Página#12 Libre

El anuncio que realizó ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzó a gestarse hace dos meses, cuando un grupo de legisladores del Frente para la Victoria, entre ellos el titular del bloque, Agustín Rossi, comenzó a trabajar en un proyecto de ley para otorgar beneficios a seis millones de chicos. La propuesta del kirchnerismo incluía la posibilidad de un aumento de las contribuciones patronales y la creación de algunos impuestos para recaudar los 10.000 millones de pesos necesarios para cubrir el plan. Sin embargo, lo que se iba a discutir en el Parlamento terminó por definirse en un decreto, mientras que para el financiamiento se optó por los fondos de la Anses, en detrimento de una canasta de tributos, que gravasen a los sectores de mayor poder adquisitivo. Según explicaron a Página/12 desde el oficialismo, se optó por la vía del decreto para evitar una confrontación con la oposición sobre los mecanismos de financiamiento –y sobre el concepto de universalidad– y por la falta de tiempos legislativos.

“Nosotros hicimos el análisis de cuánto costaría la asignación universal. Si fueran 135 pesos, habría que tener 6900 millones de pesos. ¿De dónde vamos a sacar esos recursos? Esa es la primera discusión que se deberá dar en el Congreso”, había dicho Fernández de Kirchner durante la presentación del plan para crear 100.000 empleos a través de cooperativas. Desde aquel anuncio de agosto de este año, los legisladores Mariano West, Héctor Recalde y Juliana Di Tullio comenzaron a trabajar en un proyecto de ley donde el punto más controversial pasaba por el financiamiento de la asignación.

Los diputados del oficialismo habían ideado un proyecto con una asignación de 135 pesos pero, luego del aumento de las contribuciones familiares, el monto subió a los 180 pesos, lo que arrojaba un total de 11.000 millones de pesos para alcanzar a los seis millones de chicos menores de 18 años, según los cálculos de los legisladores. Las propuestas sobre el financiamiento eran varias: en la mesa de discusión se consideró gravar parte de la renta financiera (fideicomisos y venta de acciones), un aumento de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, un Impuesto al Juego y la Herencia, entre otras posibilidades. Los ministros Carlos Tomada (Trabajo) y Alicia Kirchner (Desarrollo Social) fueron los primeros en avalar la iniciativa, a cambio de encontrar la fuente de financiamiento.

Los legisladores West, Recalde y Di Tullio comenzaron a consensuar el proyecto con ambos ministros en diferentes reuniones. En las últimas semanas se había sumado a la mesa de discusión el Ministerio de Economía. El funcionario designado fue Hugo Andrade, subsecretario de Programación Económica, un hombre que depende del viceministro Roberto Feletti. Según los cálculos de esta cartera, la decisión de gravar la renta financiera sólo hubiera aportado al fisco 1000 millones de pesos, más un conflicto político con el establishment financiero.

Los cálculos poco auspiciosos de Economía llevaron a los legisladores a proponer otra fuente de financiamiento: un aumento de las contribuciones patronales e incluir a las empresas de servicios públicos que, luego de las privatizaciones, quedaron eximidas de este pago.

La última reunión que mantuvieron los legisladores con Tomada fue durante un almuerzo realizado el martes pasado. Según había indicado West a Página/12, el aval político ya estaba y sólo restaba mantener un encuentro con la Presidenta, que estaba previsto para el próximo lunes. Sin embargo, los tiempos se aceleraron. Anteayer, luego de la visita que hiciera Boudou a la Cámara de Diputados para explicar los alcances de la suspensión de la ley cerrojo, el ministro le comunicó a Rossi que estaba “todo bien con la iniciativa” y que la plata iba a salir “de algún lado”. Por la noche, la Casa Rosada comenzó a cursar las invitaciones para el anuncio a gobernadores, ministros, legisladores y sindicalistas.

“La clave de la asignación universal por hijo es que pueda complementarse con la creación de trabajo genuino. De esta manera se podrá combatir la pobreza”, aseveró West desde Panamá, donde se encuentra participando de la asamblea parlamentaria Eurolat.

Finalmente, la asignación universal se definió por decreto y su financiamiento será a través de la Anses. Según justificaron a este diario desde el oficialismo, esto se resolvió así por la falta de tiempo parlamentario y para evitar una confrontación con sectores del establishment –tal cual había propuesto Economía– y con algunos dirigentes de la oposición.