UNA CUESTION DE GARANTIAS

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense resolverá esta tarde si admite las acusaciones contra el juez de Garantías 3 de San Isidro, Rafael Sal Lari, y somete al magistrado a un jury, por lo que quedaría suspendido del cargo hasta que se defina si es destituido. El CELS se pronunció contra el proceso de remoción y consideró que "representa un grave riesgo para la independencia judicial en la provincia de Buenos Aires" ya que "está siendo acusado por hechos falsos, en el marco de una campaña de mano dura impulsada por el intendente (de San Isidro) Gustavo Posse".

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El Jurado se había reunido el martes pasado para expedirse, pero la cantidad de cargos que se imputan al magistrado motivó que se pasara a un cuarto intermedio hasta esta tarde.

En las deliberaciones el jurado evalúa si existen elementos para continuar con el proceso, luego de haber analizado las acusaciones de la Comisión Bicameral y la defensa del juez, que rechazó los cargos en su contra y consideró que su actuación se ajustó a la ley vigente.

En una sesión realizada el 16 de febrero, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios aprobó por mayoría acusar a Sal Lari.

Los legisladores analizaron once expedientes en los que el juez fue denunciado por las Madres del Dolor, entre otras organizaciones y vecinos, y resolvieron acusarlo por presunto mal desempeño en cuatro.

El CELS que junto a otros organismos de derecho se oponen al procesamiento señaló que "este tipo de respuestas demagógicas buscan emparentar los reclamos de seguridad con restricciones en el ejercicio de derechos e insisten con recetas fracasadas. No brindan soluciones efectivas a las víctimas ni garantizan avances en la prevención del delito".

Además, la organización apuntó que Sal Lari fue utilizado como "chivo expiatorio al que adjudicar las deficiencias de los tres poderes del Estado para implementar una política de seguridad eficaz".

Respecto de la decisión que debe adoptar hoy el jurado de enjuiciamiento, el CELS analizó que "no sólo afectará al juez Sal Lari, sino que también será leída como un mensaje de disciplinamiento para el resto del Poder Judicial. Por eso es fundamental que los integrantes del jury apuesten a la vigencia del Estado de derecho y la construcción de políticas de seguridad democráticas".

El jurado, presidido por la titular de la Suprema Corte de Justicia, Hilda Kogan, está compuesto por cinco abogados de matrícula y cinco legisladores letrados y sesiona en el edificio de la Cámara de Senadores.


Nota Original: http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-165622-2011-04-05.html

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