Página#12 Libre

Este apoyo quedó plasmado en una resolución aprobada por unanimidad al finalizar el 62 plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en la ciudad cordobesa de Villa María.

En este sentido, se expresó el vicerrector del CIN y también rector de la Universidad Nacional de Villa María (Córdoba), Martín Gill, que dijo que la nueva ley es "indispensable" porque la vigente "se encuentra viciada desde su origen por ser de la dictadura militar". "Las universidades siempre han abogado por una nueva ley reguladora de medios", dijo Gill.

En la misma línea se expresó el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Ruta, también integrante del CIN, que dijo que la nueva ley es "un gesto de coherencia" con lo que vienen haciendo las universidades, de abrir sus puertas para "reflexionar, discutir y debatir" esta ley.

"Por lo que las universidades vivieron durante la dictadura son concientes de que es insostenible una ley de medios como la que existe. La necesidad de una ley es impostergable y va más allá de las diferencias, incluso políticas, que puedan tener", dijo.

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Misiones, Aldo Caballero, ratificó esta postura y consideró la necesidad de su sanción "sin modificaciones en el Senado", teniendo en cuenta que es una ley que lleva "26 años de tratamiento".

Asumió que toda ley es "perfectible", como cualquier acto humano, y que en un futuro se "pueden perfeccionar algunos aspectos", pero dejó claro que en todo caso "es mejor que la que tenemos, que es de la dictadura".

Caballero señaló también el sentido "federalista" de esta ley y señaló que "ninguno de los canales de televisión disponibles en las localidades del interior del país informan sobre el clima local, sino que lo que se da es el clima en Buenos Aires".

En tanto, el vicerrector de la Universidad Nacional de Quilmes, Mario Lozano, destacó la "amplitud de voces" y las menores posibilidades de "situaciones monopólicas" que permite esta ley, y se preguntó "si los políticos de la oposición que se oponen se dan cuenta que alguna vez pueden ser gobierno y que los monopolios lo que hacen es "fijar la agenda política", en vez de que lo hagan los políticos democráticamente elegidos por el pueblo.

Lozano se refirió también a los condicionamientos financieros que pueden tener algunas organizaciones sociales a la hora de tener un espacio de radiodifusión, y explicó que pueden paliarse con "exenciones impositivas" y "mecanismos de financiación externos".

Dejó claro que "el epíteto que intentan adjudicar hoy a la ley, calificándola como Ley K a modo de insulto, en años futuros será vista como un orgullo y seguramente la oposición dirá que se trató de una ley votada por ellos y no una ley K, como dicen ahora en forma peyorativa".

En tanto, el consejo directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires declaró su apoyo al proyecto oficial, al resaltar que es el producto de "la movilización, perseverancia y madurez de amplios sectores de la sociedad" que "aportaron a la construcción del proyecto de ley".

En el escrito reivindican las mejoras al proyecto logradas en los foros, las audiencias públicas y el trabajo en comisión de la Cámara de Diputados.

Adrián Jarkovich, de la Asociación Argentina de TV por Cable (ATVC), y Alejandro Harrison, presidente de la Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (Cappsa), coincidieron en afirmar que la futura legislación debería mejorar las perspectivas de la televisión nacional sin afectar la situación de las empresas creadas en las últimas años.

Jarkovich afirmó que la cámara representa "más de 60 canales privados y una inversión que llegó a 3000 millones de pesos en la última década, especialmente en los últimos tres años y brinda 15.000 empleados".

El titular de Cappsa sostuvo que la diferenciación entre empresas nacionales y extranjeras "atenta contra principios consagrados en la Constitución nacional" (...) y la reducción del tiempo de publicidad "afectará la principal fuente de ingresos para el funcionamiento" de las empresas, porque "los recursos por suscripción son insuficientes, lo cual condenará a las empresas a una suba de los abonos".

El titular de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), Carlos Molinero, afirmó que el proyecto que tiene aprobación de Diputados "genera un desbalance en contra de la televisión gratuita". "De la lectura del proyecto, surge la intencionalidad política de debilitar la actividad comercial privada independiente", cuya continuidad, insistió, "no está asegurada", dijo.

Molinero advirtió que "de aprobarse tal como está" el proyecto condenará "a la televisión privada abierta a desaparecer". El dirigente empresario señaló además que "consideramos imperioso modificar" el artículo 161.

Más adelante, Molinero cuestionó que la Autoridad de Aplicación que prescribe el proyecto pueda otorgar licencias "de manera discrecional y sin parámetros técnicos" y recomendó que "no se asignen licencia sin estudio de factibilidad económica".

Carlos Molina, titular de ARPA, advirtió sobre "la magnitud del daño económico que va a generar" y se atrevió a afirmar que "en el mercado de la radiodifusión actual no existe ninguna empresa que tenga una posición de dominio".

El representante de la Federación Cooperativas de la República Argentina, Miguel Lange, señaló que las cooperativas "brindan infraestructura" a las empresas de cable, pero "no pueden brindar televisión por cable". Y agregó que "las cooperativas no son monopólicas, las cooperativas prestan servicios, pero al no haber fines de lucro no hay monopolio", argumentó Lange.

Por su parte, el empresario Julio Grossman, de la Cámara de Radios de Frecuencia Modulada, reclamó que la Autoridad de Aplicación sea "autónoma" del Poder Ejecutivo y que el Consejo Federal esté dividido en cinco regiones para hacerlo "más ágil".

Fabián Alegre, del Chaco, destacó que "es preciso contemplar a las pymes del cable y dar un espacio de reconocimiento a las inversiones realizadas". "La protección de la palabra es también la protección de las pymes. El interior del interior fue la génesis de la televisión por cable, hoy es el gran olvidado de este proyecto de ley", afirmó.

El nuevo acuerdo entre el Departamento de Comercio de Estados Unidos y el Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) crea cuatro paneles de control para estudiar el trabajo del ICANN en áreas claves.

Los paneles incluirán representantes de otros gobiernos además del de Estados Unidos y deberían ayudar a satisfacer los pedidos de una mayor participación internacional en este discreto pero poderoso organismo.

El ICANN es un organismo sin fines de lucro con sede en California que administra el sistema de nombres de dominio (Domain Name System, DNS) y las direcciones de protocolo de internet, que representan la columna vertebral técnica de la red.

Desde 1998 funciona en base a un acuerdo con la administración estadounidense de telecomunicaciones y de informática, dependiente del Departamento de Comercio.

Ese acuerdo expiraba este miércoles y fue reemplazado por un nuevo documento denominado "Afirmación de compromisos". El nuevo acuerdo ocurre en un momento especialmente crítico para el ICANN, preparado para expandir el número de dominios genéricos (gTLDs) como .com, .net y .org, una decisión controvertida que aumentaría fuertemente la cantidad de direcciones disponibles.

Por ahora las direcciones de internet sólo pueden ser ingresadas en caracteres romanos y el organismo también está bajo presión para que permita el uso de otros caracteres.

El director ejecutivo de la institución, Rod Beckstrom, estimó que el acuerdo representa "un nuevo paso emocionante en el desarrollo del ICANN como entidad verdaderamente internacional y confirma, de una vez por todas, que el modelo de participación pública del ICANN funciona, y funciona eficazmente", indicó

Beckstrom destacó que los informes periódicos sobre el desempeño del ICANN ya no serán entregados al gobierno de Estados Unidos. "Todos los reportes serán para el mundo; ese es el verdadero cambio", indicó.

Viviane Reding, comisaria europea encargada de esta área que ha pedido al ICANN convertirse en una "organización completamente independiente", celebró el nuevo acuerdo.

"Los usuarios de internet de todo el mundo pueden ahora esperar que las decisiones del ICANN sobre nombres de dominio y direcciones serán más independientes y más responsables, tomando en cuenta los intereses de todos", dijo en un comunicado.

"Si se implementa en forma efectiva y transparente, esta reforma puede encontrar una amplia aceptación entre la sociedad civil, las empresas y los gobiernos", añadió.

Los miembros de los paneles serán elegidos por el ICANN y un comité de asesoría de gobiernos. Estados Unidos mantendrá un puesto permanente solo en la comisión de responsabilidad.

