MEDIO AMBIENTE

En otra de las resoluciones de la jornada, la Corte envió a ACUMAR, ente conformado por el Estado Nacional, bonaerense y porteño, un cuestionario para que brinde precisiones sobre el programa de saneamiento de la cuenca hídrica. Las repuestas deberán presentarse hasta el 15 de mayo para que el máximo tribunal realice inspecciones antes de la audiencia convocada para el 1 de junio.

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Una versión más breve del cuestionario de 75 preguntas que la Corte envió al ente de control fue remitido al Defensor del Pueblo de la Nación y a la Auditoría General de la Nación (AGN). El tribunal superior analizará esos informes sobre “núcleos temáticos” y realizará una inspección judicial “terrestre y aérea” en la zona de la cuenca hídrica, previa a la realización de la audiencia que, para reanudar la del 16 de marzo último, fijó para el próximo 1 de junio.

La Corte recordó que corresponde a la ACUMAR “concentrar en su representación la información concerniente al genuino y preciso grado de avance respecto de cada uno de los diversos mandatos de ejecución obligatoria fijados en el fallo definitivo (del tribunal) del 8 de junio de 2008”.

A la ACUMAR se le pidieron detalles sobre la “información pública” de tareas efectuadas para la ejecución de la sentencia de junio de 2008, mediciones de calidad de aire y agua, contaminación y reconversión industrial, limpieza de márgenes, expansión de la red de agua potable, desagües pluviales, saneamiento cloacal, situación de los basurales y financiamiento y presupuesto, entre otros.

A la Defensoría del Pueblo de la Nación se le preguntó acerca de las restricciones que tuvo en materia de acceso a la información pública sobre tres aspectos concretos: “mejoramiento de calidad de vida”, “recomposición del medio ambiente” y prevención del daño”.

Por último, la Corte le pidió a la AGN que “desarrolle los puntos de mayor relevancia que sostiene su conclusión acerca de que hubo una subejecución del programa”, que indique a qué lo atribuye y que aclare por qué en la última audiencia dijo haber auditado solo el 9 por ciento de las asignaciones presupuestarias totales del Programa Integral de Saneamiento Ambiental.

La resolución fue dictada en la “Causa Mendoza”, como se denomina a la demanda promovida por vecinos de la cuenca contra el Estado Nacional y casi medio centenar de empresas por los daños y perjuicios derivados de la contaminación ambiental de la cuenca hídrica.


Nota Original: http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-166596-2011-04-19.html

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