Página#12 Libre

Si no fuera por el inconfundible acento madrileño, su expansividad podría hacerlo pasar por un porteño. En su décima visita a Buenos Aires, el jurista Manuel Ollé Sesé dice a Página/12 que esta es su segunda patria. Hace trece años, las Madres de Plaza de Mayo le pidieron que las representara en el juicio que se desarrollaba en España, y desde entonces su vida fue otra. Especialista en derecho penal internacional y derechos humanos y profesor en universidades españolas y extranjeras, además de presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe), Ollé Sesé vino a presentar el informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) sobre la marcha de los juicios por delitos cometidos durante la dictadura. “Argentina es en la actualidad el mayor tribunal que está juzgando delitos contra la humanidad”, afirma. “Hay voluntad política de poner fin a la impunidad, pero detectamos que el andamiaje práctico tiene fallas”, cuenta sobre el informe de la FIDH.

“Probablemente estaría en un despacho universitario escribiendo de estafas y tentativas, más tranquilo, pero no lo cambiaría por nada, es una de las cosas hermosas que me han pasado”, dice sobre aquel momento en que Hebe de Bonafini le pidió que las representara en el juicio por genocidio y terrorismo de Estado en Argentina y Chile que instruía el juez Baltasar Garzón.

–¿Cuál fue el objetivo de esta visita?

–Una vez desterradas las barreras de impunidad, después de 2005, con la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y la anulación de los decretos de indulto, hace un año y medio vinimos a ver qué avances se estaban produciendo e identificar los obstáculos que hubiera para que los juicios avanzaran de la mejor forma. Gracias a las tres ligas asociadas a la FIDH, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Comité de Acción Jurídica (CAJ), se hizo un estudio empírico con una misión muy intensa, durante ocho días nos entrevistamos con operadores jurídicos, sociedad civil y organismos, como dicen ustedes. Presentamos las conclusiones en abril en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington. La presentación aquí iba a coincidir con el inicio del juicio ESMA, que se postergó, pero lo presentamos igual ante jueces, fiscales, Consejo de la Magistratura, Procuraduría, Secretaría de Derechos Humanos, entre otros.

–¿Cuáles son las conclusiones del informe?

–Hay una verdadera voluntad política de poner fin a la impunidad por parte de los tres poderes. Sin embargo, detectamos que el andamiaje práctico de cómo se tiene que realizar tiene diferentes fallas. Por ejemplo, los recursos materiales y humanos son insuficientes, las dilaciones que se producen en los juicios por recursos abusivos que se plantean, las recusaciones y excusaciones de los jueces, colapso de juicios en determinados tribunales. Cada día que permanece uno de estos crímenes sin juzgar juega en favor de los represores. Por eso pedimos que se hicieran replanteamientos a la hora de los juicios para agilizarlos. Propusimos acumulación y reorganización de los juicios, evitar la revictimización de las víctimas que peregrinan por juzgados para declarar por los mismos hechos, que haya protección de los testigos y los abogados y que los programas fueran eficaces también para fiscales y jueces.

–¿Considera que es necesario tipificar el delito de genocidio?

–Es imprescindible, es una obligación internacional que se está incumpliendo cada minuto que no se tipifica. Se nos ha informado que hay proyectos pero lamentablemente han caducado.

–¿Haría falta voluntad política para impulsarlos?

–Claro, pero no basta. Los tres poderes se deben poner de acuerdo, que no se pasen el balón unos a otros y que esa voluntad se materialice con medios, instrumentos y legislación adecuada. Nuremberg fue el juicio de los vencedores contra los vencidos, éstos son los juicios de las víctimas, de los organismos. Desde Europa lo vemos con mayor admiración que como lo ven ustedes, que se acostumbraron. Argentina es en la actualidad el mayor tribunal que está juzgando delitos contra la humanidad, es un ejemplo para la comunidad internacional, para la Corte Penal Internacional.

–¿Qué pudieron saber de los archivos que permanecen cerrados?

–En las recomendaciones pusimos que hubiera plena apertura de archivos, hemos detectado que no se sabe cuántos son, dónde están. No hay un inventario, pero podemos presumir que hay mucho que no se conoce.

–¿Cómo agruparían los casos para agilizar los juicios?

–El modelo más adecuado sería en función de las zonas de la época, y dentro de ellas, por circuitos represivos.

–¿Y cómo es posible evitar el exceso de recursos?

–Fomentando la oralidad. Se podrían rechazar recursos sobre los cuales la Corte ya se haya pronunciado, por ejemplo los que se refieren a la imprescriptibilidad. Son decisiones legislativas, de la Corte y de los jueces, dentro de su autonomía, que podrían definir si son abusivos o no.

–Cuando usted menciona que hay que juzgar a los cuadros inferiores, ¿sería juzgar a todos los represores por todas las víctimas? Quienes se oponen a esto sostienen que dilataría aún más los procesos.

–Por supuesto que el “todos por todos” implica mayor complejidad, pero en ese andamiaje que se debe realizar hay que implementar las estructuras necesarias para que sean todos por todos.

–Ante la ausencia de ese andamiaje, algunos organismos de derechos humanos sostienen que sólo habrá algunos juicios emblemáticos, más absoluciones y excarcelaciones y hasta ahí llegamos porque es lo posible.

–Con los juicios iniciados se tiene que facilitar desde el punto de vista político todo lo que los jueces demanden. Lo contrario sería una traición a las víctimas y a esa voluntad política que se ha implantado para realizarlos. Sería catastrófico, no colmaría las exigencias de justicia y hubiera sido una pequeña farsa, algo para contentar. No se puede cerrar, y si se hace es con todas las consecuencias y con toda la integridad.

–¿En qué medida la desaparición de Julio López fue un punto de inflexión?

–Es muy preocupante para la FIDH. Los testigos deben tener tranquilidad espiritual y personal para declarar. Hay esfuerzos importantes en la protección de testigos, pero está lejos de alcanzar la eficacia que nos gustaría. Tenemos una enorme preocupación por los resultados de la investigación de López, es un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas.

–España tuvo protagonismo en esos procesos de justicia universal, pero los crímenes del franquismo siguen impunes. ¿Cuáles son las razones?

–Estamos luchando por eso. Es una paradoja absoluta que el juez Garzón en estos momentos está siendo objeto de una querella por prevaricación. La última palabra la tiene el Tribunal Supremo, pero parece que no existe ni la voluntad política ni judicial necesaria para impulsar su esclarecimiento. Tal vez nos tengan que ayudar tribunales exteriores.

–¿Le interesa al ciudadano español o prefiere olvidarlos?

–Sí, en España hay interés, pero seguimos con la pelea ideológica entre franquistas y republicanos.

–¿Qué opina sobre la eficacia del Tribunal Penal Internacional?

–Soy el primero que la apoya, pero no tiene la eficacia que nos gustaría. Quiero una Corte Penal Internacional para que no sólo juzgue a los desvalidos, al sur, a los africanos, que juzgue a cualquier Estado, se llame Estados Unidos, Irak, China o como se llame.