"El Departamento de Comercio confía en jugar un papel activo junto a otros interesados en asegurar que el ICANN sea exitoso, responsable y transparente", indicó el subsecretario estadounidense para Comunicaciones e Información, Lawrence Strickling.

También las empresas recibieron con beneplácito el acuerdo. NetChoice, que agrupa asociaciones de comercio y de grupos de comercio electrónico como eBay, Yahoo! o AOL, celebró un acuerdo que "encontró lo que le faltaba al ICANN: una manera equilibrada de implicar a todos los gobiernos en el proceso de control junto a intereses privados, con una atención reforzada a la seguridad y al servicio de los internautas de todo el mundo".

Con estos resultados, en siete meses de 2009 el sector acumuló una caída de 2,8 por ciento.

El tribunal además ordenó al ex presidente (1990-2000) pagar una indemnización equivalente a 8 millones de dólares en favor del Estado y 1 millón en favor de 28 dirigentes políticos o periodistas espiados por su régimen.

Apenas leída la sentencia, Fujimori anunció que pedía una apelación de la sentencia, mientras que el fiscal José Peláez hizo lo propio por que consideró que la pena era muy baja.

En dos juicios previos de corrupción recibió 6 años y 7 años de prisión pero como en Perú las penas no son acumulativas sino que se aplica la mayor, prevalecerán los 25 años que recibió por los dos casos de violación a los derechos humanos por los que fue condenado en abril pasado.

En el caso de DDHH hay una apelación en curso pero analistas consideran muy difícil que se revierta la sentencia original.

Con la condena de este miércoles se cierra la etapa de juicios para Fujimori, de 71 años y presidente entre 1990 y 2000, quien llegó a Perú en septiembre de 2007 extraditado desde Chile, convirtiéndose en el primer ex mandatario en su país en ser llevado ante los tribunales.

En los dos años de procesos, realizados en la misma sede policial en Lima donde Fujimori permanece detenido, el punto más alto fue el proceso de 16 meses por violación a los derechos humanos.

El ex mandatario fue declarado autor intelectual de la matanza del distrito limeño de Barrios Altos en 1991 donde murieron 15 personas, y de la matanza en la Universidad de La Cantuta en 1992, donde fueron asesinados 9 estudiantes y un profesor.

Igualmente, fue responsabilizado por los secuestros de un periodista y un empresario, retenidos en los sótanos del Servicio de inteligencia del Ejército.

Ese juicio de DDHH permitió conocer cómo funcionaba el clandestino escuadrón paramilitar conocido como el Grupo Colina, creado para combatir a simpatizantes de la guerrilla de Sendero Luminoso.

Los procesos de corrupción -que incluyeron el uso de un fiscal falso para un allanamiento y el pago irregular de 15 millones de dólares a su asesor Vladimiro Montesinos- se saldaron con rapidez pues el acusado aceptó su culpa y se acogió a sentencias anticipadas.

Esto provocó la frustración de opositores del ex presidente, que consideran que al no haber juicio (sino solo sentencia) se impidió conocer las acciones irregulares del ex mandatario.

"La ausencia del proceso no permitió establecer cómo se usó el espionaje telefónico para chantajear empresarios y políticos", dijo este miércoles el ex congresista izquierdista Javier Díaz Canseco.

El ex presidente "ha admitido no solamente ser un ladrón, un corruptor de políticos que ha minado a los partidos políticos comprando congresistas, un virus que hoy continúa en el Congreso y que es más poderoso que la gripe porcina para la política nacional", agregó.

Si la derrota de Fujimori fue estrepitosa, sus adversarios creen que abriga aún cálculos políticos a través de su hija Keiko, la congresista más votada en la última elección parlamentaria en 2006 y candidata a la presidencial de 2011.

Para Carlos Raffo, el más caracterizado vocero fujimorista, "ahora le toca al fujimorismo iniciar la gran respuesta. Va ser política: a un juicio político, una respuesta política".

Eduardo Toche, sociólogo y analista político independiente, dijo a la AFP que "Fujimori tiene aún cálculo político" y sabe que si habla puede "complicar a mucha gente".

"Fujimori todavía considera que tiene capital político y podría administrar ese capital político, quizás no para ganar elecciones pero la bancada fujimorista (en el Congreso) tiene votos suficientes tanto para dar riendas a una decisión del ejecutivo como para trabarla".

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina advirtió que "no podemos acostumbrarnos a vivir con excluidos y sin equidad social", y criticó la primacía de la "lógica mercantilista" que no permite valorar el "serio daño" que la transferencia de capitales al extranjero ocasiona en las condiciones económicas y la estabilidad política de la Argentina.

"Me pregunto, les pregunto: ¿Qué podemos hacer para que estos recursos sean puestos al servicio del país en orden a saldar la deuda social y generar las condiciones para un desarrollo integral para todos?", interpeló al disertar junto al rabino Sergio Bergman y la Senador Hilda González de Duhalde, en un Seminario de Políticas Públicas organizado por la Escuela de Posgrado Ciudad Argentina, la Universidad del Salvador y la Universidad Carlos III de Madrid.

Bergoglio sostuvo que "en nuestro caso, la deuda social son millones de argentinas y argentinos, la mayoría niños y jóvenes, que exigen de nosotros una respuesta ética, cultural y solidaria", y estimó que esto obliga a todos los actores sociales, pero en particular al Estado, a trabajar para "cambiar las causas estructurales y las actitudes personales o corporativas que generan esta situación".

El purpurado porteño consideró además que "la realidad dolorosa" de la deuda social, sólo podrá modificarse "a través de un diálogo que permita lograr acuerdos para transformarla", al recordar que la deuda social exige "la realización de la justicia social".

En otro momento de su exposición, Bergoglio apeló a un texto de los obispos latinoamericanos para advertir que "los derechos humanos se violan no sólo por el terrorismo, la represión, los asesinatos, sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y de estructuras económicas injustas que originan grandes desigualdades".

El arzobispo insistió en que "la deuda social de la Argentina apunta contra la dignidad humana", por lo que consideró necesario "reconstruir el tejido social", para no violar "los derechos de los ciudadanos de poder desarrollar una vida plena, activa y digna".

"No podremos erradicar la exclusión y la pobreza -advirtió-, si los pobres siguen siendo objetos, destinatarios de la acción del Estado y de otras organizaciones en un sentido paternalista y asistencialista, y no sujetos, donde el Estado y la sociedad generan las condiciones sociales que promuevan y tutelen sus derechos y les permitan ser constructores de su propio destino".

En tanto, el rabino Bergman hizo una exhortación al compromiso cívico, y cuestionó la política y alianzas internacionales del Gobierno. "Caracas ya está en Buenos Aires, ahora hay que evitar que la Argentina sea Venezuela", arengó en tono apocalíptico.

A su turno, la senadora González de Duhalde instó a una "profunda autocrítica" del Partido Justicialista de la forma en que gobernó desde el retorno de democracia.

La información fue confirmada por intendentes que participaron este mediodía de una reunión con Scioli y Balestrini en la Casa de Gobierno y donde se abordaron detalles de la reforma impositiva aprobada por la legislatura la semana pasada.

Durante el encuentro, según se supo, Scioli anunció a los 45 jefes comunales del oficialismo que asistieron a la convocatoria, que la semana entrante presentará su renuncia al cargo de diputado nacional ante la justicia electoral con competencia electoral, a cargo del juez Manuel Humberto Blanco.

Lo mismo hará el vicegobernador Alberto Balestrini ante la Justicia Electoral de la Provincia, para rechazar el cargo de diputado provincial electo por la Tercera Sección Electoral.

Durante su reciente visita a los Estados Unidos, Scioli había ratificado con énfasis su decisión de no asumir y recordó que ya lo había aclarado "al otro día de la elección y punto".

Hoy lo ratificó con precisiones ante los intendentes, con quienes analizó la situación de la reforma impositiva aprobada por la Legislatura provincial.

"Es necesario, de una vez por todas atar la estructura fiscal de la provincia de Buenos Aires a la realidad urbana, rural y productiva", señaló el gobernador durante la reunión e hizo especial hincapié en la necesidad de un "sinceramiento" y una "búsqueda de la optimización de los recursos genuinos".

