Página#12 Libre

La sangre finalmente no llegó al río. El kirchnerismo y el conglomerado opositor acordaron poner en funcionamiento la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo que analiza los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y los vetos presidenciales a las leyes sancionadas por el Congreso. En paridad de condiciones (ocho oficialistas y ocho opositores) la Bicameral funcionará sin presidente y fueron nombrados dos secretarios, uno por cada bando en pugna. Una decisión “transitoria” que peronistas y radicales sellaron el martes a la noche en un despacho del Senado. Ayer, y tras las explicaciones del ministro de Economía, Amado Boudou, la comisión emitió dictámenes por separado, a favor y en contra, de los DNU que crean el Fondo del Bicentenario para pagar deuda externa con reservas del Banco Central y la comunicación formal para emitir bonos de deuda hasta por 1500 millones de dólares en el mercado estadounidense, además del veto parcial a la Ley de Reforma Política. Los despachos serán analizados en marzo por diputados y senadores. Si el veto o cualquiera de los decretos fueran rechazados por ambas Cámaras, la resolución de la Presidenta quedaría sin efecto.

Después de algunas escaramuzas más formales que sinceras, la comisión empezó a sesionar pasadas las 10.30, cuando los 16 legisladores (ocho por bando) se acomodaron en los sillones del Salón Arturo Illia del Senado. Empantanados en la paridad de fuerzas para la designación del presidente de la comisión que cada bloque reclamaba para sí, el jefe de los senadores K, Miguel Angel Pichetto, propuso una solución salomónica: nombrar a dos secretarios “provisorios”, uno oficialista y uno opositor, para que dirijan el debate. El senador Gerardo Morales, que no integra la comisión, no dudó en aceptar la propuesta, que se gestó un día antes y de la que fue protagonista. El martes por la noche, el jujeño llegó hasta el despacho de Pichetto, donde también esperaba el diputado K Jorge Landau, para intentar destrabar las posturas más rígidas que amenazaban con paralizar el funcionamiento de la Bicameral. Entre todas las posibilidades que se barajaron allí, la de nombrar dos secretarios interinos en una conducción colegiada fue la que prosperó.

Los secretarios terminaron siendo los mismos candidatos que cada grupo proponía para la presidencia de la comisión. Diana Conti, por el oficialismo, a propuesta de los diputados Landau, Luis Cigogna y Patricia Fadel (que reemplazó a Agustín Rossi) y los senadores Pichetto, Nicolás Fernández, Marcelo Guinle y Beatriz Rojkés de Alperovich. Por la oposición, el radical Luis Naidenoff, respaldado por los diputados Juan Pedro Tunnessi y Rubén Lanceta (UCR); Enrique Thomas (PJ disidente) y Marcela Rodríguez (CC) y los senadores Ramón Mestre (UCR) y Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso (PJ disidente).

Pero el bloque K también tenía preparada su propia sorpresa. Boudou llegó hasta el Senado para exponer ante los legisladores la motivación de los dos DNU que involucran a su cartera y que la Bicameral analizaría. El ministro –que participó en dos de las tres horas que insumió el debate en la comisión– repasó los “logros” del Gobierno y justificó las decisiones presidenciales como “una señal” a los mercados financieros internacionales (ver aparte).

Conti aclaró que no estaban ante una interpelación del ministro pero habilitó las preguntas al funcionario. Aunque firmaron un dictamen conjunto en contra del DNU que crea el Fondo del Bicentenario y el que habilita la emisión de bonos de deuda en el mercado financiero estadounidense, cada legislador opositor quiso volcar sus propios argumentos. Uno a uno fueron desgranando las críticas a las decisiones presidenciales y hasta a algunas definiciones de Boudou.

