Página#12 Libre

La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados realizó ayer una “jornada pública” para empezar a debatir una serie de iniciativas que apuntan a prevenir y sancionar la violencia de género. Representantes de organizaciones de la sociedad civil y especialistas de la Justicia invitados a exponer plantearon la necesidad de avanzar con medidas concretas como la creación de un subsidio habitacional y otro de subsistencia para que las mujeres víctimas puedan “salir del círculo de la violencia” y con la construcción de más refugios para situaciones de emergencia. También reclamaron la tipificación del femicidio como figura autónoma del Código Penal, la creación de un tipo específico para encuadrar las lesiones en casos de violencia familiar, la sanción de la violencia simbólica, y la incorporación de la problemática en las currículas escolares y en la formación docente.

La reunión especial estuvo encabezada por el presidente de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega (Coalición Cívica). “El huevo de la serpiente de la violencia de género es cultural”, afirmó Vega, al dar inicio al encuentro. Cada invitada –siete mujeres y un varón– tuvo siete minutos para exponer. Luego, Vega dio la palabra a dos funcionarias del Gobierno, que presenciaron la sesión, para que informaran sobre las acciones que está llevando adelante el Ejecutivo Nacional (ver aparte). “Ninguna ley va a ser una solución mágica de este horror. (Pero) hay voluntad política de terminar con esta indignidad humana contra las mujeres”, aseguró Vega. Estuvieron legisladoras de distintos bloques, entre ellas, Cecilia Merchán (Libres del Sur), la radical Silvia Storni, María Luisa Storani y Fernanda Gil Lozano (CC), Margarita Stolbizer (GEN), Claudia Rucci (PF), y Juliana Di Tulio (FpV), entre otras. Gustavo Ferrari, del Peronismo Federal, indicó que la mayoría de los reclamos planteados por las especialistas están contenidos en diversos proyectos presentados por distintas fuerzas. “Tenemos un problema y hay que resolverlo”, agregó Ferrari y consideró que no se trata de “un tema de oficialismo ni de oposición”.

Como telón de fondo de la “jornada pública”, recordó los 260 femicidios contabilizados por La Casa del Encuentro en 2010 en el país a partir de casos publicados en la prensa y reveló que hubo un aumento del 70 por ciento de las denuncias por violencia familiar en los últimos tres años en el ámbito bonaerense, de acuerdo con estadísticas de la Suprema Corte de la provincia.

La titular de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación, Analía Monferrer, fue la primera oradora. Apuntó que el 66 por ciento de las personas afectadas que asistieron a la OVD son mujeres adultas, y un 28 por ciento niños y niñas. “Sólo 5 a 6 por ciento son adultos varones”, puntualizó Monferrer, para reafirmar que se trata de una problemática que tiene como víctimas principalmente a las mujeres. “La dependencia económica es uno de los motivos que les impide salir del círculo de la violencia. Lo que reclaman es poder tener acceso a una ayuda económica”, señaló Monferrer. Otras de las expositoras retomaron el mismo reclamo.

A su turno, la legisladora porteña y feminista Diana Maffía (CC) advirtió que la reglamentación de la Ley 26.485, de Protección Integral de las Mujeres contra todas las formas de violencia en sus relaciones interpersonales, no prevé la sanción de la violencia simbólica. Fabiana Tuñez, coordinadora de la Casa del Encuentro, pidió “cambiar el tipo penal” para castigar el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres “y agravar las penas”. “Se va a evitar el efecto imitación”, consideró. Y aclaró que “no esperamos una ley para impedir los crímenes”, pero sí para mandar un mensaje “de que es una conducta no permitida por la sociedad”. También reclamó que se establezca “la pérdida automática de la patria potestad del femicida”. El juez Fernando Ramírez, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal

Nº 9, planteó la necesidad de que haya “un tipo penal específico para encuadrar la violencia familiar”. Y advirtió que “cuando tenemos que juzgar un caso de lesiones, en el marco de la violencia familiar, vemos que hubo otros episodios anteriores, que han sido tratados como delitos comunes. Las víctimas de violencia de género no son iguales que otras víctimas”, indicó el magistrado. Beatriz Kohen, de la Fundación Estudios e Investigación de la Mujer (FEIM), manifestó su preocupación por el bajo presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres, órgano encargado de la aplicación de la Ley 25.485. Dijo que es de ocho millones de pesos, monto que consideró “altamente insuficiente”. Malena Nissman, coordinadora nacional del colectivo Juana Azurduy, coincidió con esa crítica y precisó que esa cifra representa apenas el 0,0029 por ciento del presupuesto nacional. También reclamó la discusión en torno de la incorporación del femicidio al Código Penal como figura autónoma. Además, opinó, que “no legalizar la interrupción del embarazo es una violencia importantísima contra las mujeres”. Nancy Parada, del Centro de la Mujer de San Fernando, señaló que son necesarios más refugios para las víctimas y además advirtió que “no hay sanciones” a los agresores que incumplen reiteradamente las medidas de precaución dispuestas por jueces, como la exclusión del hogar.