Página#12 Libre

El Gobierno de la República Argentina "rechaza de manera categórica la sublevación de fuerzas militares y policiales que ponen en riesgo las instituciones democráticas en Ecuador", señaló el Poder Ejecutivo en un comunicado oficial. "La República Argentina condena estas acciones desestabilizadoras y respalda al Gobierno constitucional del Presidente Rafael Correa", agrega el comunicado. Sostiene además que "América Latina no acepta más ataques a la democracia ni intentos de burlar la voluntad popular que se manifiesta en las urnas. La Argentina estará al frente de la defensa de la democracia y los Derechos Humanos conjuntamente con los países hermanos de Unasur y Mercosur".

En tanto, el secretario general de la UNASUR, Néstor Kirchner, expresó el firme "compromiso y la más absoluta solidaridad del bloque regional" con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, frente al intento de "sublevación al orden constitucional de sectores corporativos de las fuerzas de seguridad" de ese país. Por medio de un comunicado de prensa, el secretario general de Unasur señaló que "Sudamérica no puede tolerar bajo ningún aspecto que los gobiernos elegidos democráticamente se vean vistos presionados y amenazados por sectores que no quieren perder privilegios y prebendas". Subrayó que "sería un gravísimo retroceso para la región que volviéramos a aquellas épocas en que las minorías imponían sus decisiones por el uso de la fuerza. El voto popular es el único camino legítimo para la toma de decisiones en nuestras sociedades".

A su vez, el radicalismo sostuvo que "ninguna puja de poder interno ni disidencia con la gestión política nacional, cualquiera sea el país, puede poner en riesgo la estabilidad democrática y la legitimidad de los gobiernos elegidos por voluntad popular", declaró el titular de la UCR, Ernesto Sanz, en referecia a la situación que se vive hoy en Ecuador. "Los ciudadanos de la región no podemos ni debemos tolerar más interrupciones al orden democrático", enfatizó el líder radical y agregó "desde la década del ´80 Latinoamérica entró en una fase de democratización que con falencias y claroscuros pretende resolver las deficiencias y administrar los recursos de forma democrática y en libertad".

"Desde el radicalismo miramos con atención la situación ecuatoriana, defendemos férreamente la organización democrática de la región y nos reservamos, llegado el caso, la posibilidad de instar al Gobierno Nacional a interceder en los organismos internacionales pertinentes para preservar el estado de derecho", enumeró el senador radical en nombre de toda la UCR. Finalmente, Sanz aseguró que "respaldamos el mensaje institucional de la Cancillería que expresa: `su confianza en la institucionalidad democrática del hermano país y en la autoridad política del Presidente constitucional, Rafael Correa Delgado, para encontrar el mejor encauzamiento en defensa de los altos intereses del Pueblo y el Gobierno ecuatorianos".

En tanto, a través de un proyecto que presentó esta tarde en el Congreso de la Nación, el diputado nacional Ariel Basteiro, vicepresidente de Nuevo Encuentro Popular y Solidario, acompañado por los integrantes del bloque -Martín Sabbatella, Vilma Ibarra y Carlos Heller-, solicitó al parlamento expresar su profundo repudio al intento de desestabilización contra el gobierno de la República de Ecuador. A su vez, solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional que a través de los organismos que corresponda promueva con carácter de urgente una reunión de presidentes de la Unasur para abordar esta cuestión y apoyar al Presidente Rafael Correa y las instituciones democráticas del Ecuador.

"La legalidad y legitimidad de la ley de Servicio Público, sancionada casi por la totalidad de los representantes democráticamente electos del pueblo ecuatoriano y rechazada por las fuerzas armadas y de seguridad, hacen que las medidas adoptadas no sean tan sólo desmesuradas e irracionales, sino que se evidencian como una clara afrenta contra el orden institucional ecuatoriano y contra el proceso de transformación social que está viviendo dicho país desde la asunción de Rafael Correa el pasado 15 de enero de 2007", señalaron en el proyecto. Basteiro manifestó que "ante la situación que está atravesando Ecuador, que ostenta una profunda gravedad y que amenaza a toda la región, nuestra ciudadanía y sus representantes no pueden permanecer impávidos y deben expresar un enérgico repudio a quienes intentan retrotraernos hacia los períodos más negros de nuestra historia, que hemos logrado dejar atrás luego de años de lucha y con la sangre derramada de miles de hermanos".

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Alfonsín repudió los graves sucesos ocurridos en la hermana República de Ecuador. "La amenaza a las instituciones democráticas que significan estos hechos, merece el más enérgico repudio de todos los gobiernos y la dirigencia política de la región", enfatizó Alfonsín, reclamando "la inmediata intervención de la OEA, la Unasur, en defensa del gobierno de Ecuador, legítimamente elegido".

El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri señaló hoy que "nuestro compromiso absoluto es con las instituciones democráticas de Ecuador", al referirse a la sublevación militar y policial contra el gobierno de Rafael Correa. Macri manifestó su "solidaridad absoluta con las instituciones democráticas ecuatorianas, y con su Presidente, Rafael Correa, "ante la tensión que se vive en Ecuador por la rebelión de las fuerzas de seguridad. "En estas horas de tensión que se viven en Ecuador, manifestamos nuestro compromiso con las instituciones ecuatorianas y con las autoridades democráticamente electas", enfatizó.

"En América latina ya no hay más espacio para poner en duda la autoridad de un Gobierno constitucional mediante el uso de la fuerza. Repudiamos enérgicamente cualquier intento en ese sentido", advirtió. Macri afirmó que "los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, no con intolerancia, con violencia y con actitudes que lesionan la voluntad popular expresada a través del ejercicio del voto” y expresó su deseo que de lo más pronto posible "se recupere la calma y que las cosas vuelvan a la normalidad".

El bloque de diputados nacionales del Peronismo Federal presentó hoy un proyecto de resolución para "denunciar y condenar enérgicamente las acciones hostiles que sectores de las fuerzas de seguridad y de defensa iniciaron contra el Gobierno Constitucional de la hermana República del Ecuador". En el proyecto que lleva la firma del presidente del bloque, Felipe Solá, y del secretario Parlamentario, Enrique Thomas, los diputados plantean, además, la necesidad de "hacer un llamamiento a garantizar la plena vigencia del estado de derecho, el derecho a la vida, la integridad y la seguridad del Presidente Rafael Correa y de todas las personas que se encuentran cercanas al lugar de los acontecimientos".

La bancada del Peronismo Federal manifiestó también "el total rechazo a las amenazas, intimidaciones y toda forma de alzamiento e insubordinación contra los representantes legítimos del Gobierno ecuatoriano". En los fundamentos del proyecto se señala que "ante los acontecimientos de acuartelamiento de algunos miembros de fuerzas de seguridad y defensa en la República de Ecuador se incurre en una clara y flagrante violación del derecho y los principios democráticos del pueblo ecuatoriano que la comunidad internacional debe condenar enérgicamente". También se expresa que "en continuidad con los procesos de fortalecimiento de todas las instituciones democráticas en Latinoamérica, y en solidaridad con el hermano pueblo ecuatoriano, que hoy necesita del respaldo de los pueblos de la región, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución".

El ex guerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez está acusado de haber ideado el asesinato del ex senador derechista Jaime Guzmán (del partido UDI) y de haber participado del secuestro del empresario de medios Cristian Edwards, ambos hechos ocurridos en 1991.

Debido a esos hechos, el gobierno de Chile reclamaba su extradición para que sea juzgado por tribunales chilenos. El caso de Sergio Apablaza, quien reside en la localidad bonaerense de Moreno, es llevado por el juzgado número 11 del magistrado Claudio Bonadío.

La Conare es un órgano interministerial de reconocimiento y protección del refugiado, que funciona en la órbita del Ministerio del Interior y en el cual participan miembros de esa cartera, de la Cancillería, del ministerio de Justicia, del de Desarrollo Social y del Inadi, además de contar con el asesoramiento del ACNUR.

A su vez, el documento apoyado por todos los países miembros, solicita al gobierno ecuatoriano que "continúe informando sobre el desarrollo de los acontecimientos en ese país a fin de tomar las acciones apropiadas para fortalecer y preservar la institucionalidad democrática".