Scioli busca reducir el déficit bonaerense que ronda los cinco mil millones de pesos anuales y que tiene a la provincia en una compleja situación financiera.

Durante la reunión, el gobernador estuvo acompañado también por el jefe de Gabinete, Alberto Pérez; el ministro de Gobierno, Eduardo Camaño, y el de Economía, Alejandro Arlía, quien explicó los detalles de la reforma y trazó un panorama de la situación financiera para el último trimestre del año.

El ministro Arlía señaló que los jefes comunales "se mostraron muy satisfechos y conformes" con la medida que "refuerza la reforma de agosto de 2008 para darles más recursos a los municipios como una forma de fortalecer los servicios que tienen que prestar".

Horas antes de marchar hacia el Ministerio de Trabajo, el secretario de Relaciones Institucionales de esa agrupación advirtió que se viene una época de "mayor ajuste" y una "profundización de los despidos".

"Hay que prepararse porque van a querer profundizar los despidos. Desde la UIA se dijo que (las pérdidas de puestos laborales) iban a ser medio millón a fin de año, y ya van 250 mil", alertó.

En declaraciones a radio Continental, el sindicalista cuestionó la "demora" de la Casa Rosada en intervenir en el conflicto entre la empresa Kraft Foods y los trabajadores despedidos, así como la actitud oficial en otras controversias similares.

"El Gobierno defiende el interés de las empresas y de los grupos concentrados", lanzó el dirigente.

El ex secretario general de la CTA insistió en denunciar que el "Ministerio de Trabajo bicicletea permanentemente a favor de las empresas".

En tal sentido, sostuvo que eso queda permanentemente demostrado no sólo en la "conciliación obligatoria" dictada por la cartera laboral, sino en una "suerte de anuencia" que parece tener hacia "las presiones sobre las organizaciones sindicales y las comisiones internas" ejercidas por las empresas.

Para el dirigente gremial, frente a esto "no hay sanción" ni una "clara" disposición de la cartera laboral de "utilizar toda la legalidad para defender a los trabajadores".

Al alertar que "solamente hay delegados y comisión interna en el 12,7 por ciento de los establecimientos privados", De Gennaro sostuvo que el "trabajo en negro, la precariedad laboral y el autoritarismo es la moneda corriente".

Asimismo, criticó el reparto del dinero a las obras sociales por parte del gobierno central.

"Se ha sostenido un sistema de favorecer al sindicalismo empresarial", denunció.

Ante una pregunta, el dirigente justificó su alejamiento de la actual administración luego de la sintonía que demostró con el entonces presidente Néstor Kirchner al comienzo de su gestión.

"Yo no voté nunca a Kirchner, pero como dirigente de la Central de los Trabajadores Argentinos -yo en aquel momento era secretario general- planteaba alternativas y propuestas hacia una apertura" gremial y política, recordó el sindicalista.

Dijo, sin embargo, que "luego fue consolidándose una política del gobierno que iba cerrándose sobre la estructura histórica y tradicional del PJ y manteniendo una política económica que seguía beneficiando la concentración de la riqueza en pocas manos".

De Gennaro puntualizó que la manifestación de esta tarde de la CTA, desde el Obelisco a la sede de la cartera laboral, es en reclamo de una "mayor libertad y democracia" y la personería jurídica de esa agrupación.

"El Ministerio podría haberla aprobado ya hace tres años, la Corte Suprema hace un año atrás determinó en un fallo histórico ese derecho", rememoró.

El dirigente evocó que "nos fuimos de la CGT en el '92 y dijimos: 'hay que construir una nueva central'. La CGT debe tener de 2,5 millones a 3 millones de afiliados y nosotros tenemos aproximadamente 1,6 millones".

"Hubo una conciliación obligatoria, los despidos se comunicaron el 18 de agosto, y no fue prorrogada (la conciliación) por el Ministerio de Trabajo porque no había un tema laboral ni gremial, sino algo que investiga la Justicia Penal", dijo el directivo a radio 10.

López Matheu enfatizó que se está "en un Estado de Derecho, y todas las presentaciones y las denuncias que hemos hecho, con abundante documentación probatoria, están siendo investigadas por jueces de la Constitución. La defensa de los intereses se tiene que hacer en los Tribunales, y no mediante vías de hecho", puntualizó.

"La ocupación ilegal de la planta no tiene nada que ver con la defensa de los intereses de los trabajadores", dijo López Matheu, quien enfatizó que "hay 2700 trabajadores que trabajan normalmente, contra otros que, con violencia e intimidación, impidieron que la planta funcionase. Ahora se trabaja con normalidad", agregó.

En ese contexto, ratificó que la compañía no prevé "ningún ajuste, ninguna alteración de los esquemas de trabajo ni se piensa en eliminar ningún turno".

En declaraciones a radio del Plata, la viceministra de Trabajo, Noemí Rial afirmó que los trabajadores "no estuvieron solos" durante el conflicto que se inició el 18 de agosto pasado.

"Apenas comenzó el conflicto pedimos a la empresa que permitiera salir a algunas personas en condiciones especiales por la gripe A y la empresa fue muy dura, quiso esperar a las 0 hora del día siguiente y eso generó un clima muy hostil", recordó la viceministra de Trabajo.

Y prosiguió: "24 horas después, el Ministerio se reunió y dictó la conciliación obligatoria".

"Personalmente recibí a los delegados más de 10 veces y otros funcionarios de Trabajo lo hicieron en un número igual", señaló.

En ese marco, Rial consideró que "cuando se profundizan las posiciones de uno y otro lado, las posibilidades de encontrar un punto de equilibrio y diálogo es muy complicado.

Ramón Bogado y María Rosario intentaron entrar a la planta, pero se les impidió el acceso y tomaron nota de esta situación los cinco inspectores de las carteras laborales bonaerense y nacional que llegaron al lugar antes de las 6 de la mañana para corroborar si se estaba cumpliendo el acuerdo firmado entre las partes el lunes pasado.

El abogado de la comisión interna de los trabajadores, Juan Pablo Fiorini, denunció que "la empresa Kraft está violando esta tregua al no permitir el ingreso" de los delegados, no obstante lo cual adelantó que mañana irán a la reunión entre las partes "con la mejor de las predisposiciones".

Aclaró que hoy no está previsto que haya "ningún tipo de corte (de tránsito en la ruta Panamericana) bajo ningún punto de vista", en el marco de la tregua que acordaron con el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Por otra parte, salió al cruce de las declaraciones del titular de esa cartera, Carlos Tomada, quien advirtió que "hay algo detrás" de los cortes de tránsito en solidaridad con los empleados de la ex Terrabusi, a causa del despido de cerca de más de 150 trabajadores.

"Este es un conflicto gremial, de trabajadores, puro y simple, no hay nada escondido detrás, la prueba más clara es la situación que está provocando la propia empresa. Si el ministerio de trabajo intima es porque entiende que el pedido de los trabajadores es razonable, es lógico", añadió el abogado en declaraciones a radio El Mundo.

Sólo uno de los cinco delegados no se presenta para ingresar a trabajar porque hay una suspensión precautoria de un juzgado laboral de San Isidro, mientras hay dos en el turno mañana y dos en el turno tarde, ninguno de los cuales puede entrar.

"El baño de sangre del lunes no debe agregarse al clima de impunidad que reina desde hace decenios en el país", afirmó Navanethem Pillay en un comunicado.

Las fuerzas de seguridad de Guinea están acusadas de haber matado a por lo menos 157 opositores, según diversas ONG, y haber cometido actos de barbarie, incluyendo violaciones, durante la represión de una manifestación realizada el lunes en un estadio en contra de la eventual candidatura del jefe de la junta a la elección presidencial de enero.

"Tomo nota de la decisión de las autoridades guineanas de realizar una investigación para saber quién ordenó disparar contra los manifestantes", agregó Pillay, recalcando que es "esencial que dicha investigación sea independiente".

En Samoa occidental se contabilizaron hasta ahora un centenar de muertos, según la oficina de gestión de catástrofes. En Samoa Estadounidense perdieron la vida otras 19 personas, en tanto que en Tonga, otra isla de la zona, murieron otras diez.

