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“El actual conflicto alrededor del trigo, donde los productores denuncian que no reciben el precio pleno del cereal, se explica porque el 40 por ciento de la producción se vende en negro.” Así de contundente fue la explicación que escuchó Página/12 en boca de un alto funcionario del Ministerio de Economía. “Cuando están cerradas las exportaciones, el precio del cereal en negro es similar al valor de abastecimiento interno y cuando hay apertura de exportaciones, el trigo en negro puede venderse al precio de exportación. Por eso muchos productores eligen esta modalidad y evitan pagar el Impuesto a las Ganancias y no tienen que declarar cuántas hectáreas poseen”, explicó la fuente consultada. Este fue el análisis que llevó a la Secretaría de Comercio Interior a suscribir un acuerdo con los grandes jugadores del sector, es decir los molinos y las exportadoras, para que sean ellos los que paguen el precio pleno del trigo e intentar cerrar el circuito en negro. Como contraparte de esta decisión, los molinos reciben importantes compensaciones (aproximadamente 120 dólares por tonelada) y los grandes exportadores la posibilidad de vender el saldo que queda luego de que el Estado garantice la seguridad alimentaria.

Sin embargo, desde la cartera de Agricultura sostienen que el problema de la comercialización del trigo no está en la venta en negro, sino en que algunas cooperativas, acopiadores y corredores se quedan con la diferencia entre el FAS teórico (precio internacional descontadas las retenciones) y el precio de mercado. En este sentido, en las próximas semanas darán a conocer un informe indicando quiénes son los que no pagan el precio pleno del cereal.

“Además de la comercialización en negro, está el tema de quiénes son los que venden. Es verdad que el dos por ciento de los productores generan el 50 por ciento de la producción, pero también es verdad que AFA y ACA (empresas vinculadas con Federación Agraria y Coninagro, respectivamente) te limpian rápido la cosecha de los pequeños y medianos productores. Así debería ser, ya que en el último acuerdo quedó claro que primero hay que comercializar la producción de los pequeños y medianos”, sostuvo la fuente de Economía consultada por Página/12.

La teoría de la comercialización en negro se sostiene con un informe interno de la AFIP elaborado el año pasado y publicado por este diario en agosto de 2010, donde se sacó una radiografía de la evasión tributaria en el sector agropecuario. “Durante un año y medio fueron comercializados siete millones de toneladas de granos en negro, valuados en 5000 millones de pesos, con una evasión calculada en 600 millones de pesos”, indicó el informe publicado por este diario.

Por otro lado, el funcionario de la cartera económica recordó que actualmente sigue vigente la resolución de la Oncca por la cual los productores de hasta 800 toneladas anuales pueden solicitar compensaciones para recibir el precio pleno del cereal. “La posibilidad de tener el precio completo está, pero para eso todos tienen que estar en blanco”, insistió la fuente consultada. Si bien este sistema funciona bien para las grandes compañías, que tienen la espalda financiera para esperar hasta 6 meses para cobrar, no ocurre lo mismo con los pequeños productores, que no tienen esa capacidad. Hasta el momento, aproximadamente 400 productores habrían recibido reintegros por este régimen que está vigente desde marzo de 2010.

De la cosecha 2010-2011 ya se liberaron siete millones de toneladas. En este dato coinciden tanto el Gobierno como los exportadores, lo que no quiere decir que ya se hayan concretado todas las operaciones. En este contexto, el ministro Domínguez instruyó al subsecretario de Agricultura, Oscar Solís, a realizar operativos de fiscalización entre los molinos y exportadores para controlar que estén pagando el precio pleno del cereal. La teoría de Agricultura –a diferencia de la visión de la Secretaría de Comercio– es que los problemas en la comercialización están del lado de los acopiadores, corredores o cooperativas y no en el mercado negro.

“Actualmente, los molinos y los exportadores pagan el FAS teórico. Ya se inspeccionaron 36 molinos y tres exportadoras (Cargill, Bunge y Nidera) y están cumpliendo con el acuerdo. Por eso vamos a apuntar al resto de la cadena de comercialización, que no tiene firmado ningún acuerdo con el Gobierno”, sostuvo a este diario Solís.

Sin embargo, otras fuentes de Agricultura también sostienen que tanto las exportadoras como los molinos podrían hacer compras a través de terceras empresas y así evitar el pago del precio pleno. “Por ejemplo, puede haber casos donde los exportadores/molinos, que en muchos casos son la misma empresa, tengan un acopio amigo que se encarga de comprar el trigo con un precio inferior al FAS teórico, y ellos después le venden al precio pleno así el molino cobra las compensaciones. En el medio queda la diferencia que denuncian los productores, de 50 dólares por tonelada aproximadamente”, sostuvo a este diario un funcionario de Agricultura. En dos semanas, el ministerio dará a conocer un informe con el resultado de las fiscalizaciones.

Como medida complementaria, la cartera que conduce Domínguez sigue negociando con otras cooperativas e instituciones la compra de trigo a precio pleno. Ya lo hizo la semana pasada con Agricultores Federados y ya tiene acuerdos avanzados para que puerto Quequén pueda vender 500.000 toneladas, otra cantidad similar para la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca y 60.000 toneladas para los productores entrerrianos.

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