierno se comprometió ante la Mesa de Enlace a elevar el precio de referencia del trigo destinado al mercado interno de 370 a 420 pesos por tonelada y a modificar las compensaciones. El Estado venía compensando a productores y molinos, pero ahora la intención es subsidiar sólo a los molinos por la diferencia entre los 420 pesos y el valor de pizarra que reciba el productor. La ministra de Producción, Débora Giorgi, anunció que esa medida iría acompañada por una “apertura ordenada del registro de exportaciones” para generar competencia entre molinos y exportadores por el saldo exportable y posibilitar que el productor reciba el “precio pleno”. El problema es que la producción de trigo se derrumbó y el saldo exportable casi no existe.

La Secretaría de Agricultura confirmó ayer que en la campaña 2008/2009 se obtuvieron apenas 8,3 millones de toneladas, menos de la mitad de las 16,3 millones del ciclo anterior. Es la peor campaña de los últimos 27 años. Eso fue fundamentalmente por la sequía y las heladas tardías, que malograron 460 mil hectáreas de los casi 4,7 millones sembradas y afectaron los rindes, aunque también hay responsabilidad del Gobierno porque las distorsiones del mercado en favor de exportadores y molinos llevaron a los productores a sembrar casi 1,3 millón de hectáreas menos.

El Gobierno exige que queden disponibles para el mercado interno 6,1 millones de toneladas, más un margen de seguridad de 900 mil. Eso reduce el saldo exportable a 1,3 millón y ya está prácticamente todo exportado. Ahora bien, los productores siguen reclamando una baja de retenciones, la “apertura del registro de exportación” y la flexibilización de la resolución 543/08 de la Oncca. Afirman que el pedido apunta a generar incentivos para la próxima siembra. En el Gobierno responden que quien perdió su cosecha lo que necesita no es una baja de retenciones sino financiamiento a tasa blanda y remarcan que cuando se pide la “apertura del registro”, que el año pasado nunca estuvo formalmente cerrado, y la flexibilización de la resolución 543, lo que en realidad se reclama es privilegiar la exportación por sobre el mercado interno.

La resolución 543 les exige a los exportadores poseer los granos al momento de exportar y les da 45 días para efectivizar la operación. Las entidades piden modificar esa norma para poder recrear el mercado de futuros y obtener financiamiento por esa vía. Sin embargo, en un contexto de mayor desregulación, donde al exportador no se le exigiera la posesión de los granos al momento de exportar y se le diera más plazo, sería difícil garantizar el abastecimiento interno y serían más factibles las prácticas especulativas que motivaron la sanción de esa norma.

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¿Qué hacemos con los apuntes? ¿Hay que hacer algo con los apuntes o en verdad no suponen un problema en el marco de otros muy significativos? Y si tienen algo de problemático, ¿de qué se trata? ¿Simplemente los demonizamos, para estar a tono con la indignación frente a lo vulgar, pre-sesentista, retórica e individualista, abierta en algunas zonas de la cultura? Las preguntas se habilitan porque, sobre todo en universidades masivas como la UBA (que poseen de cinco a diez veces menos presupuesto que otras similares de Brasil y México, por ejemplo), las bibliotecas están debilitadas y en desventaja ostentosa frente a las latinoamericanas mencionadas. En este contexto, la utilización de los apuntes está relacionada con la cantidad de estudiantes, cuestión que hace por lo menos problemática la consulta simultánea en biblioteca de selecciones de diez textos diferentes para 300 o más estudiantes. Concretamente, los llamados apuntes consisten en selecciones de fragmentos de textos, en la mayoría de los casos fotocopiados, que componen a criterio de una cátedra cuestiones relevantes para el desarrollo de un programa de estudios. De esta tarea se encargan las secretarías de publicaciones de los centros de estudiantes y comercios privados.