El primer ministro en funciones de Nueva Zelanda, Bill English, aseguró en una conferencia de prensa en la ciudad de Wellington que hay "una considerable" cifra de víctimas. Se cree que entre los muertos hay numerosos turistas neozelandeses y australianos.

La costa sur de la principal isla de Samoa, Upolu, quedó completamente devastada. "Sufrimos una destrucción muy importante a lo largo de toda la costa, y muchos complejos turísticos fueron arrasados", indicó el viceprimer ministro Misa Telefoni.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró zona de desastre a Samoa Estadounidense, lo que permite la asignación de fondos de ayuda para la isla. Nueva Zelanda envió un avión de reconocimiento para colaborar en la búsqueda de supervivientes, según English.

La Fuerza Aérea se encuentra además preparada para enviar ayuda médica y material para construir albergues de emergencia en Samoa, ex colonia neozelandesa situada unos 2.800 kilómetros al noreste del país.

El observatorio geológico estadounidense precisó que el sismo, cuyo epicentro tuvo lugar unos 204 kilómetros al suroeste de Samoa, tuvo una magnitud de 8,0 grados en la escala de Richter. Previamente la había estimado en 8,3 grados.

Mientras las réplicas seguían sintiéndose en Samoa, los expertos registraron otros dos sismos de 5,6 grados y un tercero de 5,8 en la zona. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico levantó su alerta para países en el sur del Pacífico unas cinco horas después del primer temblor.

El caso que trata la desaparición, tortura y asesinato de las tres personas italianas mencionadas entre 1976 y 1977, había sido suspendido en 2005 luego de que se considerase que el represor no podía ser sometido a proceso por padecer "demencia".

Massera "debe ser considerada una persona con plenas facultades para ser juzgado, a pesar de los intentos de manipulación más o menos conscientes, con exagerados síntomas psíquicos ficticios", según el estudio médico.

El sumario sobre Massera, que fue apartado del proceso principal por la muerte y desaparición de los italianos, quedó suspendido en 2005, después de que un anterior informe pericial médico determinara que el acusado padecía demencia.

Anteriormente habían sido condenados en rebeldía a cadena perpetua los ex oficiales argentinos Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Ignacio Astiz, Jorge Raúl Vildoza y Antonio Vañek por la muerte de Angela Aietta Gullo, Giovanni Pegorato y su hija Susana, además del secuestro de la hija de ésta, nacida en prisión.

El Tribunal Supremo italiano confirmó el pasado 26 de febrero la condena a cadena perpetua de Astiz, ex oficial de la Marina argentina y el único que había presentado recurso.

El portavoz de la Policía, Ernin Cerrato, dijo que fueron detenidas 55 personas, incluyendo seis mujeres. "Los van a llevar a la fiscalía para valorar si han cometido algún delito", señaló.

Soldados y policías rodearon el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que era usado por cientos de trabajadores agrarios como residencia temporal para participar de las protestas en la capital contra el golpe.

Las fuerzas de seguridad actuaron bajo un controvertido decreto que restringe los derechos civiles anunciado por el régimen de facto.

El decreto "es ilegal absolutamente", dijo Rafael Alegría, líder agrario que llegó a la sede del INRA poco después del operativo policial.

"El INRA es de los campesinos, es un edificio de los campesinos que fue creado para impulsar la reforma agraria", agregó. "Los campesinos tienen todo el derecho de defender su institución, es una barbaridad".

"Ahora los llevan presos, en este momento puede ocurrir cualquier cosa, es un régimen dictatorial", concluyó el activista.

El plenario de las cuatro comisiones de la Cámara alta que analiza la iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados tiene previsto escuchar unas 14 disertaciones durante toda la jornada.

Según el cronograma previsto, la ronda comenzará a las 10 y se hará presentes a la mañana las asociaciones de Radiodifusoras Privadas (ARPA), de Telerradiodifusoras (ATA), Bonaerense de Televisión (ABT) y Radios Independientes (Arliba). También expondrán sus postura la Cámara de Radios en Frecuencia Modulada (Carfrem), la Confederación Cooperar y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc). A la tarde, la Asociación de TV por Cable (ATVC), las cámaras de Productores y Programadores (Cappsa) y de Cableoperadores Independientes (CCI), así como la Asociación de Programadores de Televisión (TAP), DirecTV y la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (Caltel).

Ayer, en el plenario de las Comisiones de Sistemas y Medios de Comunicación; Asuntos Constitucionales; Presupuesto y Hacienda e Industria y Comercio de la Cámara alta se continuó discutiendo la futura Ley de Comunicación Audiovisual, con la presentación de constitucionalistas y de especialistas en comunicaciones.

Además, los líderes de los principales bloques del Senado mantuvieron una reunión informal para tantear la posibilidad de ponerle una fecha a la discusión de la norma en el recinto de sesiones, que no sería hasta antes del 9 de octubre.

La decisión del Gobierno de elevar al rango de Ministerio a la secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, responde a la necesidad de "jerarquizar" el trabajo para el sector y tener "una expresión hacia afuera mucho más contundente", según manifestó Aníbal Fernández.

La candidatura fue presentada en conjunto por Buenos Aires y Montevideo al considerar al tango como una de las principales manifestaciones de la identidad de los habitantes rioplatenses, informó el gobierno porteño.

Desde Abu Dhabi, el ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi, dijo que "esta proclamación significa un reconocimiento y a la vez un compromiso para seguir fomentando la difusión del tango en sus diferentes estilos y estimulando la producción a través de concursos de música, canto, baile y poesía".

La declaración para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial del género se dio a conocer hoy ante la presencia de 400 delegados de todo el mundo reunidos en los Emiratos Arabes.

El documento había sido presentado ante la UNESCO en octubre de 2008 e incluido para su evaluación, mientras que en marzo último pasó la aprobación de los expertos externos.

El Ministerio de Cultura porteño convocó hoy a los vecinos a participar de una Gran Milonga Abierta que tendrá lugar este fin de semana en la emblemática esquina de San Juan y Boedo, de esta ciudad.

Una gran milonga, con la presentación de Susana Rinaldi y Rubén Rada, se realizará el sábado y domingo próximos en esta capital, para festejar que el tango fue proclamado hoy por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

La programación de los festejos previstos en San Juan y Boedo es la siguiente:

Sábado 3:

19 - Cantores de Típica.

19.45 - Exhibición de los Campeones Mundiales de Tango Salón 2009: Hiroshi y Kyoko Yamao.

20 - Gran Milonga Popular.

21.- Milonga con orquesta en vivo, con la presentación de Vale Tango. Junto a ellos, Ariel Ardit y Esteban Riera presentarán el tango "Veredas de las dos orillas" especialmente compuesto. Artista invitada: Malena Muyala.

Domingo 4

19. Rubén Rada estrena su tango especialmente compuesto para esta ocasión.

19.15. Susana Rinaldi y la Orquesta del Tango de la Ciudad.

20.- Exhibición de los Campeones Mundiales de Tango Escenario 2009: Jonathan Spitel y Betsabé Flores

20.15. Gran Milonga Popular con la Orquesta del Tango de la Ciudad.

Fuentes judiciales confirmaron que el represor Poch, imputado entre otros casos en los que tuvieron como víctimas a la joven sueca Dagmar Hagelin, a las monjas francesas Alice Domón y Leonie Duquet y al periodista Rodolfo Walsh, habría participado en los denominados "vuelos de la muerte", aviones que arrojaban cuerpos humanos al Río de la Plata.

El Consejo de la Magistratura comenzó ayer a tratar el caso de la jueza Rosa Parrilli, quien agredió verbalmente a dos empleadas de la playa de infractores del Obelisco. Ayer, la jueza pidió una licencia por quince días y mandó una carta al Consejo en la que se disculpa por lo acontecido. Por otra parte, el Instituto contra la Discriminación (Inadi) denunció penalmente a Parrilli en la Justicia federal. “Entendemos que este caso supera un acto de discriminación ordinaria, hubo amenazas y abuso de autoridad. No sé si estuvo bien o mal que le llevaran el auto, pero nada justifica tanta violencia”, comentó a Página/12, la titular del Inadi, María José Lubertino.

