Página#12 Libre

Lo que pareció un principio de acuerdo entre las partes del conflicto en Kraft (ex Terrabusi) y una tregua hasta el jueves, no garantiza que hoy haya calma en el predio de Pacheco, donde 3600 obreros y obreros fabrican golosinas, pastas y jugos. Tras siete horas de reunión, los ministerios de Trabajo nacional y provincial resolvieron que la empresa debe revisar los despidos y las suspensiones (que ayer hizo por los hechos del viernes) y permitir el ingreso de los miembros de la comisión interna a la fábrica, además de intimarla a que “garantice a los delegados suspendidos el ejercicio de sus funciones”. A los trabajadores movilizados desde hace 40 días por los iniciales 162 despidos los exhortó a “abstenerse de ejercer actos que afecten la circulación de personas o vehículos”. Y a “las autoridades de aplicación” pidió que gestionen “el retiro paulatino de las fuerzas de seguridad” de la planta.

Página/12 consultó a Oscar Coria, uno de los delegados suspendidos, si la crisis se encaminaba a una solución. “No porque se refieren sólo a la comisión interna, el resto quedamos a merced de la lista negra que arme la empresa, y encima pretenden sacarnos nuestra única herramienta de protesta que es el corte de calles y rutas”, expresó el representante gremial al salir del encuentro. Fue el final de una jornada en la que hubo una numerosa movilización de apoyo a los despedidos en Plaza de Mayo, y la empresa intentó normalizar su producción con la planta militarizada.

Por su parte, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, dijo desde Miami, donde se encuentra participando de un foro internacional, que “en su momento” recibió una llamada de la embajada de Estados Unidos, país que ayer emitió un comunicado expresando su preocupación por el resguardo de los “derechos laborales” y los “derechos de propiedad” (ver aparte).

De la reunión en La Plata, sede de la cartera laboral bonaerense, participó el secretario general del gremio de la Alimentación Rodolfo Daer, los representantes de la empresa, Sergio Prendone y Horacio Martínez, y varios delegados, entre ellos Ramón Bogado y Coria. “No es como dice Daer, es una resolución de la que sólo nos notificamos, por eso mañana veremos qué deciden los compañeros en la asamblea”, comentó Bogado cuando este diario le preguntó si hoy pensaban realizar cortes dada la exhortación de los ministerios en sentido contrario. “No hubo ningún acuerdo, la empresa está intimada a pagar los salarios, a permitir el ingreso de la comisión interna y a retirar de a poco a la policía, y el jueves volverán a ver el tema de los despedidos”, agregó.

Eran las cinco de la mañana cuando el primer turno de trabajadores y trabajadoras de Kraft se disponían a ingresar a la planta, pero nada indicaba que sería una jornada de “producción normal” como había anunciado la empresa. Unos 300 militantes de distintos agrupaciones de trabajadores y de desocupados, estudiantes universitarios y partidos de izquierda llegaron al ingreso de Henry Ford al 3200, donde fueron recibidos por los despedidos y sus familiares. El número de manifestantes no superaba al de los integrantes de la Infantería bonaerense, con la Caballería que participó el viernes del operativo represivo de desalojo. Todo el perímetro de la planta estaba rodeado y unos 250 uniformados, incluidos los de a caballo, recibieron a los empleados que ingresaban.

A medida que ingresaban los 700 operarios y operarias del turno mañana le indicaron a un grupo que limpiaran los restos de vidrios, piedras y perdigones, y al resto los llevaron a uno de los cursos para propiciar la incentivación e identificación del personal con la firma norteamericana. La producción no terminaba de arrancar, sólo un grupo de encargados activó una línea para envasar pasta que estaba acumulada en los silos. “En medio de ese clima el ánimo era no trabajar, pero no hubo asamblea ni nada porque tenían a su dirección afuera de la planta. No dejaron entrar ni a Bogado ni al resto de la comisión interna y cuando salió el turno mañana fue revisado por la policía, que estaba adentro con los caballos”, dijo Victoria Moyano (Ceprodh) a Página/12. “La fábrica está militarizada, parece una cárcel, hay aprietes de los gerentes que recorren las líneas con la policía a punta de pistola, y la gente está sin sus representantes sindicales porque no los dejaron entrar”, describió el delegado Christian Abarza. “La policía en los vestuarios reventó los cofres de muchos trabajadores, robó las pertenencias y rompió el resto, y cuando una delegada quiso hablar con los compañeros en el comedor la Infantería se la quiso llevar pero, como pasó la vez pasada, no los dejaron, les tiraron de todo”, completó César García.

Mientras los manifestantes corrían una carrera con la Gendarmería para ver quién llegaba primero a la Panamericana, los mensajes de texto que llegaban desde la fábrica anunciaba que unos cien trabajadores habían sido suspendidos por la empresa. Por las radios, Pedro López Matheu, vocero de Kraft, explicaba que la empresa produjo la “suspensión preventiva de 31 trabajadores por 15 días y con goce de sueldo”, porque sospecha que tuvieron “participación activa en los incidentes del viernes pasado, con actos de violencia e intimidación”. Tanto las suspensiones como la prohibición del ingreso de los delegados fueron comunicados por escribanas que repartían cartas documento.

Al anochecer comenzó la reunión en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires entre funcionarios con representantes de la empresa, con delegados, y con gremialistas por separado. Carlos Tomada, Oscar Cuartango y sus equipos entraban y salían de distintas oficinas, pero por todas partes encontraban la misma tensión y dureza de posiciones. “Hay falta da capacidad de diálogo y flexibilidad de ambas partes”, resumió Cuartango. Su segundo, Carlos Molina, había hablado un rato antes de “intransigencia”. Según pudo saber Página/12 acudieron diez delegados, de los cuales la mitad son despedidos, entre ellos Bogado, Oscar Coria y Javier Hermosilla. Contra este trabajador rige una medida cautelar que le impide entrar a la fábrica porque está acusado de “hechos violentos”. “Qué casualidad, es quien dirige el turno noche que es el más combativo, de los despedidos 85 eran de ese turno”, apuntó Moyano.