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Constitucionalistas, expertos en derecho administrativo y especialistas en comunicación dividieron opiniones sobre el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual, aunque coincidieron en la necesidad de “derogar la ley de la dictadura” y avanzar en la construcción de una nueva normativa para los medios de comunicación. El plenario de las comisiones legislativas que debate en el Senado la propuesta oficial tuvo ayer su jornada más extensa y diversificada de las cuatro que lleva realizadas.

Por la mañana fue el turno de los constitucionalistas. Alberto González Arzac defendió el proyecto; Bernardo Licht pidió un plazo mayor para que los grupos oligopólicos se desprendan de medios para adecuarse a la nueva normativa y Daniel Sabsay y Félix Loñ cuestionaron la injerencia del Ejecutivo en la autoridad de aplicación.

“Así como fue superada la dictadura militar, hoy debe superarse la dictadura de los medios de comunicación”, dijo Arzac. “No cabe duda de que los medios audiovisuales están en manos monopólicas y hay que terminar con este monopolio”, añadió el constitucionalista antes de sostener que la nueva norma debe analizarse “bajo la óptica” del artículo 42 de la Constitución, referido a la defensa de la competencia.

Desde la vereda de enfrente, Sabsay sostuvo que “el proyecto de ley resulta sumamente atractivo en cuanto a sus propósitos y enunciados”, pero incluye “puntos flacos”, como “la inseguridad jurídica, la violación a la propiedad privada y la discrecionalidad del Poder Ejecutivo”. A esa línea también adhirió Loñ. Más moderado, Licht se pronunció a favor de otorgar un plazo mayor a un año –como establece el proyecto– para que las corporaciones puedan desprenderse de las licencias que excedan el tope fijado por la futura ley. Las preguntas de los senadores y las respuestas de los constitucionalistas se extendieron hasta las 15.

Una hora y media después se reanudó el plenario con los especialistas en derecho administrativo. Ahí también se dividieron opiniones. “El artículo 161 es la regla de la apertura del mercado (de los medios audiovisuales de comunicación), la norma regulatoria. Es parte del artículo 42 de la Constitución y de la discrecionalidad que este Congreso tiene”, afirmó Eduardo Mertehikian, para quien “la jurisprudencia de la Corte Suprema avala este procedimiento”. Mientras, Valentín Thury Cornejo consideró que la “asignación del espectro radioeléctrico se realiza con carácter precario e impreciso”, que se presta a actitudes discrecionales, por lo tanto “deben asignarse con títulos jurídicos para proteger las inversiones”.

Aun con algunos reparos, las disertaciones de los especialistas en comunicación volcaron la balanza a favor del proyecto. Martín Becerra, profesor universitario e investigador del Conicet, fue contundente sobre la concentración de medios en la Argentina: “Los cuatro primeros actores (compañías) en televisión, radios y TV por cable acaparan el 78 por ciento del mercado. El 70 por ciento de los contenidos de televisión que se ven en el país se produce en el área metropolitana de Buenos Aires y el 86 por ciento de esa producción la realizan apenas dos canales. En tanto, el 50 por ciento del territorio nacional no tiene acceso a la televisión abierta”, enumeró Becerra, antes de insistir en la necesidad de terminar con “la concentración de contenidos y operadores”.

El subsecretario general de la Presidencia y ex interventor del Comfer Gustavo López trazó el recorrido de “frustraciones” en veintiséis años de democracia para terminar “con la ley de la dictadura amoldada (tras la década del ’90) a los intereses de las grandes empresas de la comunicación”. Preguntó: “¿Cómo un país que pudo juzgar a las juntas militares, una experiencia casi inédita en el mundo, y cambió su Constitución, no pudo darse una nueva ley de medios? Es debido a las dificultades y las presiones de los grandes grupos económicos y los grandes medios de comunicación”. Recordó que el Comfer está intervenido porque, según la ley vigente, debería estar al mando de militares: “No existe una estructura tan similar a la SIDE como el Comfer, nadie lo puede controlar, porque está ideado bajo la doctrina de seguridad nacional”, destacó López. Y concluyó que “ahora es el tiempo de cambiar la ley”.

Henoch Aguiar, especialista en telecomunicaciones, cuestionó aspectos del proyecto: que “las audiencias públicas sólo se establecen para renovar licencias y no para su adjudicación”; que “las licencias, que requieren un nivel importante de inversión, sólo sean adjudicadas por veinte años”; y abogó por “exigir más especificaciones para evitar la posición dominante”. Igual, consideró que “es un momento fantástico para poder hacer el cambio de ley” y propuso “lograr consenso para realizar una verdadera política de Estado”.