Antes de retirarse, Morales anticipó los dictámenes del conglomerado opositor en contra de las decisiones presidenciales y recordó la carta donde los jefes de los bloques opositores advierten a los funcionarios del Central sobre las consecuencias legales que afrontarían si separan las reservas para el Fondo creado por la Presidenta. Naidenoff cuestionó la urgencia del DNU para pagar deuda “que empieza a vencer en febrero y se extiende a lo largo del año” y la contrapuso con la definición de urgencia que la Corte Suprema utilizó en una acordada sobre los DNU, antes de insistir en que debería haberse enviado un proyecto de ley al Congreso.

Rodríguez cuestionó la autorización al Ministerio de Economía para solicitar ante el mercado financiero de los Estados Unidos la posibilidad de emitir bonos de deuda hasta 15 mil millones de dólares: “Es claramente una subdelegación de facultades que el Congreso, por ley, sólo delega en la Presidenta y en el jefe de Gabinete”. Negre de Alonso se quejó de que Boudou hubiera explicado que las decisiones se tomaron para reconquistar la confianza perdida en el mercado de capitales tras el default declarado en 2002 por su jefe político, Adolfo Rodríguez Saá, que siguió el debate sin pronunciar palabra. “La suspensión del pago de la deuda fue para investigar el origen de la deuda pedido por el juez Olmos”, dijo Negre, confundiendo al denunciante (Ricardo Olmos) con el juez Jorge Ballesteros. Las respuestas llegaron desde los propios legisladores oficialistas antes que del propio Boudou. “No lo asusten más”, soltó Pichetto en referencia a la carta documento enviada al presidente del Central. “(Martín) Redrado no puede actuar aislado y sin consenso con la política económica del Gobierno”, insistió el rionegrino antes de afirmar que “ya no existe más el concepto de sagrado, de altar, en el que se pusieron la reservas” en las épocas de la convertibilidad. Eric Calcagno también defendió la política monetaria del Gobierno, que con la intervención del Central mantiene un tipo de cambio “que favorece a los sectores productivos” y señaló que “las reservas son un instrumento y no un fin en sí mismo”. El veto parcial de la Presidenta a la Ley de Reforma Política tampoco bajó el tono del debate, aunque mereció menor participación de los legisladores. Sobre ese tema también habrá dos dictámenes enfrentados (ver aparte).

Los tres dictámenes a favor y los tres en contra de las decisiones presidenciales llegarán al recinto en marzo, tras el comienzo de las sesiones ordinarias. El diputado radical Juan Pedro Tunnessi encabeza el pedido a los presidentes de ambas Cámaras, Julio Cobos y Eduardo Fellner, “para que habiliten las sesiones especiales en febrero, ya que la Constitución establece que las Cámaras deberán conocer en forma inmediata los dictámenes de la Comisión Bicameral” sobre los DNU. La idea no cosecha demasiado entusiasmo en el entramado opositor y mucho menos en el oficialismo.

Diferente es la adhesión que genera el pedido realizado ante Fellner para que revise la designación de los miembros de la comisión, donde la oposición reclama cinco de los ocho asientos reservados para los diputados en la Bicameral. Pese a que desde algunos bloques no estarían dispuestos a acompañar el reclamo si no hay una silla para sus representantes. En cambio, para el oficialismo es una cuestión ya definida: “Las designaciones son una facultad que la ley otorga a los presidentes de ambas Cámaras y no hay razón para modificarla”. Por las dudas, los senadores K también pidieron a Cobos cinco de los ocho lugares destinados a la Cámara alta.

Una vez que los dictámenes lleguen a los recintos, las situaciones serán distintas. La correlación de fuerzas podría provocar un revés para el oficialismo en Diputados, mientras los K tratarán de hacerse fuertes en el Senado, donde las cosas son mucho más parejas y tienen cierta inclinación favorable, para impedir que la oposición aseste un golpe a las decisiones presidenciales. Para revocar un DNU se necesita el voto negativo de ambas Cámaras del Congreso, mientras que para ratificarlo alcanza con el voto favorable de sólo una de ellas. Todo hace pensar que la disputa voto a voto será recién en marzo y no antes.