Página#12 Libre

El magistrado español, quien actualmente está suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional y es consultor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), fue acusado por el Supremo de un presunto delito de prevaricato por haberse declarado competente en 2008 para investigar los crímenes cometidos durante la guerra civil española, entre 1936 y 1939, y la posterior dictadura franquista.

Según un comunicado de Interights, la organización especialista en derechos humanos que representa al juez, la demanda fue presentada el jueves ante el TEDH con el fin de “reivindicar el derecho del juez Garzón a desempeñar sus obligaciones sin miedo a la persecución judicial”. Además, sostiene, el caso penal abierto contra el magistrado por prevaricato “viola varias obligaciones españolas según el Convenio Europeo de Derechos Humanos”.

"En concreto, el caso pone de manifiesto las violaciones de la obligación de no someter a los individuos a procesos penales injustos `per se`, de someter a personas a procesos sólo sobre la base de normas penales claras y estrictamente aplicadas y de respetar la vida personal y el desarrollo profesional de los individuos y sus derechos a expresar opiniones judiciales", indicó el texto.

En ese sentido, los argumentos subrayan que "la normativa internacional en materia de independencia judicial impide el enjuiciamiento de los jueces por sus decisiones judiciales a fin de preservar su independencia". Además, "la opinión de que las amnistías y la prescripción no se aplican a delitos graves en virtud del derecho internacional, incluidos los crímenes contra la humanidad, cuenta con un apoyo generalizado en todo el Derecho y la práctica internacionales".

Baltazar Garzón tiene abiertas otras dos causas en el Supremo, una de las investigaciones es por el financiamiento que recibió para unos cursos que impartió en Nueva York y otra por haber las escuchas a implicados en el caso Grtel, la trama de corrupción que salpica al conservador Partido Popular (PP).