Página#12 Libre

La Justicia porteña ordenó cerrar la causa por la ocupación del Parque Indoamericano, en la que se pedían las detenciones de seis personas, algunos de ellos dirigentes barriales que participaron en las negociaciones con los gobiernos nacional y de la ciudad para resolver el conflicto de manera pacífica. La jueza María Cristina Nazar, a cargo del caso, rechazó los pedidos de allanamiento y detención realizados por la fiscalía y dispuso que se archivara la causa. Argumentó que la ocupación del parque “no constituye un delito”, sino que obedece a “una cuestión social que no debe criminalizarse sino resolverse por la vía administrativa”. Desde la fiscalía general adelantaron que apelarán el fallo, en tanto que un funcionario de la gestión de Mauricio Macri opinó que la jueza “no está a la altura de las circunstancias”, sin precisar cuáles son.

La resolución de la jueza fue en respuesta al pedido de los fiscales Luis Cevasco y Claudia Barcia, quienes solicitaron la detención de seis personas a las que consideraron “organizadores” de la toma. Se trata del dirigente Diosnel Pérez Ojeda, del Frente Darío Santillán, presidente de la junta electoral de la Villa 20; Marcelo Chancalay, presidente de la junta vecinal del mismo barrio; Alejandro “Pitu” Salvatierra, militante kirchnerista de Villa Soldati; Luciano Nardulli, militante de la Corriente Clasista Combativa; Noemí Mónica Ruejas y Berta Elizabeth Revilla, del barrio Los Piletones.

Para sostener la acusación, los fiscales se basan en declaraciones de vecinos recogidas por la policía, en videos emitidos por TV en que algunos de los imputados fundamentan y defienden la ocupación como un reclamo por los planes de viviendas prometidos y nunca cumplidos. En el caso de las dos mujeres, fueron acusadas por la dirigente del barrio Los Piletones, Margarita Barrientos. Según Barrientos, algunos vecinos le relataron que una de las dirigentes acusadas los tentó con la promesa de que el gobierno porteño les daría 700 pesos para que se fueran del predio ocupado.

Otra prueba, para los fiscales, es la participación de algunos de los nombrados en las negociaciones que llevaron a cabo el 11 de diciembre con funcionarios nacionales y porteños –incluidos el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el propio jefe de Gobierno, Mauricio Macri–, para lograr un desalojo pacífico del parque. Tal es el caso de Diosnel Pérez, Pitu Salvatierra y Berta Revilla. Finalmente, después de un acuerdo, que incluyó una promesa oficial de un plan de viviendas, el parque fue liberado el 15 de diciembre. La represión y los enfrentamientos habían dejado un saldo de tres muertos.

La jueza Nazar es la misma que el 7 de diciembre último, días después de la toma del Indoamericano, había ordenado el primer de- salojo del lugar, que se cumplió de manera ordenada. El predio fue nuevamente ocupado al día siguiente. La jueza justificó ahora aquella decisión, adoptada con un criterio opuesto al actual: “Se trató de una visión prima facie del problema, en el marco de una medida precautoria”, tras advertir “el conflicto con los vecinos aledaños” que se había manifestado en “enfrentamientos con piedras y tiros”. Tras la reocupación del parque, el 8 de diciembre, y ante un nuevo pedido de la fiscalía para ordenar el desalojo del predio, la jueza no hizo lugar al reclamo, el 11 de diciembre, argumentando que el problema “escapaba al ámbito penal, dado que se judicializaría un conflicto social”.

El criterio adoptado por la magistrada coincide con el esgrimido por la Defensoría oficial, que ya en diciembre opinó en esta causa, que las ocupaciones de espacios públicos no constituyen el delito de usurpación, como pretende la fiscalía, sino, a lo sumo, un “uso indebido del espacio público”, que es una contravención. Lo hizo a través de la presentación del defensor Marcelino Civitillo. Y lo volvió a manifestar recientemente su par, Javier de la Fuente, ante la orden de desalojo de las personas que acampan en las veredas de las calles Riestra y Portela, en el Bajo Flores, junto a un predio del Club Argentinos Juniors.

“La jueza, en principio, había rechazado nuestro pedido de intervención, ante la primera orden de de- salojo, pero después nos convocó a la audiencia multisectorial, tras la cual decidió no firmar una nueva orden de desalojo al entender que no había delito sino un conflicto social”, dijo a Página/12 el defensor general de la ciudad, Mario Kestelboim.

A casi tres meses de la resolución del conflicto, no hay novedad acerca de los planes de vivienda prometidos por las gestiones porteña y nacional. Tampoco hay imputados en la causa por las tres muertes ocurridas entre el 8 y el 10 de diciembre. La única novedad fue el pedido de detención de los presuntos organizadores, firmados por los fiscales el 23 de febrero último. Dicen los acusadores que la ocupación se produjo el 6 de diciembre, aunque la jueza, en su escrito, sostiene que el día 4 realizó una inspección ocular para “tener un conocimiento directo de los lugares tomados”. ¿Cómo pudieron organizar los imputados el día seis algo que ya se había concretado? A lo sumo, admiten, acompañaron a los vecinos que se sumaron en forma masiva a una ocupación que ya se había concretado.

Para pedir la detención, los fiscales argumentaron que los acusados “intentarán entorpecer la investigación”, y en el caso de Salvatierra, consideraron el “peligro de fuga” por sus antecedentes penales, ya que registra una condena a siete años de prisión.

“La toma fue originada por una interna política. Fue un puntero, el “Comandante” (Miguel Angel) Rodríguez, que ha estado con todos los gobiernos (y ahora trabaja para la Corporación Buenos Aires Sur), el que les dijo a los punteros ‘Ocupen lugares, que el gobierno va a dar títulos’”, le dijo a Página/12 Diosnel Pérez, dirigente histórico de la Villa 20 (ver recuadro).

Anoche, el subsecretario de Justicia porteño, Daniel Presti, dijo que la jueza “no está a la altura de las circunstancias” y no descartó hacer una presentación ante el Consejo de la Magistratura. “En la Ciudad merecemos jueces que estén a la altura de las circunstancias y esta magistrada no está a la altura de las circunstancias”, enfatizó el funcionario, sin dar más detalle. Los fiscales adelantaron que apelarán el fallo ante la Cámara.