Por último, el Consejo Permanente de la OEA, pidió al secretario general, José Miguel Insulza, "que brinde toda la cooperación de la organización a solicitud del gobierno de Ecuador para preservar la institucionalidad democrática en ese país".

Al tomar la palabra en el plenario de la institución interamericana, la embajadora ecuatoriana, María Isabel Salvador, sostuvo que tras las acciones que desde esta mañana ocurren en su país, "lo que resulta más preocupante es la indudable vinculación política que existe" en esos hechos "con la figura de miembros de la oposición que han tenido una carrera militar y vinculaciones permanentes con los miembros de la fuerza policial", agregó.

En ese sentido, Salvador aseguró que "es indudable que estos hechos constituyen un intento de alterar la institucionalidad democrática" y reiteró la "denuncia abierta de un intento de golpe de Estado" que realizó el presidente Correa.

En ese marco, el embajador paraguayo Bernardino Saguier, señaló que las acciones ejercidas en Ecuador "no son aisladas si no que son dirijidas" por lo que "no podemos permitir que vuelva a suceder lo que sucedió en Honduras", advirtió comparando esta situación con el golpe de Estado que en junio de 2009 destituyó al entonces presidente hondureño Manuel Zelaya.

Al respecto, el secretario general de la OEA José Miguel Insulza, sostuvo que si bien "no cabe dudas" que en Ecuador "está en marcha un golpe de Estado", existe "una diferencia" con el caso de Honduras "y es que no se ha consumado el golpe de Estado".

Para evitar esta instancia, aclaró luego en diálogo con la prensa, es necesario "hacer toda la presión internacional posible", así como "resolver la situación" del presidente Rafael Correa quien se encuentra rodeado en un hospital policial sin poder salir.

Asimismo, para que los hechos no se consumen, "depende de la unidad del pueblo ecuatoriano". Por ello, "si todos los ecuatorianos se unen más allá de baterías políticas, para reconocer que lo principal es mantener el régimen democrático y nadie trata de sacar partido de la situación, eso va a favorecer mucho la mantención de la democracia", concluyó Insulza.

Nesirky instó a que se "intensifiquen los esfuerzos para resolver esta crisis de manera pacífica, dentro del estado de derecho". Por ello, Ban celebra las gestiones de la OEA en esta materia y de otras instituciones regionales para encontrar una pronta salida a la situación en Ecuador, agregó el portavoz.

"Las Fuerzas Armadas, como lo determina la constitución, es una institución de protección de los derechos y las garantías, de las libertades de los ciudadanos, por eso respetamos el estado de derecho", expresa el comunicado, leído a la prensa por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ernesto González, informó la agencia de noticias ANSA.

El documento resalta que que las Fuerzas Armadas es "una institución organizada, jerarquizada, subordinada al interés nacional y también subordinada a la autoridad legítimamente constituida, a la autoridad máxima, como es el presidente de la República".

"Hacemos un llamado a la policía nacional, a los sectores de la sociedad civil, a que depongan su actitud para que el estado de derecho se mantenga, a que se restablezca el diálogo", concluye.

"Estamos al tanto de los disturbios por parte de las fuerzas de seguridad que se están llevando a cabo en Ecuador y seguimos de cerca la situación. EE.UU. deplora cualquier violencia que pueda estar vinculado con esos disturbios", dijo a Efe un portavoz del Departamento de Estado, Charles Luoma-Overstreet.

"Estados Unidos expresa su pleno apoyo al presidente Correa y a las instituciones de Gobierno democrático en Ecuador", agregó.

El portavoz añadió que Estados Unidos insta a toda la sociedad ecuatoriana "a que se una y utilice el diálogo, a través de las instituciones de gobierno democrático, para lograr una restauración del orden de forma rápida y pacífica".

Las protestas de policías de tropa por una reducción de sus beneficios salariales pusieron hoy en jaque al Gobierno de Quito, que ha decretado el estado de excepción y ha denunciado un intento de golpe de Estado.

Correa se encuentra encerrado en un hospital policial, a donde acudió por haberse lastimado una pierna en los incidentes en los que se vio envuelto tras dirigirse a los policías que tomaron uno de los mayores regimientos del país.

En medio de este panorama, la encuesta cualitativa que realiza entre empresarios del sector el propio INDEC, mostró un signo positivo en torno de las perspectivas del sector para las obras, tanto en el sector público como privado.

En efecto, entre los empresarios que se dedican principalmente a realizar obras públicas, el 21,4 por ciento de los encuestados cree que el nivel de actividad aumentará durante este mes, contra el 4,8 que disminuirá, mientras que el 73,8 sostiene que se mantendrá sin variantes.

En tanto, para las obras privadas, la encuesta muestra que el 33,3 por ciento considera que la actividad aumentará, mientras que el restante 66,7 por ciento no anticipa cambios.

La semana pasada, la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV) presentó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires una propuesta para desarrollar créditos hipotecarios con una tasa de interés de entre 4 y 9 por ciento, y hasta 30 años de plazo, para adquirir hasta el 70 por ciento de una nueva vivienda.

El anuncio contó con el apoyo de las instituciones del sector, entre otras, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), la Cámara Argentina de Construcción (CAC), Cámara de la Vivienda y Equipamiento Urbano (CAVERA) y la Cámara de Empresarios y Desarrolladores Urbanos (CEDU).

También se sumaron la Sociedad Central de Arquitectos, la Cámara Inmobiliaria de Argentina (CIA) y Colegio Único de Corredores Inmobiliarios la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), y fue presentado ante un auditorio compuesto de directivos de bancos, entidades financieras, economistas y empresarios del sector.

La propuesta de los empresarios apunta a que estos créditos se instrumenten a través del sistema bancario, y estarán respaldados por productos de inversión a largo plazo fondeados por inversores institucionales, individuos, empresas y el mismo Estado.

Más allá de estos anuncios, las estadísticas señalan que la superficie a construir registrada por los permisos de edificación para obras privadas en una nómina representativa de 42 municipios, registró durante agosto pasado una suba de 8,6 por ciento respecto de igual mes de 2009, y de 8,1 en comparación con junio.

Las ventas al sector de los insumos considerados para la elaboración de este indicador en agosto último registraron, en general, significativas variaciones positivas respecto de igual mes del año anterior, observándose aumentos de 13,5 por ciento en Hierro Redondo y de 9,6 en Cemento.

En conferencia de prensa, Sala sostuvo "que la Tupac se va con mucho dolor" de la CTA, al tiempo que aseguró que "nos nos vamos a ir a la CGT ni a crear ninguna central nueva". Sala ratificó su alineamiento con el oficialismo al afirmar "que quien habla es kirchnerista" y aseguró que no tuvo contacto "con nadie del gobierno nacional".

Por medio de un comunicado de prensa, el secretario general de Unasur señaló que "Sudamérica no puede tolerar bajo ningún aspecto que los gobiernos elegidos democráticamente se vean vistos presionados y amenazados por sectores que no quieren perder privilegios y prebendas".

Subrayó que "sería un gravísimo retroceso para la región que volviéramos a aquellas épocas en que las minorías imponían sus decisiones por el uso de la fuerza. El voto popular es el único camino legítimo para la toma de decisiones en nuestras sociedades".

"Le he propuesto a la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, reunirnos en Piura los presidentes de UNASUR para estar lo más cerca posible de Ecuador y pasar a la acción que sea necesaria", dijo García en Palacio de Gobierno.

Alan García explicó que concordó con Kirchner en enviar primero a los cancilleres de la región a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.

"Es un acto doloroso, una grosera intromisión de los gorilas que aún subsisten en América Latina", abundó el mandatario al condenar el intento de golpe en Ecuador que resiste el presidente Correa.

El mandatario enfatizó el "enérgico rechazo del gobierno peruano a cualquier acto de ruptura institucional" en Ecuador.

"Es un acto de insurgencia contra el pueblo ecuatoriano", acotó Alan García, quien señaló que "es repudiable cualquier insubordinación por parte de personal armado en contra de quien representa la voluntad popular".

Correa enfrenta la mayor crisis en sus casi cuatro años de gobierno con protestas de policías y militares que rechazan una ley oficialista que les quitará beneficios económicos.

