Página#12 Libre

La presidenta Cristina Fernández instruyó a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Procuración del Tesoro de la Nación “para que intervengan y efectúen las denuncias y reclamos que correspondan” en las causas que puedan desprenderse del informe sobre Papel Prensa que presentó la semana pasada. Así, a través del decreto 1210/2010, que fundamenta que “la venta de una parte del paquete accionario de Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón se concretó en circunstancias oscuras, con los vendedores compelidos a la venta de sus acciones a un precio irrisorio”, se instruyó a ambas dependencias para que estudien las 27 mil fojas que tiene el informe completo para determinar a quiénes y por qué corresponde denunciar ante la Justicia para que se investigue.

“Instrúyese a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Procuración del Tesoro de la Nación para que intervengan y efectúen las denuncias y reclamos que correspondan en las causas relacionadas con la firma Papel Prensa S.A.”, ordenó la Presidenta a través del decreto, que se publicó ayer en el Boletín Oficial, firmado por la misma Cristina, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Justicia, Julio Alak. Ahora, la Secretaría de Derechos Humanos deberá intervenir en las causas “en las que se investigue la comisión de delitos de lesa humanidad en perjuicio de quienes fueran integrantes” de Papel Prensa, mientras que el procurador Joaquín Da Rocha hará lo suyo en aquellos casos relativos “a prácticas desleales, actividades monopólicas, abuso de posición dominante, perjuicios al Estado nacional en su carácter de socio y a los restantes accionistas y a los adquirentes en Bolsa, así como en todas aquellas que pudieran surgir de las investigaciones”.

Debido a la extensión de la investigación sobre las actividades de Papel Prensa, dentro del Gobierno todavía nadie quiere adelantar una fecha tentativa para las presentaciones judiciales, ni arriesgar cuál podría ser su alcance. “Todavía estamos en pleno trabajo de preparación de las querellas”, le aseguró a Página/12 uno de los funcionarios abocados a la tarea. “Trataremos de que sea lo más rápido posible pero primero tenemos que revisar la documentación –completó–. Vamos a esperar a terminar para ver a quiénes van a abarcar las denuncias, quiénes serán imputados.” Cabe recordar que en algunos casos relacionados ya hay sentencia, como sucede con el ex capellán de la Policía Bonaerense, Christian von Wernich, condenado por privación de la libertad y torturas a Osvaldo Papaleo e Isidoro Graiver.

“Tal como surge del informe ‘Papel Prensa S.A., la Verdad’, las autoridades de facto adoptaron la determinación, al conocerse la muerte del señor David Graiver, de disolver el grupo económico que aquél encabezaba”, sostiene el decreto en uno de sus extensos considerandos. “La voluminosa documentación –prosigue– permite demostrar que Lidia Elba Papaleo de Graiver, Juan Graiver, Eva Gitnacht de Graiver, Isidoro Graiver, Rafael Ianover, Lidia Brodsky de Graiver y Jorge Rubinstein –más allá de que este último falleciera en cautiverio–, fueron privados ilegítimamente de su libertad ambulatoria, encuadrándose la situación de los mismos en la figura del delito de lesa humanidad.”

Según sostiene, por último, la Presidenta en el decreto, la investigación deja “demostrado que la compraventa de acciones se ha tratado, en realidad, de un acto ilícito con la presunta forma de un contrato, obtenido a través del uso irresistible de la violencia ejercida por el aparato del Estado en su forma de ‘terrorismo de Estado’”.