La masividad en la universidad no es incompatible con la calidad educativa, aunque el sentido común promovido por los especialistas en educación que construyeron los programas del Banco Mundial sostenga lo contrario. Claro que masividad más presupuesto exiguo y ausencia de políticas universitarias arman un mapa preocupante y, en el caso de una universidad con historia como la UBA, decadente. La masividad, aun en este contexto, no impide el uso del libro, como mostramos desde nuestra cátedra de Sociología General, en la que nos valemos de libros clásicos de la teoría social y de, por lo menos, tres obras de autores contemporáneos. Promovemos la relación con el libro, ubicándolo en la biblioteca si estuviere, en la red, o comprándolo. No me valdré del recurso retórico rápido de promover el robo de libros que el patetismo pequeñoburgués identifica como transgresión. A nuestros amigos libreros les compramos los libros. Y si alguien quiere transgredir en serio, que vaya y robe un banco.

No obstante, utilizamos también el recurso de los apuntes, porque los consideramos una herramienta pertinente que contribuye a nuestros objetivos de formación. Pero lo que resulta evidente para cualquiera es que el objeto real, si hay algo que no posee –para decirlo de una manera contundente y clara– es encanto. Por lo tanto, nuestra propuesta es encantar los apuntes y para eso invitamos a artistas visuales a hacer obras que acompañen el cuadernillo “La construcción del objeto”, de nuestra cátedra. Con los mínimos elementos (blanco y negro en papel A4), los artistas Diego Bugallo, Mariana Cerviño, Nadia Finck, Syd Krochmanly, Fernanda Laguna, Diego Melero, Pomarola Talk, Jorge Porcel de Peralta, Gustavo Ríos, Lucas Rozenmacher y Mariela Scafatti construirán cada uno una obra que será reproducida separando los distintos artículos del cuadernillo. Además, esas obras serán serigrafiadas y se pegarán 800 copias en las puertas, ventanas y paredes del aula. Será algo así como una clase-muestra “Por el encantamiento de los apuntes”, de la que participarán los artistas. Al finalizar la exhibición, las reproducciones serigrafiadas de las obras estarán a disposición de todos.

Este hecho artístico, con voluntad de reencantamiento y reconstitución de lazos en el mundo cultural, puede ser también una mínima expresión de la necesaria y significativa lucha político-cultural por reencontrar a la UBA en su implicación productiva con diferentes zonas de la ciencia y la cultura y, por tanto, con la fortaleza simbólica que le posibilite abordar las grandes cuestiones de la sociedad argentina.

* Profesor y director de la carrera de Sociología. La “clase-muestra” se hará hoy, de 17 a 19, en el aula 512 de Marcelo T. de Alvear 2230.

El ministro de Planificación, Julio De Vido, y su par de Energía de Brasil, Edison Lobao, firmaron ayer en Brasilia un convenio que activa la realización de un inventario de todos los antecedentes y estudios realizados acerca del proyecto de construcción de la central hidroeléctrica binacional de Garabí. Por otra parte, ambos funcionarios acordaron una nueva extensión del acuerdo activado hace tres años para el intercambio compensado de energía eléctrica entre los dos países.

El convenio por Garabí “constituye el primer paso efectivo hacia la construcción de dicha central, acordada por los presidentes” Cristina Fernández y Lula da Silva en febrero último. Estimaciones preliminares calculan en unos 2500 millones de dólares el costo de esta obra energética binacional, que en una primera etapa aportaría entre 1000 y 1500 megavatios hora. La intención es avanzar con los estudios y definición del proyecto en el curso de los próximos meses y poner en marcha las obras en el segundo semestre de 2010.

En cuanto al intercambio compensado de energía hidroeléctrica, se renovó por tercera vez el esquema por el cual Brasil pone a disposición de Argentina energía eléctrica –que ingresa por las respectivas redes interconectadas de alta tensión– entre los meses de abril y agosto, que la Argentina le devuelve entre septiembre y noviembre. Ello es posible por cuanto los picos de demanda energética de los dos países resultan complementarios. No obstante, Argentina puede llegar a devolver energía al país vecino antes del plazo previsto, tal como ocurrió en 2008.