Las comisiones organizaron audiencias públicas en las provincias de Chubut, Mendoza y Rosario, de las que participaron varias entidades de jubilados. El senador Rubén Giustiniani, autor de uno de los proyectos unificados, dijo que la ley beneficiará a "cinco millones de jubilados".

"La República Argentina condena estas acciones desestabilizadoras y respalda al Gobierno constitucional del Presidente Rafael Correa", agrega el comunicado.

Sostiene además que "América Latina no acepta más ataques a la democracia ni intentos de burlar la voluntad popular que se manifiesta en las urnas. La Argentina estará al frente de la defensa de la democracia y los Derechos Humanos conjuntamente con los países hermanos de Unasur y Mercosur".

En el comunicado, la Cancillería expresó "su confianza en la institucionalidad democrática del hermano país y en la autoridad política del Presidente constitucional, Rafael Correa Delgado, para encontrar el mejor encauzamiento en defensa de los altos intereses del Pueblo y el Gobierno ecuatorianos".

Se informó además que se está "en permanente contacto con las autoridades del Gobierno del Presidente Rafael Correa".

"No comparto absolutamente nada, salvo el dolor de esta lucha que comenzamos juntas todas allá en el 76 y 77, cada una en el tiempo que desapareció su hijo, fuimos aunándonos, juntando manos", afirmó Carlotto, quien estuvo el martes pasado en el escenario en el que Bonafini calificó de "turros" a los integrantes de la Corte.

"Ella (por Bonafini) es una señora que tiene un carácter especial, una forma especial, entonces en el sentido de su dolor y de su autonomía institucional la respeto, pero siempre aclaro que yo no comparto, no soy así, no tenemos porque ser iguales, cada una sabe qué es lo que siente y lo dice, y yo no soy quién para censurar a nadie, pero insisto, no comparto", recalcó.

La titular de las Abuelas de Plaza de Mayo aclaró en diálogo con radio Continental que "el camino es el mismo" con Bonafini respecto al reclamo de justicia por los crímenes que cometió la última dictadura militar.

"El camino es el mismo en la búsqueda de lo que nos quitó la dictadura, pero las palabras no son las mismas. Mi forma de expresarme no son las mismas, yo no incito a la violencia, tampoco agredo con palabras soeces", puntualizó Carlotto.

En esa línea, añadió: "Quiero llegar a la construcción de un país como soñaron nuestros hijos, pero también dándole a los jóvenes que están ahí expectantes de ver lo que decimos nosotras las personas mayores la palabra justa: la unidad, el trabajo en paz, no especular y no hacer violencia"

"No daré ni un paso atrás, si quieren tomarse los cuarteles, si quieren dejar a la ciudadanía indefensa y si quieren traicionar su misión de policías, traiciónenlos", exclamó Correa en un encendido discurso ante decenas de uniformados que tomaron el principal regimiento de Quito. "Este presidente, nuestro gobierno, seguirá haciendo lo que tiene que hacer", añadió.

Las manifestaciones tenían lugar en el principal regimiento de Quito y otros cuarteles de Guayaquil y Cuenca, pero la protesta más numerosa ocurría en la capital. Allí, los uniformados lanzaban arengas contra el proyecto oficial aprobado por la Asamblea, que derogó disposiciones que reconocían el pago de bonificaciones, comisiones o estímulos económicos por el cumplimiento de años de servicio.

La ley de servicio público también generó una crisis entre el gobierno del presidente Rafael Correa y su bloque legislativo, que el miércoles rechazó algunos artículos de la iniciativa, que prevén reducir la nómina estatal.

Debido a ello, el mandatario considera la posibilidad de disolver el Congreso y llamar a elecciones generales anticipadas, señaló la noche del miércoles la ministra de la Política, Doris Solis.

Tras una reunión con Correa, la funcionaria indicó que éste analiza ir a la "muerte cruzada", un mecanismo constitucional que lo faculta para disolver la Asamblea y convocar a elecciones generales en caso de que los congresistas obstruyan la ejecución del plan de desarrollo, grave crisis política o conmoción interna.

El torturador Luis Abelardo Patti afronta su primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. El ex policía comparte el banquillo de los acusados con el último dictador Reynaldo Bignone, con el ex jefe del Comando de Institutos Militares general Santiago Omar Riveros (ambos condenados a reclusión perpetua y presos en la cárcel para represores en Campo de Mayo), y con su ex jefe en la comisaría de Escobar Juan Fernando Mene-ghini, quien goza de arresto domiciliario en Mar del Plata.

El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, que integran Lucila Larrandart, Marta Milloc y Héctor Sagretti, y se desarrolla en el auditorio Hugo del Carril de José León Suárez.

Patti está internado en la clínica Fleni de Escobar, donde se recupera de un accidente cerebrovascular sufrido luego de una operación, y es trasladado cada lunes y jueves hacia la sala de audiencias.

El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, aseguró que está "consternado" por el secuestro y crimen del adolescente Matías Berardi, al que consideró "una salvajada", y dijo que sospecha que el muchacho pudo haber reconocido a sus captores.

"Lo único que pienso sin ser especialista en esto es que Matías los haya reconocido por ser del barrio o algo que haya pasado, porque no tiene ninguna lógica esta salvajada sobre un chico lleno de vida", dijo el ministro en declaraciones radiales.

Casal dijo que todo comenzó como "un secuestro exprés" y confirmó que en las primeras comunicaciones exigieron un rescate de solo 500 pesos. "No se entiende por qué se produjo la interrupción súbita de las negociaciones", aclaró el ministro, quien agregó que si las negociaciones seguían su camino normal "se podría haber terminado todo bien a las 8 de la noche" del martes.

En tanto, el gobernador Daniel Scioli adelantó que se realizarán "más allanamientos" y habrá "más detenidos", luego de los realizados esta mañana. Y agregó que "vamos a hacer todo lo que haya que hacer".

"Estamos conmovidos, como todos, por este trágico desenlace, desgarrador, un hecho salvaje, cobarde", señaló Scioli, quien indicó que "ya está muy avanzada la investigación con las detenciones que se están llevando adelante y con la información que tenemos para ponerlos a disposición de la Justicia, presos lo antes posible".

Dijo que "hay cuatro detenidos hasta el momento y aparentemente hay un menor también. Aquí hay que ver qué circunstancia fue la que generó este abrupto desenlace e interrupción de las negociaciones".

Garré explicó que "el proyecto no explica lo que se entiende por situación de riesgo, si es que los jóvenes hayan cometido algún delito o sean drogadictos". Remarcó que "la finalidad con jóvenes que puedan tener problemas es educarlos, formarlos, hacer que terminen el secundario o que lo hagan, y actualmente más del 50 por ciento de los soldados voluntarios no tienen su secundario terminado".

La titular de la cartera de Defensa consideró que en el proyecto "subyace la idea, la vieja idea de que el orden, la jerarquía, la autoridades y los mecanismos duros pseudo represivos va a mejorar" la situación de las personas.

A su vez explicó, en diálogo con radio Provincia, que con el proyecto se "desoyeron los informes de las tres Fuerzas Armadas que indicaban que no tenían prácticamente" lugares físicos para estos fines y que "hoy las instalaciones están adaptadas para el uso militar".

Para la funcionaria, la iniciativa "es inaplicable". "Me enoja porque se quieren dar señales de que se encuentran soluciones y están tan mal legisladas y tan improvisadas que no van a ser una solución", manifestó.

El paro, dispuesto por los 17 gremios docentes, fue ratificado el martes tras la reunión que realizaron los maestros con el ministro de Educación, Esteban Bullrich, quien, según los maestros, no les dio un respuesta satisfactoria al reclamo de una inmediata recomposición salarial.

Los docentes reclaman un aumento salarial, mejoras edilicias, la regularización de la situación de docentes suplentes e interinos que no cobran desde principios de año y el pago en tiempo y forma a los interinos y aumento del presupuesto.

El extenso debate se prolongó por más de ocho horas y media, entre las 20 de ayer y las 4,30 de hoy, luego de que hicieron uso de la palabra 39 senadores, mucho más de la mitad de los 69 presentes a la hora de votar. El proyecto inició su camino por el parlamento en septiembre de 2009, cuando fue respaldado por unanimidad en la Cámara de Senadores. Luego de que Diputados le introdujera modificaciones en agosto de este año, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Humano de la Cámara alta lo debatió en varias audiencias, a las que asistieron el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, su par de Medio Ambiente, Homero Bibiloni, y los gobernadores de las provincias mineras.

