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Un allanamiento a una de las cárceles federales de Ezeiza terminó por demostrar que, tal como reza el artículo 18 de la Constitución, las cárceles no son para mortificar ni castigar a los presos. La novedad surgió luego del allanamiento realizado por la Justicia federal entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, pero sólo pudo demostrar la aplicación del artículo constitucional a un reducido número de internos dentro de los más de 1700 presos de todo el penal: el allanamiento se realizó al sector del Módulo I del Complejo Penitenciario Federal I, donde se encuentran alojados algunos de los barrabravas de Boca; Mario Segovia, catalogado periodísticamente como el Rey de la Efedrina, y varios narcos extranjeros detenidos en función de mulas. Allí, según los investigadores, secuestraron hornos de microondas, celulares, notebooks, una cantidad imprecisa pero voluminosa de dólares, y dos mujeres que no formaban parte de la población penal. Después del descubrimiento, fueron desplazados temporariamente el director del módulo y cuatro colaboradores cercanos en línea descendente, por la sospecha judicial de que mediante pagos a funcionarios pudieran empequeñecer las fronteras de la mortificación.

La investigación, según fuentes del caso, se desarrolló en el Juzgado Federal 1 Criminal y Correccional de Lomas de Zamora, a cargo de Alberto Santa Marina. La repetición de denuncias de varios presos del Módulo I, referidas a diferencias en el trato, desató los pasos judiciales. El jueves pasado, a última hora de la noche, una comisión policial y equipo judicial desembarcó en el Complejo I, en Libertador y Corrientes sin número, en la localidad de Ezeiza. Allí, después de la sorpresa a la guardia, el grupo se dirigió al Módulo I, con capacidad para 300 internos, donde se encontraban Segovia y varios de los barrabravas de Boca,

En el sector, que de ahora en más se mencionará como vip y que corresponde a los pabellones H e I, los investigadores encontraron, según fuentes del caso, microondas, celulares, notebooks, una cantidad de dólares que algunos señalaban que llegaba a 15 mil y una cantidad de mujeres que algunos señalaban que llegaba a dos. Aunque para la mayor parte de la población penitenciaria, sus familiares y parte de la sociedad sea una obviedad, lo que se investiga no es el uso que daban los presos a sus días, sino cómo se las habían arreglado para ingresar dos mujeres y tanto equipamiento. Según la denuncia de otros internos, “los beneficios se cotizan hasta 1500 dólares por mes”, y por obvias razones, de los más de 1700 internos del penal (en el módulo son unos 300) no son muchos los que están en condiciones de contar con semejante suma.

Con lógica preocupación, el director del SPF, Alejandro Marambio, salió al cruce: aseguró a la agencia DyN que no fue un allanamiento, sino que se descubrió todo en una requisa. “Todo” significa tres celulares, 300 pesos y 100 dólares en poder de los barras, un módem para Internet que tenía Segovia. Negó que se hubiera encontrado un televisor con señal satelital, pero aceptó que había una mujer. No dijo ni se le preguntó por el horno ni las notebooks. Según la versión oficial, el orden de los factores no altera el producto: no fue un allanamiento, sino una requisa la que descubrió tanto efecto “prohibido” y luego se hizo la denuncia al juez. Según Marambio, no hubo allanamiento, sino que la Justicia federal se acercó a secuestrar los objetos requisados. A la mujer, si es que era una, no la llevaron, aunque es probable que sea citada como testigo. “Son demasiadas cosas juntas. Nos parece grave que el celador no tuviera ningún registro de lo que estaba ocurriendo”, aseguró Marambio.

De la versión oficial aclaratoria quedan algunas zonas a reforzar: más allá de si fue una requisa o un allanamiento, y suponiendo que es fácil ocultar un módem y tres celulares en un penal, dónde esconderían a la mujer y cómo la entraron. Y de ser cierto lo del microondas: qué familiar y dónde lo ingresó.

En principio, Santa Marina investiga al director del módulo, Alfredo Javier Senoff, al jefe de turno, al jefe de planta, al inspector de planta y al hilo más delgado, el celador, que estaban de guardia. Los cinco fueron apartados provisoriamente de sus funciones de verdadero interés penitenciario.

El sector vip, por definición propia, se diferencia del resto del Módulo I, incluso de los otros seis módulos del Complejo. Y más, del trato a los alrededor de 9 mil presos custodiados no tan debidamente por el Servicio Penitenciario Federal, si se consideran las denuncias de tortura fundadas no sólo en el sentido común, sino en estadísticas realizadas por el Instituto Germani para la Procuración Penitenciaria (difundidas por Página/12 y que desataran una curiosa defensa oficial al director del SPF) y en el trabajo de investigación de Claudia Cesaroni, “El dolor como política de tratamiento”, referido a jóvenes adultos presos en cárceles federales, entre tantas otras denuncias. Obviamente, ambas investigaciones no abundan sobre el tratamiento vip, sino sobre la vida bizarra de la enorme mayoría de los 9 mil presos por fuera del 18 y de tantos otros artículos de la Constitución.

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