La suerte de la jueza en lo contravencional y de faltas porteña, quien maltrató y discriminó a Rocío Marlene Gómez y a María Itatí Albe, comenzó a dilucidarse en el Consejo de la Magistratura porteño, donde aclararon que el proceso durará como máximo 60 días. En ese tiempo, según comentó el presidente de ese cuerpo, Mauricio Devoto, “se analizarán todas las variantes que hay en la legislación”. “Esto puede dar lugar a desestimar la denuncia, a tomar alguna sanción si hubo una falta disciplinaria o a convocar un jurado de enjuiciamiento.” La idea, agregó Devoto, “es poder terminar esto lo antes posible”.

En el Consejo hay una Comisión de Disciplina que está encargada del caso y que ya está revisando dos denuncias, la del ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y un pedido del Inadi –paralelo a la denuncia penal– para que se enjuicie a Parrilli. Según admitió a este diario el secretario letrado de Devoto, Martín Casares, “no hay otros antecedentes de similar envergadura en el Consejo”. La jueza no puede percibir una sanción o ir a juicio. En ningún caso puede ser suspendida durante el proceso, aclaró el secretario.

Las sanciones contemplan “desde un apercibimiento o un llamado de atención hasta una multa pecuniaria de, a lo sumo, el 30 por ciento de su sueldo”. Otra posibilidad es que el Consejo –integrado por tres jueces, tres abogados y tres legisladores– decida acusar a la jueza e iniciar un jury en vista a su destitución. “En ese caso, el juicio estaría a cargo del Consejo y sería presidido por un miembro del Tribunal Supremo de Justicia porteño”, informó Casares. La destitución sería casi inmediata si Parrilli es encontrada culpable del delito doloso (o intencional) en la Justicia federal, donde se tramita el pedido del Inadi.

“Nosotros denunciamos amenazas y abuso de autoridad con dos agravantes: el del artículo dos de la ley antidiscriminación y el hecho de que es una funcionaria pública. Hay que ver qué decide el Tribunal Federal 11 sobre las figuras que pueden aplicarse. La condena, a lo sumo, podría ser de hasta seis años y es excarcelable. Si la encuentran culpable de estos delitos, le quedaría una condena en suspenso o tendría que hacer una probation”, dijo ayer María José Lubertino, respecto de la denuncia penal del Inadi.

La jueza increpó a las empleadas diciendo: “Todas morochas, ni una rubia contratan”. Respecto de esa actitud discriminatoria, Lubertino comentó que “son casos muy frecuentes”. De hecho, agregó, existe un programa en el Inadi llamado “empresas por la diversidad”, en el que entrena al personal que afronta estas situaciones. “Tratamos de enseñarles cómo manejarse y a la vez aconsejamos a las empresas que abran áreas para tratar estos problemas, que roten a los empleados que atienden al público y dispongan de personal jerárquico en caso de que los clientes se excedan”, detalló. Lubertino aseguró que mucha veces la bronca de los usuarios se transmite de manera violenta y discriminatoria. Es lo que se ve en el video de seguridad difundido la semana pasada, cuando la jueza trata de “tontita” a una empleada. El maltrato, concluyó la titular del Inadi, ya es moneda corriente en los servicios telefónicos de atención al cliente: “Incluso dimos entrenamiento a los que cortan los boletos en el tren, ellos discriminan y también son discriminados. Pasa en muchos lados”. Parrilli se tomó “licencia ordinaria” desde el 28 de septiembre hasta el 15 de octubre debido a que trabajó durante los períodos de feria judicial de 2008 y 2009. En una carta dirigida al Consejo de la Magistratura porteña, la jueza pidió disculpas a la ciudadanía y a las empleadas agredidas el 15 de septiembre pasado. El proceso en su contra continuará hoy con una nueva audiencia en la sede del Consejo, en Leandro Alem 684, donde concurrirán las dos empleadas insultadas y amenazadas y el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Guillermo Montenegro.

Parrilli debe 29 multas. Hay otras nueve que no se le cobraron y que ya generaron una fuerte discusión –también ante cámaras– entre la controladora que se las perdonó, Mabel Angotti, y su superior Daniel Prestti.

El martes 6 de octubre, cuando cumpla sus dos primeras semanas en el centro penitenciario Picassent, en Valencia, el ex piloto naval Julio Alberto Poch deberá responder ante la Justicia de España si acepta o rechaza su extradición a la Argentina. La detención del oficial retirado de la Armada, que confesó su participación en “vuelos de la muerte” ante sus compañeros de la aerolínea comercial Transavia, fue solicitada por el juez federal Sergio Torres luego de una investigación judicial del fiscal holandés Ward Ferdinandusse, miembro del equipo de Crímenes Internacionales del Ministerio de Justicia del Reino de los Países Bajos.

La confesión de Poch tuvo lugar luego de que sus compañeros de Transavia calificaran de “régimen criminal” al último gobierno de facto, que tuvo entre sus funcionarios a Jorge Zorreguieta, papá de la mujer que se casó y tuvo hijos con el príncipe de Holanda. A diferencia de lo que ocurre en las líneas aéreas argentinas, donde no faltaron confesiones de ex pilotos y ex mecánicos militares, los holandeses no dudaron en recurrir a la Justicia. “Era mi obligación como persona y ciudadano del mundo”, explicó Geert Geroen Engelkes, ex jefe de Poch.

La semana pasada, en un comunicado interno, Transavia informó a sus empleados que conoció los rumores sobre la confesión de Poch en 2006. Según informó la prensa holandesa, cuando la empresa le pidió explicaciones, Poch negó su participación en los vuelos. La dirección de Transavia agregó que se sintió respaldada por una investigación protocolar del servicio de inteligencia holandés AIVD, que cada cinco años realiza un examen de seguridad a todos los pilotos. Poch aprobó el suyo en 2004.

El martes pasado, Poch invitó a su esposa y a su hijo mayor, que hizo de copiloto, a acompañarlo en su último vuelo antes de jubilarse: Amsterdam-Valencia. El ex marino de 57 años había comprado allí un departamento en Avenida de La Mota número 32, frente a la playa de Xeraco, que no llegó a habitar: fue detenido en el aeropuerto de Manises. El 6 de octubre declarará en Madrid ante Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional.

Poch es el primer detenido por arrojar personas vivas al mar durante la dictadura, método aplicado por las tres Fuerzas Armadas con el visto bueno de la jerarquía eclesiástica, según declaró en 1995 el capitán Adolfo Scilingo. Tanto oficiales como suboficiales y civiles, pilotos, mecánicos, invitados especiales y capellanes como Luis Antonio Manceñido y Alberto Angel Zanchetta, mencionados por Scilingo como partícipes y responsables de sedar la conciencia de los asesinos, permanecen libres en la Argentina. Página/12 informó hace tres semanas sobre otros dos victimarios confesos: el capitán Hermir Sisul Hess y el suboficial Rubén Ricardo Ormello, radicados en Bariloche y Mendoza respectivamente.

Constitucionalistas, expertos en derecho administrativo y especialistas en comunicación dividieron opiniones sobre el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual, aunque coincidieron en la necesidad de “derogar la ley de la dictadura” y avanzar en la construcción de una nueva normativa para los medios de comunicación. El plenario de las comisiones legislativas que debate en el Senado la propuesta oficial tuvo ayer su jornada más extensa y diversificada de las cuatro que lleva realizadas.

Por la mañana fue el turno de los constitucionalistas. Alberto González Arzac defendió el proyecto; Bernardo Licht pidió un plazo mayor para que los grupos oligopólicos se desprendan de medios para adecuarse a la nueva normativa y Daniel Sabsay y Félix Loñ cuestionaron la injerencia del Ejecutivo en la autoridad de aplicación.

“Así como fue superada la dictadura militar, hoy debe superarse la dictadura de los medios de comunicación”, dijo Arzac. “No cabe duda de que los medios audiovisuales están en manos monopólicas y hay que terminar con este monopolio”, añadió el constitucionalista antes de sostener que la nueva norma debe analizarse “bajo la óptica” del artículo 42 de la Constitución, referido a la defensa de la competencia.