Ayer por la tarde, los integrantes de la Comisión le dieron dictamen de mayoría al proyecto sancionado por el Senado, en tanto que el dictamen de minoría respaldó casi todos los cambios introducidos por Diputados, menos el artículo 17 de la norma, que establecía que en las áreas potencialmente protegidas no se autorizará la realización de nuevas actividades hasta tanto no esté finalizado el inventario y definidos los sistemas a proteger. Ese artículo también remarcaba que ante la solicitud de nuevos emprendimientos, el Instituto Nacional de Nivología y Glaciología priorizará la realización del inventario en el área en cuestión.

La ley aprobada establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico.

Además de considerar a los glaciares como bienes de carácter público, indica que se entiende por glaciar a toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación.

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo.

Por otra parte, la ley crea el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.

El extenso debate giró en torno de la protección de las reservas de agua dulce y de los cuestionamientos y los respaldos a la actividad de la minería ubicada sobre la cordillera de Los Andes. El senador porteño Daniel Filmus, quien consensuó con el diputado Miguel Bonasso algunas de las modificaciones al proyecto original, dijo que "la Argentina puede estar tranquila de que vamos a tener una ley de protección de glaciares". El legislador agregó que "las Naciones Unidas definieron hace poco el derecho a tener agua como un derecho humano", y sentenció: "Tener agua es más importante que tener oro".

En tanto, el presidente de la Comisión de Ambiente, Eduardo Torres, criticó la sanción de Diputados al decir que "hubiera sido bueno que algunos soberbios de la Cámara baja, ya que iban a votar una ley de presupuestos mínimos como ésta, hubieran invitado a los gobernadores".

El jefe del bloque de senadores oficialistas, Miguel Angel Pichetto, advirtió que sus palabras no eran en representación del Frente para la Victoria, sino en nombre de algunos de sus integrantes ya que el debate atravesó de forma transversal a todas las bancadas. "El mejor proyecto es el que viene de Diputados, porque es más preciso, tiene más trabajo y desarrollo y es el que más límites le pone a la actividad minera en la zona de glaciares", expresó Pichetto, quien recordó que la ley de protección de glaciares "no es antiminera".

El titular de la bancada radical, Gerardo Morales, remarcó que "se ha generado un cambio cultural del cual deben tomar nota las mineras"; y agregó que esas empresas "son las primeras que deben respetar la Constitución, porque vienen y mienten, porque en el cerro nadie las controla".

El cuerpo de un adolescente de 16 años, que estaba secuestrado desde la madrugada del martes, fue hallado ayer en un descampado, al costado de la ruta provincial 6, a cuatro kilómetros del cruce con la Panamericana, en la localidad bonaerense de Campana. El chico, identificado como Matías Berardi, fue asesinado de un tiro por la espalda. El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, confirmó que el cuerpo “presenta un solo impacto de bala a quemarropa, y me arriesgo a decir que dispararon con el arma sobre el cuerpo, como si fuera una ejecución”. El funcionario, que se hizo presente anoche en el lugar del hallazgo, consideró que es “un caso extraño, que deja muy abierta la investigación” acerca del móvil del crimen. Causa sorpresa el desenlace, cuando los secuestradores, luego de cuatro contactos telefónicos con la familia de la víctima, habían acordado el pago de la suma de seis mil pesos. La recompensa no pudo ser entregada porque los autores del hecho no volvieron a llamar a los padres del chico para coordinar la entrega del dinero.

Los padres del joven, que viven en un country de Ingeniero Maschwitz, habían denunciado lo ocurrido ante la policía y estaba interviniendo, desde el principio, la Fiscalía Federal de Zárate-Campana. El cuerpo fue hallado ayer por un trabajador rural y fue reconocido por la familia. Casal dijo que se duda de que el chico “haya querido escapar” de sus captores y señaló que “es presumible” que pudo haber sido asesinado en el mismo lugar donde apareció el cuerpo. “Es un caso extraño y queda muy abierta la investigación judicial y no vamos a ser imprudentes al dar una información siguiendo la pista de secuestro extorsivo”, puntualizó Casal.

“Podría haber comenzado como un secuestro extorsivo, pero insisto en que no es un caso común”. La negociación con la familia fue interrumpida “en forma súbita por los delincuentes, sin ningún tipo de explicación”, comentó el ministro de Seguridad provincial. Al principio se había dicho que el cuerpo tenía tres balazos en la espalda, pero Casal confirmó que fue un solo disparo “que entró por la nuca”. Es posible que el chico haya estado arrodillado cuando recibió el balazo.

La familia había recibido cuatro llamados, siempre efectuados por la misma persona. En el primero habían solicitado, como rescate, una suma irrisoria: 500 pesos. En la cuarta comunicación hubo acuerdo verbal por 6000 pesos, pero nunca llegó el quinto llamado, para definir la forma y el lugar del pago. El jefe de la Policía Bonaerense, Juan Carlos Paggi, reconoció anoche que el asesinato de Matías Berardi es “un hecho atípico”, pero aseguró que “no va a quedar impune”. Paggi se trasladó al lugar del hallazgo del cuerpo, acompañando al ministro Casal.

El adolescente había concurrido, en la tarde-noche del lunes, a la disco Pacha, ubicada en Costanera y La Pampa, en la Capital Federal. Cerca de las cinco de la madrugada del martes regresó a su casa, en Maschwitz, a bordo de la combi de una empresa que realiza viajes diarios desde el country hasta distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. El chico, que estaba con unos amigos, habría bajado solo en Panamericana y ruta 26.

Antes de llegar a su domicilio fue interceptado por las personas que lo secuestraron. Media hora después de ser capturado, los padres de Berardi recibieron un llamado de su propio hijo, desde su teléfono celular. Quebrado por el llanto, el adolescente le contó a su padre lo que le estaba pasando y le pidió ayuda. Los padres escucharon allí, por primera vez, al negociador de los secuestradores, que les pidió, en ese primer contacto, la suma de 500 pesos.

De inmediato se hizo la denuncia ante la policía y se dio intervención al gabinete antisecuestros de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Zárate-Campana y al fiscal federal de esa jurisdicción, Orlando Bosca. La primera medida que se tomó fue intervenir todos los teléfonos de la familia, a la que se le brindó asesoramiento sobre cómo negociar con los secuestradores.

Hasta la noche del martes se recibieron cuatro llamados. La familia y los investigadores no tuvieron novedades hasta que, en la tarde de ayer, un trabajador rural halló el cadáver de un adolescente con el torso desnudo a un costado de la ruta provincial 6. Al comienzo intervino la comisaría de Campana y el fiscal de instrucción de turno del departamento judicial Zárate-Campana, Juan José Maraggi. Al ser identificada la víctima, el caso quedó en manos del fiscal Bosca, quien anoche estuvo en el lugar con Paggi, Casal y el jefe de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Hugo Matzkin. El padre del chico Berardi es un veterinario que tiene su consultorio en la zona de Escobar. Los investigadores están sorprendidos por las características del hecho. “No se entiende por qué lo mataron, cuando ya habían acordado el pago del rescate. Es extraño que se haya llegado al crimen por un rescate de seis mil pesos. Es un caso raro”, concluyeron. Desde 2002, Matías Berardi es la séptima víctima asesinada en el marco de un secuestro extorsivo (ver aparte).

Las medidas mínimas que pretenden evitar los delitos relacionados con las salideras bancarias fueron aprobadas ayer en el Senado y se convirtieron en ley. En adelante, todos los bancos del país y los cajeros electrónicos deberán incorporar elementos que impidan que los temidos “marcadores” puedan ver lo que hacen los clientes al acercarse a la ventanilla o a la máquina expendedora de billetes. También se bloquearán los celulares porque, se sabe, la prohibición de usarlos dentro del banco no se cumple a rajatabla. Además, se exige el blindaje del tesoro para el guardado de dinero o valores de terceros. Solo la senadora Elena Corregido votó en contra. Hace una semana, el Banco Central anunció otra serie de medidas para que los clientes eviten transportar grandes sumas de dinero.

El debate comenzó a las 13 y terminó a las 19. Comenzó con un discurso de presentación de los proyectos de la senadora Sonia Escudero, del Peronismo Federal. La salteña hizo alusión al caso de Carolina Píparo, la mujer embarazada que fue víctima de una salidera bancaria y perdió a su bebé a causa de los disparos que recibió durante el asalto. “Los bancos, en el último año, tuvieron ganancias por nueve mil millones de pesos”, informó la senadora salteña, tras lo cual señaló que esto “los pone en condiciones de afrontar mayores gastos en seguridad de los clientes”.

El proyecto, que fue aprobado en la Cámara de Diputados el 8 de septiembre pasado, incluye un sistema conocido como “barrera visual”, por el cual la operación que el cliente haga al llegar a la caja sólo será conocida por el cajero. Para esto se debe colocar una especie de mampara frente al mostrador para separar la cola o la sala con butacas donde las demás personas aguardan para ser atendidas. En el caso de los cajeros automáticos, las puertas y ventanas que generalmente son transparentes deberán ser opacas en su totalidad.

Según uno de los autores del proyecto presentado en abril, el diputado del GEN Gerardo Milman, “en la mayoría de los casos el delito de las salideras comienza dentro de la entidad bancaria a través de los marcadores, por eso hay que legislar para que estas instituciones asuman su cuotaparte de responsabilidad, se involucren y garanticen la seguridad de quienes acceden a sus servicios acercándose a las sucursales”.

El otro punto referido a las salideras es impedir cualquier tipo de comunicación por celular. Para ello, los bancos tienen que instalar inhibidores de señal de estos aparatos en el interior de las sucursales. A su vez, estos bloqueadores no pueden afectar las comunicaciones de los usuarios que estén fuera de la entidad ni interferir con los dispositivos electrónicos que se utilizan habitualmente en los bancos.

Los cambios no se limitan a la línea de caja. Los entidades deberán tener el tesoro blindado con cemento y acero para dificultar los robos hechos a partir de boquetes. Lo mismo ocurrirá con las cajas de seguridad de alquiler, en subsuelo o a nivel, que también deben estar separadas por paredes medianeras, a prueba de incendio y de violación por elementos mecánicos o soplete oxhídrico, y contar con dos puertas, una de las cuales deberá ser dotada de cerradura tipo triple cronométrica.

Al igual que en la Cámara de Diputados, sólo un legislador votó en contra. Se trata de la senadora oficialista Elena Corregido, quien no argumentó su decisión en el recinto. Sin embargo, allegados a la representante chaqueña aseguraron que su decisión tuvo dos motivos. “Ella cree que los bancos tienen que contratar más seguridad, privada o adicional por parte de la policía, que lo que se vota no sirve de nada. Y, además, la senadora está en la Comisión de Salud y sabe que hay sospechas de que los inhibidores de celulares pueden afectar a la gente que lleva marcapasos y ante la duda no quiso votar una cosa así”, señaló la fuente.

El 20 de septiembre pasado, la presidenta Cristina Fernández presentó medidas para favorecer la bancarización y evitar las salideras bancarias, que serán aplicadas por el Banco Central. Desde el mes que viene funcionará “la cuenta gratuita universal”, una caja de ahorro sin costos de mantenimiento a la que se podrá acceder con solo presentar el DNI y podrá tener un saldo máximo de diez mil pesos. Al mismo tiempo, se anunció que los débitos directos como el pago de los servicios o los de compras tampoco tendrán cargo.

Con el objetivo de evitar los traslados de dinero, se bajarán los costos que se hagan por Internet o por el cajero automático. Serán gratuitas hasta los diez mil pesos. La última medida, que correrá desde diciembre próximo, la implementación de los cheques cancelatorios, que serán en dólares sólo para el caso de la compraventa de inmuebles, motivo por el que Carolina Píparo se acercó al banco. Estos cheques tendrán aval del Banco Central y evitarán que la gente ande con esa cantidad de dinero por la calle. Esta operación tampoco tendrá costo: el mínimo es 20 mil pesos, el tope 400 mil.

Para el vocero de la Asociación Bancaria, la ley para evitar salideras, aprobada ayer, “no toca la cuestión de fondo: el hecho de que la gente saque a la calle tanto dinero en efectivo de los bancos”, lo cual se vincularía “con el funcionamiento en negro de casi la mitad de la economía”; además, “la ley no contempla jerarquizar y capacitar a los agentes de seguridad privada, que muchas veces son usados como ordenanzas”. Según el dirigente, “los banqueros vienen incumpliendo medidas de seguridad dispuestas hace ya tres años”.

Eduardo Berrozpe, secretario nacional de prensa de la Asociación Bancaria, sostuvo que “las salideras se vinculan, ante todo, con el hecho de que la gente debe retirar y transportar grandes cantidades de dinero en efectivo. Esto obedece, por una parte, a los costos del sistema financiero, especialmente la persistencia del impuesto al cheque, pero también con una cuestión de fondo: el hecho de que el 45 por ciento del mercado funcione en negro; todo el mundo sabe que, en la adquisición de inmuebles o automotores de segunda mano, es habitual que una parte de la operación se haga en negro”.

Para el dirigente bancario, “un aspecto de este funcionamiento es la voracidad empresaria, que quiere eludir el pago de impuestos. Cuando se escuchan noticias de empresarios que fueron asaltados tras retirar tantos miles de dólares en efectivo, muy probablemente los iban a utilizar para una operación en negro. No es, por supuesto, el caso de Carolina Píparo, que iba a comprar una vivienda familiar”.

“Otro aspecto sobre el que esta ley no legisla –señaló Berrozpe– es la necesaria capacitación y adecuada remuneración del personal de seguridad de los bancos: por más pantallas que se pongan en las cajas, el ‘marcador’ va a encontrar la forma de actuar, mientras el personal de seguridad no esté formado y motivado para identificarlo. La seguridad no debería estar tercerizada y este personal no debería cumplir funciones de ordenanza, como muchas veces sucede.” Según deploró el dirigente, “la Asociación Bancaria no fue consultada para la elaboración de esta ley”.

Además, “la autoridad de aplicación de una ley de este orden no debería ser el Banco Central, sino, como es obvio, el ministerio encargado de la seguridad pública, y de hecho debería funcionar un organismo especializado. Esta ley mantiene el criterio, que data de la dictadura de Juan Carlos Onganía, de dejar la aplicación a cargo del Banco Central, en atención a presiones de los banqueros”, agregó el secretario de prensa de la Bancaria.

La Anses se presentó ante la Justicia para denunciar al Grupo Clarín por “afectar los derechos de los jubilados”. El organismo previsional pidió la anulación de la asamblea de accionistas en la que se decidió no distribuir dividendos del ejercicio 2009, en el cual el holding declaró 290 millones de pesos. La Anses, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), tiene el 9 por ciento del capital social del grupo y pretende acceder a esa porción de las ganancias, equivalente a 26,1 millones de pesos. Ese dinero debería ingresar al fondo que resguarda los “ahorros” previsionales, de acuerdo con la interpretación oficial, pero en lugar de ello quedó en la caja de Clarín, adonde se acumulan 700 millones de pesos por utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores. El FGS denunció por la misma razón a Emdersa, un holding de distribuidoras eléctricas del Noroeste, y prepara otras presentaciones similares contra compañías que lo tienen como accionista.

El FGS está constituido por los activos que se tomaron de las AFJP tras su desaparición –cerca de 160.000 millones de pesos en la actualidad– y conforman una reserva para atender el pago de jubilaciones en el futuro, cuando empiece a pesar en las finanzas públicas el envejecimiento de la población, o para cubrir baches fiscales coyunturales y evitar rebajas de haberes como en 2001. Allí se destinan también los excedentes presupuestarios de la Anses. El dinero está invertido en bonos, acciones, plazos fijos y en fideicomisos para obras públicas, entre otros bienes. Las ganancias que arrojan esas colocaciones se incorporan al Fondo.

El equipo jurídico del FGS está analizando los balances de las 43 sociedades en las que tiene participación. Allí figuran bancos como el Macro (con el 30,9 por ciento de las acciones), Galicia (20,4), Patagonia (14,7), BBVA Francés (7,5) e Hipotecario (4,9), empresas de servicios públicos como Gas Natural BAN (26,6), Edenor (26,4), Telecom (24,4), TGS (23,1), Transener (18,8), Metrovías (8,5) y Metrogas (8,1) y diversas compañías como Siderar (26,0), Molinos (19,9), Juan Minetti (11,3), Aluar (9,3) y Petrobras (6,7), entre otras. Los técnicos del FGS buscan asegurar que las empresas los participen de las ganancias en los casos en que corresponda.

En esa tarea, los juristas detectaron “irregularidades” en varias firmas. Por ahora, se iniciaron dos demandas ante la Justicia para revertir la decisión de los controlantes del Grupo Clarín y de Emdersa, que en sus respectivas asambleas de accionistas resolvieron no distribuir dividendos y dejaron así a los jubilados, representados por el FGS, sin su parte en las ganancias. Las denuncias se extenderían en las próximas semanas a otras empresas por causas similares.

En el caso del Grupo Clarín, el ejercicio fiscal que cerró el 31 de diciembre de 2009 arrojó utilidades por 290 millones de pesos. Como se mencionó más arriba, el FGS reclama por el 9 por ciento de esa cifra: 26,1 millones de pesos. Los representantes del Estado en el holding se abstuvieron de votar en la asamblea del 22 de abril pasado, cuando se resolvió no repartir dividendos. “La compañía no dio ningún fundamento ni mostró la más mínima información para justificar su decisión, cuando el derecho por excelencia de los accionistas es participar de las ganancias”, indicaron fuentes oficiales a este diario. También reprocharon que mientras el holding retuvo las utilidades, empresas subsidiarias como Cablevisión y Artes Gráficas Rioplatense, entre otras, sí lo repartieron, pero allí los jubilados no entran. Página/12 se contactó con el Grupo Clarín, pero no obtuvo respuestas.

La Anses se presentó el 16 de julio pasado ante el Juzgado Nº 17 en lo Comercial con una medida cautelar para suspender los efectos de la asamblea respecto de la cuestión de las ganancias. Ese mismo día, en tiempo record, el juez Federico Guerri rechazó el planteo. El 10 de septiembre el organismo elevó la apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, y ese mismo día, también en tiempo record, la Sala B se excusó, por lo que fue necesario constituir un nuevo tribunal, que será el que defina el tema. Mientras tanto, sigue tramitando en el juzgado de primera instancia el fondo de la cuestión, que es el pedido de anulación de la asamblea.

Algo similar sucedió con la otra causa iniciada por la Anses, contra Emdersa, cuyas ganancias en 2009 fueron 38,5 millones de pesos. El FGS tiene el 21 por ciento del capital, por lo que reclama 8,1 millones para los jubilados. Aquí también hubo una cautelar rechazada en primera instancia y la Cámara está analizando la apelación.

El país tendrá una ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares. Aunque al cierre de esta edición, ya bien avanzada la madrugada, el Senado continuaba el debate sobre dos iniciativas en un final abierto por la paridad de fuerzas que ambas iniciativas recogen entre los senadores. La ratificación del proyecto iniciado por la Cámara alta que cuenta con el apoyo de la mayoría de las provincias cordilleranas y la modificación realizada en Diputados con medidas más restrictivas dividió al bloque kirchnerista y provocó fisuras en las bancadas del radicalismo y el peronismo disidente. La Presidenta se comprometió a no volver a vetar la ley cualquiera fuera la decisión que adopte el Congreso.

Aunque con matices, todos los sondeos previos le adjudicaban “una luz” de ventaja al proyecto aprobado por unanimidad del Senado. El primer muestreo fue la mayoría exigua que alcanzó la propuesta dentro de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, donde 8 de los 15 senadores que la componen firmaron el dictamen a favor de ratificar la iniciativa de la Cámara alta.

La presión que ejerció la mayoría de las provincias cordilleranas sobre los senadores logró modificar la tendencia a su favor. Siete de los diez gobernadores de esa región firmaron un documento que ratifica como propios los recursos naturales de sus territorios, incluidos los glaciares. Incluso, propusieron el texto de una ley provincial, que todos ellos se comprometían a ratificar, para que una ley nacional no condicionara su propia legislación.

Tres de ellos, encabezados por el sanjuanino José Luis Gioja, llegaron hasta el Senado con una propuesta de máxima: que no haya una ley nacional. La de mínima, era que si había ley, el texto fuera el aprobado por el Senado. Respaldado por el riojano Luis Beder Herrera y el jujeño Walter Barrionuevo, Gioja argumentó ante los senadores que la media sanción modificada en Diputados “iba en contra de la actividad minera, principal recurso económico de su provincia”.

Su hermano, el senador César Gioja, fue el encargado de reclutar voluntades a favor de esa postura. Los cuestionamientos a la iniciativa modificada en la Cámara baja se centraban en la definición de “áreas periglaciales”, en que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia) fuera el único organismo de aplicación sin contemplar a las provincias; y la paralización de los emprendimientos mineros en actividad hasta que el Ianiglia terminara el relevamiento de las zonas protegidas por la futura normativa.

Del otro lado, el también oficialista Daniel Filmus juntaba adhesiones a favor de la media sanción de Diputados, cuyo texto elaboró con el diputado opositor Miguel Bonasso. Sin embargo Filmus tuvo que apelar a algunas modificaciones en su intento de vencer la resistencia de algunos senadores que simpatizan con la propuesta y no relegar su posibilidad de convertirla en ley.

Filmus quitó del dictamen de minoría –que respaldaron seis de los 15 senadores de la Comisión de Ambiente–, el artículo 17 del texto de la Cámara baja. Allí se establecía que “en las áreas potencialmente protegidas por la presente ley, no se autorizará la realización de nuevas actividades hasta tanto no esté finalizado el inventario y definidos los sistemas a proteger. Ante la solicitud de nuevos emprendimientos, el Ianiglia priorizará la realización del inventario en el área en cuestión”. El senador justificó la eliminación argumentando que esas condiciones ya estaban establecidas en los artículos 2 y 15 del proyecto. Varios de los senadores que respaldan las medidas más restrictivas que incorporó la Cámara baja, también avalaron la decisión de Filmus aunque sostuvieron que “lo que abunda no daña”.

La eliminación fue cuestionada por quienes están alineados con los gobernadores cordilleranos. El neuquino Horacio Lores, del MPN, dijo que el Senado podía aprobar o rechazar la modificación de Diputados “pero no podía volver a modificarla”. Filmus ganó esa pulseada en el recinto, después de que el secretario parlamentario Juan Estrada afirmara que el sistema de revisión de leyes estaba en sintonía con el veto presidencial establecido en la reforma constitucional del ’94, por lo cual el Senado podía aprobar o rechazar todas o cada una de las modificaciones realizadas por la Cámara revisora.

Filmus también apuntó en el recinto a sumar voluntades. “No estamos en contra de la industria de extracción, bienvenida sea, pero que lo haga fuera de las zonas protegidas. Nuestra prioridad es el ambiente y el cuidado de la vida de la población”, dijo e instó a los senadores a dar “el tranco que falta” para no quedarse a mitad del camino.

Luego insistió en que el acceso al agua potable fue considerado por la ONU como “el derecho humano más importante después de la vida”. Por eso lanzó una comparación entre la necesidad de preservar el agua y la actividad de la minera canadiense Barrick Gold y el cuestionado emprendimiento de Pascua Lamas de extracción de oro en la provincia de San Juan. “Debemos preservar el agua para nuestros hijos y la futuras generaciones. En cambio el oro termina en lingotes en Suiza”, sentenció. Gioja, su principal adversario en el debate, debía esperar que pasaran una veintena de oradores para responderle. Pero aprovechó la intervención del radical santacruceño Alfredo Martínez para pedir una interrupción y dar su opinión, donde tampoco faltó una asociación con la Barrick. “Opino igual que él, debemos el tema de las regalías mineras. La normativa ha quedado vieja y su modificación significaría mayor equidad para las provincias. Pero tampoco matemos a la gallina de los huevos de oro”, soltó.