Por efecto de una menor demanda por efecto de condiciones climáticas más benévolas que las del invierno 2007, en 2008 Argentina recibió de Brasil 1270 gigavatios/hora (contra 1800 Gw/h), de los cuales 70 por ciento fue hidroeléctrica y se compensa con volumen equivalente, sin pago alguno. El 30 por ciento restante es energía generada por usinas térmicas y ésta se paga en el marco del esquema desdolarizado, de pesos y reales, acordado por los dos gobiernos el año pasado.

En lo que respecta a Garabí, los primeros estudios acerca de esta central a construir sobre el curso superior del río Uruguay datan de la década del ’70, y un primer tratado bilateral fue firmado en 1980. Ahora se trabajará sobre cuatro opciones de ubicación de la represa sobre dicho curso de agua, lo cual determinará el costo y características técnicas de la central.

El embajador argentino en Brasil, Juan Pablo Lohlé, afirmó que los acuerdos energéticos con Brasil son “una manifestación concreta de que la alianza estratégica entre ambos países está produciendo hechos concretos”. Ponderó que “también es una forma de demostrar que nuestros países, a pesar de las vicisitudes, están haciendo emprendimientos conjuntos”, como el de la represa Garabí.

El ex presidente, de 82 años, padece un cáncer de pulmón con metástasis ósea y desde el fin de semana se encuentra en estado delicado producto de una neumonía broncoaspirativa que complicó aún más su cuadro.

"Ayer por la tarde se agravó el manejo de sus secreciones respiratorias y está actualmente con tendencia al sueño, siendo difíciles las conversaciones", informó el médico del Hospital Italiano en un parte que dio a conocer esta mañana.

En este marco, indicó que, "indudablemente", el estado de salud del ex mandatario -quien se encuentra en su casa, del barrio porteño de Recoleta- "se ha agravado y su pronóstico es reservado".

Además, detalló que actualmente Alfonsín es asistido por "oxigenoterapia, kinesioterapia respiratoria, nebulizaciones y antibióticos" y que se espera que pueda "responder a este tratamiento".

La reunión con Abbas se desarrolló desde las 11.30 hora local (5.30 de la Argentina) en el salón Fateh Al Khair I del hotel The Ritz Carlton y la presidenta estuvo acompañada por el canciller Jorge Taiana.

Tras la reunión la Presidenta dijo en las puertas del hotel The Ritz Carlton que "reafirmamos una vez más nuestro compromiso con la existencia de un estado palestino que conviva con el estado de Israel en fronteras internacionalmente conocidas".

En tanto Taiana calificó de "cordial y amistosa" la reunión bilateral que mantuvo hoy Cristina con Abbas.

"Fue una reunión muy cordial y amistosa en la que el Presidente de la Autoridad Nacional Palestina agradeció a la Presidenta la posición argentina en la zona de Gaza y también la apertura de la representación argentina en Ramallah", expresó Taiana.

El canciller agregó que "ambos (Cristina y Abbas) coincidieron en que cuando haya un reconocimiento mutuo de estados entre Israel-Palestina y Palestina-Israel esos serán elementos que servirán para desterrar el fundamentalismo terrorista".

Tras esa reunión la Presidenta se reunió con su par de Paraguay, Fernando Lugo, antes de dirigirse al hotel Sheraton, en la capital de Qatar, donde se desarrollará la primera sesión de la II Cumbre de Presidentes de América del Sur y los Países Arabes (ASPA).

En el encuentro Cristina estuvo acompañada de Taiana y el vicepresidente del bloque de diputados, José María Díaz Bancalari.

Precisamente Taiana dijo tras la reunión que "el encuentro fue muy importante porque se abordaron diferentes temas vinculados a ambos países".