Desde la vereda de enfrente, Sabsay sostuvo que “el proyecto de ley resulta sumamente atractivo en cuanto a sus propósitos y enunciados”, pero incluye “puntos flacos”, como “la inseguridad jurídica, la violación a la propiedad privada y la discrecionalidad del Poder Ejecutivo”. A esa línea también adhirió Loñ. Más moderado, Licht se pronunció a favor de otorgar un plazo mayor a un año –como establece el proyecto– para que las corporaciones puedan desprenderse de las licencias que excedan el tope fijado por la futura ley. Las preguntas de los senadores y las respuestas de los constitucionalistas se extendieron hasta las 15.

Una hora y media después se reanudó el plenario con los especialistas en derecho administrativo. Ahí también se dividieron opiniones. “El artículo 161 es la regla de la apertura del mercado (de los medios audiovisuales de comunicación), la norma regulatoria. Es parte del artículo 42 de la Constitución y de la discrecionalidad que este Congreso tiene”, afirmó Eduardo Mertehikian, para quien “la jurisprudencia de la Corte Suprema avala este procedimiento”. Mientras, Valentín Thury Cornejo consideró que la “asignación del espectro radioeléctrico se realiza con carácter precario e impreciso”, que se presta a actitudes discrecionales, por lo tanto “deben asignarse con títulos jurídicos para proteger las inversiones”.

Aun con algunos reparos, las disertaciones de los especialistas en comunicación volcaron la balanza a favor del proyecto. Martín Becerra, profesor universitario e investigador del Conicet, fue contundente sobre la concentración de medios en la Argentina: “Los cuatro primeros actores (compañías) en televisión, radios y TV por cable acaparan el 78 por ciento del mercado. El 70 por ciento de los contenidos de televisión que se ven en el país se produce en el área metropolitana de Buenos Aires y el 86 por ciento de esa producción la realizan apenas dos canales. En tanto, el 50 por ciento del territorio nacional no tiene acceso a la televisión abierta”, enumeró Becerra, antes de insistir en la necesidad de terminar con “la concentración de contenidos y operadores”.

El subsecretario general de la Presidencia y ex interventor del Comfer Gustavo López trazó el recorrido de “frustraciones” en veintiséis años de democracia para terminar “con la ley de la dictadura amoldada (tras la década del ’90) a los intereses de las grandes empresas de la comunicación”. Preguntó: “¿Cómo un país que pudo juzgar a las juntas militares, una experiencia casi inédita en el mundo, y cambió su Constitución, no pudo darse una nueva ley de medios? Es debido a las dificultades y las presiones de los grandes grupos económicos y los grandes medios de comunicación”. Recordó que el Comfer está intervenido porque, según la ley vigente, debería estar al mando de militares: “No existe una estructura tan similar a la SIDE como el Comfer, nadie lo puede controlar, porque está ideado bajo la doctrina de seguridad nacional”, destacó López. Y concluyó que “ahora es el tiempo de cambiar la ley”.

Henoch Aguiar, especialista en telecomunicaciones, cuestionó aspectos del proyecto: que “las audiencias públicas sólo se establecen para renovar licencias y no para su adjudicación”; que “las licencias, que requieren un nivel importante de inversión, sólo sean adjudicadas por veinte años”; y abogó por “exigir más especificaciones para evitar la posición dominante”. Igual, consideró que “es un momento fantástico para poder hacer el cambio de ley” y propuso “lograr consenso para realizar una verdadera política de Estado”.

Hubo acercamientos, pero no consenso. Senadores oficialistas y opositores se reunieron ayer para tratar –sin suerte– de aproximar posiciones para establecer el día que cerrarán el debate en comisiones y la fecha en que el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual llegará al recinto. Por la tarde hubo un segundo encuentro en las oficinas del vicepresidente Julio Cobos, pero tampoco hubo coincidencia. El bloque K quiere firmar el dictamen este viernes y tratar la iniciativa el viernes 9 de octubre. La UCR y el PJ disidente propusieron como alternativa clausurar el debate el martes de la semana próxima y llevar el proyecto al recinto el martes 13.

La única coincidencia consistió en que tres gobernadores participarán del cierre del plenario de comisiones.

Fue una jornada de negociaciones. El jefe del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto, no perdió oportunidad para hablar con senadores de su tropa y con los opositores. Por la mañana se reunió con su par de la UCR, Ernesto Sanz, para tratar de acordar las fechas en las que se pondría término al debate en comisiones y se llevaría el proyecto del Ejecutivo al recinto de la Cámara. No hubo acuerdo, pero tampoco se cerró el diálogo.

A primera hora de la tarde, la reunión se amplió en el despacho de Cobos. Hasta allí fueron Piche-tto, Sanz, el jefe del radicalismo, Gerardo Morales, y Adolfo Rodríguez Saá, en nombre del interbloque Federal, que aglutina al peronismo anti K. De un lado y de otro volvieron a insistir con sus propuestas. El kirchnerismo no quiere dilatar más el debate. Considera que el viernes tendría que funcionar el plenario de las comisiones para sacar el dictamen y llegar al recinto no más allá del 9. Confiado en sus números, Piche-tto cree que podrá alcanzar el dictamen de mayoría –a pesar de la resistencia que ofrece el díscolo Guillermo Jenefes–, reunir el quórum para sesionar y las manos necesarias para aprobar en general la ley. Pero las certezas no alcanzan para augurar un triunfo en la pulseada artículo por artículo.

Desde la oposición necesitan tiempo para avanzar en su estrategia parlamentaria. Propusieron convocar a las audiencias a un grupo de gobernadores: Jorge Capitanich (Chaco), encolumnado sin fisuras con el proyecto oficial; Hermes Binner (Santa Fe), que propuso un apoyo crítico, y Alberto Rodríguez Saá (San Luis), que rechaza la iniciativa. Además de una nueva visita del titular del Comfer, Gabriel Mariotto, para que conteste preguntas. Esto extendería las audiencias al menos hasta el martes próximo.

Mientras, la UCR ya tendría listo su propio dictamen, en el que trabajan sus especialistas, una iniciativa elaborada en espejo a la oficial –“porque debemos trabajar en base a la media sanción que llega de Diputados”– para marcar sus diferencias. El propósito es consensuar un dictamen con el resto de los bloques opositores y formar “una masa crítica” para intentar seducir a las oficialistas díscolos. Con esa estrategia apuntan a avanzar con su propio dictamen o, al menos, reunir “una importante cantidad de voluntades” sobre los artículos más cuestionados. No son pocos los opositores que se entusiasman con la idea de devolver con cambios el proyecto a Diputados.

Pichetto está dispuesto a conceder la audiencia con los gobernadores y convocar a Mariotto otra vez al Salón Azul. También dejó en claro que al bloque K no le interesa –en un alarde de fuerza– marginar a Cobos de la presidencia de la sesión que definirá si el proyecto de medios audiovisuales se transforma en ley o no. Pero no quiere que el debate se estire más allá de este viernes, para poder dirimir la cuestión en el recinto la semana próxima. Pero todavía nada está cerrado.

“No caigan en ningún acto de provocación que ande por ahí”, se le escuchó a Néstor Kirchner. “Los que quieran agredir que agredan, los que quieran insultar, que insulten: nosotros vamos a consolidar la política de transformación del Gobierno.” Kirchner eligió volver al conurbano bonaerense desde un escenario mítico: la vieja sede del frigorífico Wilson, desde donde salieron parte de las primeras tandas de obreros peronistas para cruzar el Riachuelo el 17 de octubre del ’45. La fecha coincidía formalmente con el aniversario 65 de la fundación de Lanús. Pero la vuelta de Kirchner al conurbano, a un encuentro con militantes y gremialistas, parecía tener más de fondo el conflicto de los obreros de la ex Terrabusi y la discusión por la ley de Comunicación Audiovisual.

La cita era a las 20, sobre La Habana al 400, una calle de tierra barrosa, pegada al Riachuelo, en la línea donde alguna vez estuvieron los grandes frigoríficos de Valentín Alsina. “Acá los obreros de la Wilson no están”, explicaba un viejo puntero de un barrio. “A lo mejor los encuentra por ahí adelante.” Alrededor, mientras las organizaciones barriales esperaban el arranque apretadas bajo banderas, Claudio Mojica, un chico de Monte Chingolo, se apuraba para buscar la forma de pasarle un sobre, con una carta, a los custodios del ex presidente. Escribió a mano que pedía una cama, colchón y materiales para terminar una pieza pero, entrenado, dejó el sobre abierto, para que los custodios vieran que no tenía nada raro.

