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Las comisiones de Legislación Penal y Finanzas de la Cámara de Diputados, a cargo de los diputados de la Coalición Cívica Juan Carlos Vega y Alfonso Prat Gay, respectivamente, se reunirán mañana para avanzar en el tratamiento del proyecto que busca darle una nueva tipificación penal al lavado de activos. Ayer, los distintos bloques de la oposición (UCR, CC, Peronismo Federal y PRO) mantuvieron una reunión informal para unificar su postura. “Todavía no hay un acuerdo definitivo sobre el rol que debe ocupar la UIF”, afirmó a Página/12 Ricardo Gil Lavedra (UCR). Sin embargo, distintos referentes de la oposición y el oficialismo señalaron a este diario que “nadie querrá ser señalado como culpable por una posible sanción del GAFI”, por lo que ambos sectores apostarían a sancionar la norma. La Coalición Cívica resolvió ayer que firmará el dictamen del oficialismo, pero con disidencias parciales. De conseguirse un acuerdo esta semana, la fecha tentativa para debatirlo en el recinto sería el próximo 27 de abril.

El proyecto de ley en cuestión determina que el lavado de dinero es un delito autónomo, incorporado al Código Penal bajo un nuevo capítulo denominado delitos contra el “orden económico y financiero”. Es decir que se dejaría de lado la actual configuración que considera el lavado como el encubrimiento de otros delitos. Esta modificación en la definición constituye una de las principales exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entidad que podría sancionar a la Argentina de no alcanzarse una serie de objetivos planteados por el organismo internacional.

En diciembre del año pasado, la Unidad de Información Financiera (UIF), que maneja José Sbatella, recibió un mayor respaldo político para hacerse cargo de la coordinación de todos los organismos obligados a brindar información sobre actividades sospechosas. Básicamente se le dio más poder a la UIF. Ese cambio de estructura, sumado a una serie de decretos que fueron publicados desde junio del año pasado a la fecha, también quedaron incorporados dentro del proyecto oficial.

“Nosotros vamos a defender el rol de la UIF, cuyos alcances fueron ampliados el año pasado. Desde el punto de vista de los aspectos penales de la normativa, no hay mayores conflictos con la oposición. Esta semana tenemos que sacar dictamen, ya que está en juego la responsabilidad internacional de la Argentina”, afirmó a Página/12 el diputado Oscar Albrieu (FpV), uno de los interlocutores que negoció con la oposición.

“No queremos que la Argentina sea castigada por el GAFI. Pero hay que ser muy claros. Tenemos dos alternativas: o sancionamos una legislación formal para cumplir con el organismo internacional o hacemos una ley eficaz, que se ocupe de los delitos determinantes que subyacen al lavado, como la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo”, explicó a este diario Juan Carlos Vega (CC).

–¿Apoyarán un dictamen de mayoría para que el proyecto pueda llegar al recinto? –preguntó este diario a Vega.

–El dictamen sí, pero con disidencias parciales. Queremos incluir durante el debate en el recinto la figura del enriquecimiento ilícito y los delitos que subyacen al lavado –respondió Vega.

Desde el radicalismo también consideran que hay chances de llegar a un dictamen de mayoría. “En los aspectos generales de la normativa estamos todos más o menos de acuerdo. Una diferencia pasa por el rol que debe tener la UIF. Nosotros consideramos que debe seguir bajo la órbita del Poder Ejecutivo pero con mayores controles”, agregó Gil Lavedra.

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