A medianoche todavía faltaban una veintena de oradores, entre ellos los jefes de cada bloque. La intervención de cada senador volvía a mostrar las opiniones encontradas y la paridad de fuerzas. La disputa se dirimiría en plena madrugada. Independiente de qué proyecto se apruebe, el mismo se convertirá en ley.

“El Fondo del Desendeudamiento para 2011 (7509 millones de dólares) será utilizado para cancelar los Boden 2012, el Bonar V, Par-Descuento y el cupón del PBI.” Con esta afirmación, el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, manifestó que los servicios de la deuda para el próximo año serán cubiertos casi en su totalidad con las reservas del Banco Central y el financiamiento intra sector público. La deuda a cancelar con el sector privado durante todo 2011 rondaría los 10.500 millones de dólares. Por otro lado, el funcionario aseveró que el Ejecutivo “seguirá buscando fondos frescos, pero sin caer en altas tasas de interés”. En este sentido, durante la visita de la comitiva presidencial a la ciudad de Nueva York, el ministro de Economía, Amado Boudou, recibió una oferta para colocar un bono por 1000 millones de dólares con una tasa del 8,75 por ciento. El Gobierno rechazó la oferta, ya que apunta a una menor tasa de interés.

Lorenzino concurrió a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados junto al viceministro, Roberto Feletti, y al secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezzoa. Tal como ocurrió la semana pasada, la oposición no tuvo tiempo de hacer preguntas y todo pasó a un cuarto intermedio. Mientras tanto, el oficialismo ganó tiempo en la discusión política del Presupuesto 2011.

Como parte central de su exposición, Lorenzino señaló que al 30 de junio de este año el stock total de la deuda del Estado asciende a 156.000 millones de dólares, de los cuales un 49,8 por ciento corresponde al sector público. “Como la mitad de nuestra deuda es intra sector público, el próximo año también nos seguiremos financiado de esta manera”, afirmó el funcionario cuando explicó los lineamientos del programa financiero para 2011.

Por otro lado, del total del stock de deuda, un 11 por ciento está en manos de organismos multilaterales (17.174 millones de dólares), mientras que el Club de París representa el 3,7 por ciento del total del stock, es decir unos 5871 millones de dólares. Sin embargo, uno de los datos más relevantes que brindó el secretario de Finanzas fue el nivel total de la deuda externa, que si bien representa un 35 por ciento del total del stock, equivale solamente al 17 por ciento del PBI.

En cuanto al canje de deuda realizado este año, el funcionario confirmó que la semana pasada se abonaron en efectivo 146 millones de dólares destinados a los tenedores minoristas por los intereses de sus títulos desde 2005 hasta este año. “Entre el canje de este año y 2005 quedaron afuera 6000 millones de dólares, de los cuales el 80 por ciento corresponde a los fondos buitre”, indicó Lorenzino.

Cuando habló de la deuda externa, el funcionario intentó eludir un tema relevante para la centroizquierda, que es el origen de dicha deuda. “¿Quiénes estaban detrás de los títulos en default? Eso es imposible saberlo por las características propias de los títulos, que son operaciones electrónicas. El emisor de la deuda no accede a esa información”, apuntaló Lorenzino. Fue una manera de adelantarse a los reclamos de Proyecto Sur, quienes plantean la necesidad de una auditoría de la deuda externa.

“Con el uso de las reservas del Banco Central, más el canje de deuda, mejoró el rendimiento de los bonos y se frenó la salida de capitales”, agregó Lorenzino. En lo que va del año, el Ejecutivo utilizó el 94 por ciento de las reservas estipuladas en el decreto del Fondea (de un total de 6500 millones de dólares). A los organismos multilaterales ya se pagaron 1609 millones.

La Comisión de Presupuesto, presidida por Gustavo Marconato (FpV), deberá convocar para la semana que viene una nueva reunión a la que asistirán nuevamente los tres funcionarios de Economía para responder las preguntas de la oposición. La exposición de Lorenzino finalizó a las 12.10.

–¿Todos tenemos que irnos a las 12.10? Yo me puedo quedar hasta la una –señaló Alfonso Prat Gay (CC).

Había una sesión prevista para las 14, que fracasó por falta de quórum. Para ese entonces, el macrista Federico Pinedo ya se había ido de la reunión disconforme con las exposiciones de los funcionarios. “No se le puede faltar el respeto al Congreso”, señaló Pinedo. Antes de pasar al cuarto intermedio, Marconato dijo: “Esperemos que más allá de su enojo, el PRO presente su propio proyecto de Presupuesto”.

El debate político por el Presupuesto 2011 tendrá un capítulo central en los reclamos que harán (y ya hicieron) los gobernadores de cada provincia. El dinero que distribuirá la Nación, tanto en concepto de obra pública como aportes del Tesoro, tendrá un peso central durante la discusión de este año, como antesala de lo que será el año electoral. Por ejemplo, en el total de obras plurianuales, las erogaciones para 2011 serán superiores en un 191 por ciento de lo que se había proyectado para este año (4186 millones de pesos). Las provincias que recibirán mayores recursos por este concepto serán Buenos Aires (397 millones), Córdoba (321 millones), Chaco (224 millones), Salta (265 millones), Chubut (149 millones), Tucumán (216 millones) y Santa Cruz (120 millones). Y las que menos fondos obtendrán serán Tierra del Fuego (40 millones) y San Luis (53 millones). A estos recursos, que están contemplados en el artículo 11 del proyecto de ley, habría que sumarles las erogaciones por otro tipo de inversiones, como por ejemplo vialidad, un tema clave para las provincias.

Por obras de vialidad, ítem que incluye mejoras y reposición de rutas, corredores e infraestructura para las concesiones, la provincia de Buenos Aires recibirá 1523 millones de pesos, es decir un 142 por ciento más que este año. Para la provincia del Chaco están presupuestados 261,7 millones de pesos, un 101 por ciento más que este año. Por su parte, La Pampa recibirá desde la Dirección de Vialidad un incremento del 162 por ciento (205 millones). Las grandes variaciones entre lo presupuestado para el próximo año y lo planificado en éste serán datos centrales a la hora de buscar voluntades para conseguir la sanción del Presupuesto 2011. Al menos, serán una herramienta de negociación para el oficialismo.

“En el Presupuesto 2011, las inversiones de la Dirección de Vialidad para Santa Fe equivalen el 5,2 por ciento del total, muy por debajo de lo que la provincia representa en el PBI nacional y los aportes a la recaudación”, se quejó Alicia Ciciliani (socialista). A esta provincia se destinarán 481,9 millones en rutas y caminos (paradójicamente, para Ciciliani son 573 millones) a lo que se suman recursos de obras públicas plurianuales por 268 millones de pesos, más los aportes del Tesoro (Fondo Federal Solidario y aportes financieros) por 810,5 millones de pesos, entre otros recursos.

Más allá de los lineamientos macroeconómicos, como la estimación de la inflación y el superávit primario, datos cuestionados por la oposición, la discusión que privilegian muchos legisladores (y gobernadores) son los fondos que van a cada provincia. Para 2011 se prevé una inversión total de 4186 millones de pesos en la contratación de obras o adquisición de bienes y servicios plurianuales. Todos los años, cuando promedia el debate en Comisión del Presupuesto, el Ministerio de Economía envía una segunda planilla con agregados de obras, como resultado de las negociaciones entre los legisladores, gobernadores y el Poder Ejecutivo.

El Senado otorgó media sanción al proyecto de ley que introduce en el Código Penal la figura de “desaparición forzada de personas”. La senadora del Frente para la Victoria Blanca Osuna (foto), firmante del proyecto junto a otros senadores, aseguró que la iniciativa “facilitará el trabajo de los jueces”. Esto es porque “por ejemplo para dictar sentencia a (el represor Antonio Domingo) Bussi y (el capellán de la Policía Bonaerense durante la dictadura, Christian) a Von Wernich los jueces debieron apelar a otras figuras penales”. Desde 1988 distintos legisladores ya habían intentado la modificación sin resultados favorables.

“Estamos cumpliendo con convenios que el Estado nacional había firmado y atendemos un reclamo de los organismos de derechos humanos”, señaló la senadora Osuna. El nuevo texto del artículo 142 del Código Penal que logró la media sanción establece penas de prisión de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua “al funcionario público o miembro de un grupo de personas que privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona”.