Así, entre esos sobres voladores, que pasaban e intentaban llegar hasta la seguridad y las banderas de los gremios de la curtiembre, de la carne y de los porteros de edificios, Kirchner se acomodó en su silla. Al lado, en un escenario, esta vez no estuvo Daniel Scioli, aunque no por tensiones internas, sino porque está de viaje en Miami. Estuvieron, en cambio, el vicegobernador Alberto Balestrini y el presidente provisional del Senado, José Pampuro, titular del PJ de Lanús.

Entre los intendentes estuvo toda la Tercera Sección, los caciques del PJ que obtuvieron las mejores performances en las últimas elecciones. Entre ellos, el anfitrión Darío Díaz Pérez, el primer intendente del conurbano que aceptó las candidaturas testimoniales, que ganó y que ahora, aseguran los suyos, imagina una fórmula de vice en compañía del ex presidente. También estuvieron Julio Pereyra (Florencio Varela y presidente de la FAM), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Francisco “Barba” Gutiérrez (Quilmes) y Alejandro Granados (Ezeiza), entre otros.

“Yo creo que hoy es un momento de profunda reflexión en Argentina”, dijo Kirchner apenas arrancó. “Nosotros sabemos que el mundo está a punto de salir, pero todavía no salió, de una crisis internacional terminal. Sabemos que el mundo discute el nuevo rol de los organismos internacionales y el G-20 el lugar de los países en desarrollo y emergentes; sabemos que Latinoamérica toda discute proyectos nacionales, populares y de inclusión y sabemos que Argentina, después de haber vivido una crisis terminal, intenta recuperarse. Eso indica el esfuerzo y responsabilidad de todos los que gobernamos para mantener la gobernabilidad.”

Esa idea de la gobernabilidad fue uno de los nudos políticos del discurso de 18 minutos de Kirchner. El ex presidente esta vez no bromeó, tampoco apuntó a las empresas de medios, aunque habló de la ley. Habló del fútbol, de la superación de la crisis, pero sobre todo insistió con la idea de la “provocación”, sobrevoló el 2001 con sus fantasmas de desestabilización y, al paso, hizo una referencia sin nombres al conflicto en Kraft y a los efectos de la mediatización.

“Yo también invito a los que tengan una visión distinta a discutir institucionalmente un modelo de país –dijo–, pero les pido que no tengan actitudes perturbadoras ni desestabilizadoras.” Y agregó: “Nos parece muy bien, a la Presidenta también, el debate, la discusión de ideas, la defensa de nuestras empresas, pero lo que tenemos que evitar es un camino a la confrontación, porque en esos momentos se ponen en juego otros intereses que buscan la confrontación de los argentinos porque buscan ver cómo pueden salvar sus propias cosas y no los intereses de todos”.

Aseguró que era momento de “generar trabajo”, que por eso estaban las inversiones en obras públicas, las cooperativas y las leyes “fundamentales para el desarrollo” del país: el fútbol y la ley de medios. “Para que de una vez por todas, democratizada la expresión mediática quede liberada de cualquier tipo de extorsión y haya democracia plena”. Y en tono bíblico explicó: “Si los golpean pongan la otra mejilla, si los insultan no contesten...”.

Ministros como Jorge Taiana, Nilda Garré y Carlos Tomada, secretarios y subsecretarios de Estado como Enrique Deibe y Agustín Colombo Sierra, diputados como Carlos Kunkel y Patricia Vaca Narvaja, intelectuales como Horacio González y dirigentes como Jorge Giles y Carlos López lanzaron ayer bajo el lema “Una Patria para todos” la Corriente Nacional y Popular-Frente para la Victoria con un acto en la explanada de la Biblioteca Nacional. La fuerza se presenta con el objetivo de “acompañar la profundización del modelo llevado adelante desde el 25 de mayo de 2003, hoy encarnado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner”.

En una colmada carpa montada en la explanada de la Biblioteca Nacional, donde además se dio lectura de la declaración de principios del flamante espacio, el anfitrión, Horacio González, al abrir el acto se refirió a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, presente en casi todos los discursos de la noche. González señaló que “la ley de medios democratizará la palabra” y que su sanción “va a dar una Argentina renovada con una distribución democrática de la palabra”.

Por su parte, Carlos López, reivindicó la militancia de los años ’70 cuando dijo que “fuimos parte de una generación con un ideal de patria justa” y recordó “la oscuridad de los años de dictadura y del neoliberalismo de los ’90”. Indicó que “la irrupción en el escenario nacional de Néstor Kirchner logró que para muchos de nosotros recobrara sentido la militancia y nos volviéramos a sentir parte de la historia”.

El viceministro de Trabajo, Enrique Deibe, fue el encargado de dar lectura a la declaración de principios del nuevo espacio. Allí, la agrupación proclamó: “Nos convoca una razón de ser y de vivir, inspirados en una generación que dejó todo de sí por la construcción de un país más justo”. Y entre esas fuentes inspiradoras mencionaron “la Forja de Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz, a Hernández Arregui y Rodolfo Puiggrós, el testimonio inclaudicable de Rodolfo Walsh y el compromiso intelectual de quienes hoy conforman el espacio Carta Abierta”.

La mesa nacional de la Corriente Nacional y Popular quedó conformada por Jorge Giles, Carlos López, Alberto Vulcano, Enrique Deibe, Horacio González, Ignacio Vélez, Nora Giménez, César Núñez, Agustín Colombo Sierra y Silvia Risko. También integran la agrupación Cristina Alvarez Rodríguez, Lilia Walsh, Sergio Fernández Novoa, Néstor Piccone, Luis Lázaro, Hugo Barcia, Pedro Cámpora, Reynaldo Ostroff y Jorge Ramírez, entre otros.

Las exigencias constitucionales

Por Roberto Gargarella *

En medio del agitado debate en torno de la ley de medios, convendría detenerse a reflexionar por unos instantes sobre las exigencias constitucionales existentes en materia de libertad de expresión. En tal sentido, podrían mencionarse algunas cuestiones y aclaraciones como las siguientes.

- Regulación o no regulación. La exigencia constitucional de no establecer restricciones sobre la prensa no debe entenderse como impidiendo toda regulación estatal en la materia. Ello, en principio, por una razón muy simple, y es que no existe un estado de cosas que pueda definirse como propio de la “no regulación estatal”. Desde el momento en que el Estado define las reglas de la propiedad privada, que permiten que se creen y queden protegidas nuevas empresas de diarios o televisión, por ejemplo, el Estado está regulando la comunicación. Lo mismo ocurre cuando el Estado define el derecho de los contratos, fija regulaciones laborales mínimas o impone principios para regular las quiebras. Es decir, no existe algo así como una situación de no-regulación estatal. Entonces, sólo nos queda por comparar unas regulaciones con otras, distinguir regulaciones mejores y peores, ver qué regulaciones se encuentran más o menos ajustadas a las exigencias de la Constitución.

- Constitución y expresión. ¿Cuál es el principio constitucional básico, en materia de libertad de expresión? Para algunos, la Constitución se contenta con reclamarnos la no-censura. Según muchos, sin embargo, tal pretensión representa una condición necesaria pero no suficiente de la idea constitucional de libertad de expresión. Según entiendo –y esto es lo mismo que sostuvo la Corte norteamericana, frente a un articulado constitucional básicamente idéntico al nuestro, en el caso más importante que resolvió en la materia (New York Times vs. Sullivan, muy citado por nuestros propios tribunales)–, lo que requiere la Constitución es que aseguremos un debate público “amplio, robusto, desinhibido”. Dicho debate necesita de la no censura (rechazaría tanto la censura directa, como –especialmente en un contexto como el nuestro– la indirecta, referida a la manipulación de las pautas publicitarias oficiales), pero también trasciende ese estadio. La Constitución quiere que nuestras normas sean producto del acuerdo colectivo, lo que significa decir que dichas normas no deben ser el mero resultado del lobby o la presión de unos pocos; y que no debe haber voces que queden indebidamente fuera de dichas discusiones públicas.

