Página#12 Libre

La frase resuena en los oídos rememorando aquella otra tan típica de los desencuentros argentinos, la de golpear la puerta de los cuarteles, pero aunque pudiera parecer exagerado no es una casualidad.

Durante muchos años, el conflicto de intereses en nuestro país se dirimió a través del partido militar. Cuando los grupos concentrados de nuestra economía creyeron que la democracia ya no podía ser funcional a sus intereses, recurrieron a los golpes de Estado, que se fueron desarrollando a lo largo de medio siglo con la consiguiente degradación del sistema institucional y moral, hasta llegar en 1976 a cometerse los crímenes más aberrantes que la condición humana pudiera imaginar.

En los últimos 25 años de democracia, el conflicto de intereses se expresó en “golpes de mercado”, levantamientos carapintadas, sumisión al neoliberalismo y estallidos sociales que pusieron al país al borde de la disolución. Sin embargo, en los últimos años (post-crisis) se pudieron llevar adelante reformas económicas, políticas y sociales que revirtieron el discurso hegemónico y el del fin de las utopías.

Pero cuando el país recobró la estabilidad macroeconómica, volvieron a la superficie de manera muy violenta las pujas por intereses sectoriales o particulares, que cuestionan el ejercicio del poder político. Lisa y llanamente, vienen por todo.

La batalla por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual debe inscribirse en esta puja por el poder, por su democratización o por su concentración, y después de pelearse casi 25 años en el Congreso, hoy los conflictos de intereses se disputan en los Tribunales. El problema es que en un estado de derecho, la Justicia debe aplicar las leyes, pero cuando esto no ocurre, cuando la Cámara Federal de Mendoza toma partido por la defensa de los grupos económicos en desmedro de las grandes mayorías y encima lo hace violando la Constitución, estamos frente a un problema institucional similar al de los “golpes de las puertas”.

El fallo de la Cámara es un disparate jurídico, pero básicamente es un tema político. Un diputado nacional, Enrique Thomas, luego de perder una votación en la cual no quiso participar, para deslegitimarla, recurrió a la Justicia de su provincia para que suspenda la aplicación de la ley. En nuestro sistema, los jueces velan por la constitucionalidad de la norma. Frente a un particular supuestamente damnificado, se puede suspender la aplicación de algún artículo de la ley para ese individuo en particular, hasta tanto se dirime la cuestión. En este caso, la jueza primero y la Cámara después se convirtieron en un suprapoder legislativo, derogando de hecho la ley que sancionó el Congreso y reponiendo la que había firmado Videla, que a su vez había sido derogada por el Congreso.

Este no es un trabalenguas, sino una cuestión institucional muy seria, ya que, de extenderse esta práctica, los jueces podrían decidir la suspensión de todas aquellas leyes que afecten determinados intereses, reemplazando al Congreso nacional y convirtiéndose en parte del conflicto.

La gravedad institucional se acentúa porque fueron algunos diputados y no las empresas los que propiciaron la medida. Si bien es cierto que hoy algunos partidos se han vaciado de contenido y se convirtieron en meros voceros de los intereses empresariales, no es menos cierto que el deterioro en los roles institucionales los pagamos todos. El diputado, en definitiva, está festejando que la Justicia cierre el Congreso o anule su funcionamiento.

Esta película ya la vivimos. Antes el Congreso era cerrado por un militar en defensa de los intereses económicos concentrados, hoy es desactivado por los jueces en defensa de los mismos intereses económicos concentrados. La responsabilidad para que esto no ocurra es del sistema político. Obviamente que confiamos en esta Corte, que ha demostrado su apego al derecho en cada uno de los fallos que tuvo que emitir, pero no se le puede exigir lo que corresponde a los miembros del Poder Legislativo y a los partidos políticos.

La pelea por la democratización en el acceso a los medios es central en una democracia participativa. Necesitamos movilizarnos nuevamente alrededor de este tema que no sólo se va a resolver en la Justicia sino que, como forma parte de una disputa más grande, sólo se resuelve con la participación política de las grandes mayorías. La redistribución de la palabra es indispensable en la lucha por la redistribución de la riqueza.

Hemos aprendido en todos estos años que la democracia se construye día a día.

* Subsecretario general de la Presidencia.