La versión del proyecto final fue una fusión entre los presentados por el oficialismo a través de Osuna, Pedro Guastavino y otros legisladores, con otro de los senadores de la oposición Sonia Escudero, Luis Juez y Norma Morandini, entre otros. Ello posibilitó que la aceptación del proyecto fuera de forma unánime en el recinto: 68 votos a favor y ninguno en contra. Otra de las medidas que estipula el proyecto es que en caso de “muerte la pena será de prisión perpetua. La misma pena se aplicará si la víctima fuere una mujer embarazada, menor de 18 años, mayor de sesenta años o una persona con discapacidad”, y agrega que “cuando la víctima sea una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre” corresponderá también la prisión perpetua como castigo.

Osuna explicó además que uno de los puntos más solicitados por los organismos de derechos humanos fue integrado al texto y, por ello, “el juez, de oficio o a pedido de parte, deberá apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la investigación” cuando la causa indique que algunos de sus miembros “pudieran estar involucrados como autores o partícipes en los hechos que se investigan”.

La intención de introducir la tipificación de “desaparición forzada de personas” ya había sido propuesta en el Parlamento con anterioridad. En 1988 lo había hecho el entonces senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, y sucesivamente lo reiteraron en diputados tanto la aliancista Graciela Fernández Meijide y el socialista Héctor Polino como la actual ministra de Defensa Nilda Garré y el subsecretario de Relaciones Parlamentarias, Oscar González.

El Gobierno apeló ayer la cautelar que suspendió la aplicación de la resolución 100, a través de la cual se había declarado la caducidad de la licencia de Fibertel dando 90 días para cambiar de compañía. La presentación se realizó en el Juzgado Federal Nº 4 de La Plata, a cargo de José Deglague, porque el juez Elvio Bautista Sagarra tomó la resolución y al mismo tiempo se excusó alegando que el tema no era de su competencia. Deglague se limitará a elevar el escrito a la Cámara Federal, instancia donde se deberá resolver la apelación.

Sagarra se expidió aplicando una medida de no innovar, pero en el mismo escrito sostuvo que “las presentes actuaciones deberán continuar su tramitación ante la Justicia Federal de La Plata”. La insólita actitud fue cuestionada incluso por Cristina Fernández de Kirchner. La Presidenta también sembró sospechas porque el expediente no le llegó a Sagarra después de un sorteo, sino porque estaba llevando un expediente caratulado “Asociación de Vendedores Ambulantes de la Provincia de Buenos Aires contra la Municipalidad de La Plata” y el juez admitió la radicación por conexidad por “tratarse de intereses colectivos difusos que se dicen vulnerados”. Luego puso el amparo y se excusó.

El equipo de abogados del Ministerio de Planificación, dependencia que estuvo a cargo de la presentación, argumentó que en el fallo de Sagarra no hay ningún fundamento que acredite que en este momento los usuarios estén siendo perjudicados por la medida ni que haya riesgos en un futuro cercano, porque la resolución 102 protege expresamente sus derechos, dejando en claro que la migración deberá garantizar igual calidad y costo del servicio.

De hecho, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Ernesto Marinelli ayer se manejó con más prudencia y antes de resolver sobre otro pedido de cautelar solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y a Cablevisión que le informen sobre las características del servicio de Internet en la Capital Federal.

Esta vez no hubo conferencias de prensa ni reproches mutuos, salvo el reclamo de que se descuenten de las dietas los días que los diputados no asisten a la sesiones. Pero el Grupo A volvió a paladear la impotencia de no conseguir quórum porque no logró sentar a todos sus legisladores en las bancas. Aunque sólo le faltaron tres de los 129 necesarios para habilitar el debate, el de ayer fue el segundo fracaso consecutivo del conglomerado opositor en una larga serie de frustraciones similares a lo largo de todo el año parlamentario. El kirchnerismo esperó tras los cortinados y su jefe de bloque, Agustín Rossi, fue el único que ingresó al recinto para pedir que se diera por caída la sesión. Afuera, volvió a repetir, como un déjà vu, el latiguillo oficialista: “Si la oposición es mayoría en la Cámara y en todas las comisiones legislativas, es la responsable de reunir el quórum para sesionar”.

Rossi entró al recinto a las dos y media de la tarde y desató la de-sesperación entre los legisladores opositores. “Señor presidente, ya pasó la media hora de espera reglamentaria y no hay quórum para sesionar, le pido que dé por caída la sesión”, dijo Rossi dirigiéndose a Eduardo Fellner. Alguien pidió “unos minutos más” de tolerancia y rápidamente muchos tomaron sus celulares para tratar de apurar a los ausentes. Diez minutos después Rossi reiteró el pedido. El tablero electrónico marcaba 127 diputados presentes –con Rossi incluido–, la oposición no logró sumar a ningún otro de legislador y la sesión se cayó.

Frente a la derrota, la peronista disidente Graciela Camaño fue la primera en reaccionar y pidió que se aplicara el reglamento y se descontara de la dieta a los diputados que “no hayan justificado su falta”. “Que se les descuente como lo sufre cualquier trabajador de una fábrica”, sentenció Camaño, y provocó la reacción del resto de los legisladores opositores, que aprobaron su reclamo con un aplauso. “Hagan lo que quieran, pero la sesión se cayó”, replicó Rossi para volver a dejar al desnudo el fracaso opositor.

Aunque las ausencias cruzaron transversalmente a todos los bloques opositores, hubo algunas más notorias. Fernando “Pino” Solanas no estuvo porque viajó a Italia para recibir un premio. Proyecto Sur tuvo, además, otros tres ausentes entre sus once diputados, entre ellos Miguel Bonasso. También faltaron los tres diputados del juecismo cordobés. Su referente político, el senador Luis Juez, sólo pudo justificar a uno de ellos y explicó que se ausentó “por enfermedad”. Hubo otras ausencias, justificadas o no, entre radicales, CC, peronismo disidente y el macrismo. Los sucesivos fracasos opositores de sesionar habían acumulado varios de sus propios proyectos sin que éstos llegaran al recinto. Una situación que para la oposición justificaba, en la previa, la necesidad de sesionar dos días esta semana. La falta de quórum volvió a postergar el temario que oficialistas y opositores habían acordado ayer por la mañana.

La propuesta opositora incluía una larga lista de proyectos, como la ley Anticorrupción; la creación de una comisión investigadora sobre el funcionamiento de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) y el pedido de informe sobre un estudio de la Auditoría General de la Nación (AGN) que plantea supuestas irregularidades en el órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi). También figuraba en el temario una iniciativa sobre la forma de distribución de los ATN y reforma al Impuesto a las Ganancias. El oficialismo había propuesto avanzar en el proyecto de ley de Servicios Domésticos que el Gobierno envió al Congreso. El tratamiento de una nueva ley de Trata de Personas había sido consensuado entre ambos sectores.

Los principales sindicatos docentes porteños cumplieron ayer con la primera jornada de un paro de 48 horas, tras el fracaso de la negociación a la que había convocado el ministro de Educación de Buenos Aires, Esteban Bullrich. La medida de fuerza afectó en especial a las escuelas públicas y, según la ceterista Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), tuvo un acatamiento del 95 por ciento.

La magnitud de la huelga fue admitida por las propias autoridades porteñas, que si bien salieron al cruce de los datos difundidos por los sindicatos, consignaron una adhesión del 80 por ciento entre los maestros. El Ministerio de Educación de la ciudad afirmó que los directores, en cambio, adhirieron a la protesta en un 50 por ciento. En el sector privado el acatamiento fue –de acuerdo con el parte oficial– “menor del 5 por ciento” y casi “no afectó” el dictado de las clases en esos establecimientos.

Además de la UTE, convocaron a la huelga Ademys, CAMyP, ADEF, Sedeba, AMET y los privados del Sadop. Los docentes porteños, que hoy cumplirán la segunda jornada de paro, recibieron la solidaridad de la Unión de Docentes de Buenos Aires (Udocba).

La medida de fuerza en la ciudad se concretó tras el fracaso de la negociación entre los gremios y Bullrich. El titular de la cartera de Educación de la ciudad había propuesto adelantar en un mes el pago de un aumento pero advirtió, a su vez, que descontaría los días de huelga, lo que terminó de irritar a los maestros.