- El papel del Estado. Dada la inevitabilidad de la presencia estatal en materia de comunicación, y las exigencias constitucionales señaladas, al Estado le corresponde jugar un papel muy preciso como garante del debate público. Si fuera por el mercado, en cambio (y ello resulta obvio por definición) nunca tendríamos acceso a ideas y puntos de vista impopulares o poco populares. El ideal constitucional de la libertad de expresión, entonces, no queda satisfecho cuando es el mercado el que domina la escena pública. Ello no ocurre, tampoco, cuando el Estado permite la existencia de monopolios comunicacionales ni cuando existen voces omnipresentes o sistemáticamente ausentes del debate colectivo; ni –especialmente– cuando las regulaciones del caso permiten que el rol de garante que le corresponde al Estado quede ocupado por el gobierno de turno (del signo que sea).

- La diversidad de voces. En nuestro país compitieron, a lo largo del tiempo, visiones muy distintas y normalmente muy implausibles acerca de la exigencia constitucional de la diversidad de voces. En los primeros años del alfonsinismo, algunos consideraron que el requisito de la pluralidad de voces quedaba satisfecho, por caso, con la existencia de canales de televisión o radio diferentes, por más que tales medios pudieran resultar administrados, todos o casi todos, por distintas líneas internas del mismo partido político. Desde la época del menemismo, algunos quisieron inducirnos a creer que la pluralidad de propietarios equivalía a la pluralidad de voces, por más que todos esos propietarios insistieran con, o se negaran a hablar, de los mismos temas. En la actualidad, algunos nos quieren llevar a concluir que la presencia de alguna/s ONG, alguna/s cooperativa/s y/o alguna/s universidad/es en el ámbito de la comunicación garantizan –ahora sí– la ansiada pluralidad de voces. Pero no. Otra vez, poco interesa la figura jurídica en juego si las ideas que circulan son básicamente del mismo tenor político. Lo que seguimos necesitando es garantizar la pluralidad de voces y no de gerentes.

- La regulación de contenidos. Uno de los acuerdos que existe entre quienes piensan en la libertad de expresión en términos constitucionales se da en torno del principio de la no-regulación de contenidos. El acuerdo implica rechazar toda regulación estatal que signifique desplazar ciertas voces, ya sea las de la izquierda o la derecha políticas, las de los defensores o los críticos del mercado, las de los abortistas o a los antiabortistas. Sin embargo, conviene como siempre no confundir cuál es la cuestión en juego. Lo que se rechaza es la posibilidad de que una autoridad discrecional digite quiénes deben ser escuchados y quiénes no. Pero ello es compatible con sostener, en contextos de escasez, un principio como el que guiaba a la vieja “doctrina de la equidad”, y que exigía: (i) la reserva de espacio a cuestiones de interés público, (ii) la exigencia de que dichas cuestiones sean examinadas desde ópticas contrapuestas. En nuestro país, en cambio, la situación que existe resulta enormemente inatractiva, desde tales parámetros. Por caso, en la actualidad, en muchas provincias del país sólo se escucha la voz del partido político o grupo empresario dominante, con exclusión de las voces que se les opongan. Dicha situación debe verse, en la práctica, como una regulación de contenidos indebida, que bien podría contrastarse con exigencias como las impuestas por la “doctrina de la equidad”, que lo que requiere es que los contenidos den cabida a otras voces.

- Control judicial. Finalmente, ¿cuál es el papel que debe caberle, en estos casos, al Poder Judicial? Según entiendo, el mismo papel que definiera la Justicia internacional en casos como Red Lion (el caso en el que, valga mencionarlo, se reconoció la constitucionalidad de la “doctrina de la equidad” referida). Allí, y frente a la nueva regulación que avanzara el Congreso, la Justicia sostuvo que para la Constitución el punto de mira se situaba en la soberanía del ciudadano (televidente, lector u oyente) y no en el interés de las empresas. Más específicamente, la Corte mantuvo un principio a la vez pro-estatal y antigubernamental, sosteniendo que iba a aceptar la legislación en juego, que prometía fortalecer el debate público, sólo en la medida en que dicha legislación cumpliera con el propósito que anunciaba. Si ella servía, en cambio, para reducir antes que para ampliar esas voces, para quedar otra vez al servicio de un gobierno o grupo particular, entonces su prioridad iba a ser la de derribar esa regulación, tan pronto como le fuera posible. Eso es lo que implica, según entiendo, custodiar el valor constitucional de la libertad de expresión.

* Profesor de Derecho Constitucional (UBA y UTDT).

La visión de la infancia

Por Damián Muñoz *

Desde hace varios días y luego de un postergado tratamiento democrático, se ha instalado un intenso debate sobre los medios de comunicación. La discusión en torno del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha iluminado y, por ende, problematizado un aspecto central para la construcción de ciudadanía con pensamiento crítico.

Uno de los ejes medulares de esta discusión se centró alrededor del concepto de “monopolio”. En un simple reduccionismo puede afirmarse que, con distinta suerte y seriedad argumental, la matriz del debate se encuentra conformada por dos vectores antagónicos: la pulsión monopólica versus la pulsión pluralista.

Más allá de las diversas aristas mediante las cuales se cristaliza esta tensión, el núcleo duro de la cuestión radica, con su debida profundidad, en el monopolio del discurso. Esto es, en la existencia o, si se prefiere, la potencia en detrimento de otros, de un único sentido en la interpretación de la realidad social para su posterior comunicación.

Desde este abordaje, el mundo de la infancia y adolescencia –en especial, el que se encuentra en situación de vulnerabilidad social o en conflicto con la ley penal– tiene mucho para aportar al debate. Ya sea por exceso o por defecto.

El actual contexto de discusión constituye una invalorable oportunidad para debatir, entre otras tantas cuestiones, cuál ha sido la visión dominante de los medios de comunicación en el tratamiento de las niñas, niños y adolescentes. Es un momento propicio para pensar la influencia que han tenido los distintos niveles de la ingeniería de la comunicación social dominante en, por ejemplo, la construcción de estereotipos vinculados con la delincuencia juvenil.

Constituye un verdadero lugar común sostener que, de un tiempo a esta parte y salvando aisladas pero honrosas excepciones, el abordaje comunicativo vinculado con esta materia ha estado caracterizado por un “discurso monopólico”, condicionado por un “sentido único” de la interpretación del orden social, pretendidamente fundado en clichés, muletillas y slogans de fácil reproducción, cuya consecuencia fue la creación o el fortalecimiento de un imaginario hegemónico atravesado por el prejuicio y la respuesta punitiva inmediata (sea formal o informal) como única solución posible.

Desde esta encrucijada mediática, las niñas, niños y adolescentes, en tanto sujetos de derecho pero también por su condición de consumidores de los servicios de comunicación social, poseen el derecho a un tratamiento más pluralista y con diversidad de sentidos a la hora de comunicar las particulares (y muchas, muchísimas veces, trágicas) realidades que los adultos –con distintos niveles de responsabilidad– les hemos impuesto.

El 21 de septiembre de 2006, al resolver el caso “Servellón García y otros vs. Honduras”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió que “en atención al principio de igualdad ante la ley y no discriminación, el Estado no puede permitir por parte de sus agentes ni fomentar en la sociedad prácticas que reproduzcan el estigma de que niños y jóvenes pobres están condicionados a la delincuencia o necesariamente vinculados con el aumento de la inseguridad ciudadana. Esa estigmatización crea un clima propicio para que aquellos menores en situación de riesgo se encuentren ante una amenaza latente a que su vida y libertad sean ilegalmente restringidas”.

De ahí entonces que, innegablemente, la puesta en crisis del monopolio del discurso tiene consecuencias directas y concretas en la vida de los niños y adolescentes. La profundización de la discusión en curso servirá entonces para visibilizar que en la pluralidad de los sentidos y las interpretaciones se juega también el Estado de derecho que, con especial recaudo, debe proteger al colectivo de la infancia y la adolescencia.

* Defensor oficial. Integrante de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes.