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Las Empresas de Medicina Prepaga (EMP) decidieron adelantarse a la sanción del nuevo marco regulatorio pendiente en la Cámara de Diputados y ya comenzaron a informar a sus afiliados los próximos aumentos en sus cuotas. Según pudo constatar Página/12, la que hizo punta fue la compañía Cemic, con un incremento para mayo del 5 por ciento, que se suma al 10 por ciento aplicado en enero. En la carta que envían a sus socios indicaron que las subas se deben a la “imposición de la Justicia y autoridades a brindar prácticas y tratamientos no contratados”, es decir no previstos en sus esquemas de costos. También aduce mayores costos por los pagos de prestaciones a terceros. Para el titular de Consumidores, Héctor Polino, esos argumentos “son inaceptables”, y recomendó a los usuarios “rechazarlos”.

Por otro lado, desde Swiss Medical señalaron a este diario que no prevén ningún aumento “por ahora”, pero aclararon que esto podría deberse a que todavía “no transcurrieron las negociaciones paritarias del sector”. Esta última compañía aplicó un incremento del 15 por ciento en enero de este año, mientras que OSDE lo hizo en febrero en un porcentaje igual.

Para las asociaciones de consumidores consultadas por este diario, el proyecto de ley que podría ser tratado la semana que viene en la Cámara de Diputados constituye el instrumento central para regular las subas constantes en las cuotas de las prepagas y controlar la calidad de los servicios prestados. “Las EMP están abriendo el paraguas ante la posibilidad de que se apruebe la ley. Hay que evitar que avancen”, sostuvo en diálogo con Página/12 el ex diputado socialista Héctor Polino.

“El incremento de las tasas de utilización de servicios, así como los mayores costos de las prestaciones, el aumento de los aranceles de los servicios prestados por terceros y el incremento generalizado de precios” son algunos de los argumentos que utiliza Cemic para completar un aumento del 15 por ciento entre enero y mayo de este año.

El proyecto de ley que aguarda su sanción prevé en su artículo 5º que la autoridad de aplicación –la Superintendencia de Salud y la Secretaría de Comercio interior– debe estudiar la estructura de costos de las EMP para autorizar y revisar las cuotas y exigir que se cumplan las prestaciones del Plan Médico Obligatorio y fiscalizar el pago de las prestaciones realizadas por los efectores del servicio público nacional.

“Con esta normativa, los incrementos no podrán ser unilaterales o acordados sólo con Moreno. Para que haya subas, la autoridad de aplicación deberá estudiar la estructura de costos “, explicó a Página/12 Pedro Bussetti, titular de Deuco.

“De aprobarse sin modificaciones dicha propuesta, asistiremos a la quiebra inmediata del sistema”, suele manifestar Claudio Belocopitt, vicepresidente de la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales (Cimara) y titular de Swiss Medical. En este sentido, las EMP suelen justificar las subas de las cuotas en la modificación de sus costos, que ocurren luego de las negociaciones paritarias –que todavía no se realizaron, por lo que está abierta la puerta para más incrementos en los próximos meses–, y en las subas que aplican los prestadores médicos. Sin embargo, el abogado Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, explicó a este diario que “los aumentos de las prepagas no se reflejan en lo que ellas abonan a los prestadores” e incluso aplicarían aumentos “muy superiores a los niveles de inflación medidos por las consultoras privadas”.

Por ejemplo, entre agosto de 2002 y el mismo mes de 2010 –señala un informe elaborado por Boada–, las empresas Omint y Swiss Medical habrían aumentado sus cuotas un 80 por ciento por encima de la inflación calculada por las consultoras privadas y un 171 por ciento en relación al Indec. “Entre septiembre de 2008 y abril de 2010, además mantuvieron el pago a sus prestadores sin modificaciones en algunos casos, y en otros con variaciones inferiores a los aumentos aplicados a los usuarios”, agregó Boada. La iniciativa legislativa, que ya tiene media sanción, aguarda su turno en la Cámara baja. El FpV pidió una “preferencia” para tratarlo con o sin dictamen en la próxima sesión.

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