Página#12 Libre

El Frente para la Victoria consiguió aprobar con 22 firmas un dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley que busca otorgarle una nueva tipificación penal al lavado de activos. Fue tras una reunión de las comisiones de Finanzas y Legislación Penal, presididas por los diputados de la Coalición Cívica, Alfonso Prat Gay y Juan Carlos Vega, respectivamente. Por su parte, los bloques de la UCR, PRO y PJ Federal emitieron su propio dictamen (con 17 firmas), el cual también fue acompañado por Vega pero con disidencias parciales. Los legisladores de la oposición expresaron que están dispuestos a sancionar la iniciativa “con los mayores consensos posibles”. Es decir que a la hora de llegar al recinto –probablemente la primera semana de mayo– el proyecto podría ser acompañado por estos bloques, al menos en la votación en general.

Los dos dictámenes que llegarán al recinto determinan que el lavado de dinero es un delito autónomo, es decir que se deja de lado la actual configuración que considera el lavado como el encubrimiento de otros delitos. Uno de los puntos centrales del proyecto del Ejecutivo es la posibilidad de la UIF de convertirse en querellante frente a las investigaciones que realiza. De esta manera, el organismo tendría un mayor poder de presión ante la Justicia para que avancen las causas por lavado.

Sin embargo, para la oposición éste es un punto conflictivo. En su dictamen dejan afuera el rol querellante de la UIF. “El Estado tiene otros mecanismos para actuar. No estamos de acuerdo con que el organismo sea querellante, ya que se puede prestar a la discrecionalidad y la persecución política”, sostuvo ayer Federico Pinedo.

En relación a los contenidos penales del proyecto, las posiciones entre el oficialismo y la oposición están bastante unificadas. En cuanto a los “sujetos obligados” a reportar operaciones inusuales, la oposición incluyó –a diferencia del proyecto del Ejecutivo– a los partidos políticos, los sindicatos y sus obras sociales. Este último punto resulta conflictivo para el oficialismo, que tiene como antecedente las denuncias contra el ex superintendente de Salud, Héctor Capaccioli, por el financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2007.

“Queremos una UIF profesional. Esto no es para punteros, ni para hacer política”, manifestó Ricardo Gil Lavedra (UCR). En este sentido, la oposición propone que los directivos que ocupen un cargo en el órgano de control sean elegidos a través de un concurso. Si bien la iniciativa del kirchnerismo no dice nada al respecto, fuentes de ese bloque afirmaron a Página/12 que podrían incluir dentro de su texto algún artículo para la elección de autoridades.

Por su parte, el diputado Vega, que en diálogo con este diario había dicho que acompañaría el dictamen del oficialismo, firmó el de la oposición (por lealtad partidaria, según dijo a este diario) pero con disidencias.

–Y una vez en el recinto, ¿cómo votará? –preguntó Página/12.

–Creo que hay margen para llegar a un mayor acuerdo –sostuvo Vega.

Con el dictamen de ayer, el proyecto ya podrá ser tratado en la próxima sesión, prevista para la última semana de abril o para mayo.