Página#12 Libre

Mauricio Macri eligió como candidata para ocupar una vacante en el Tribunal Superior de Justicia a Daniela Bruna Ugolini. Como adelantó Página/12, la postulante PRO cuenta con un impresionante record de dictámenes a favor del oficialismo como fiscal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. A esto se suman nuevos méritos a los ojos del jefe de Gobierno: como procuradora porteña en 2000, Ugolini ordenó que sacaran con la policía de su colegio a una estudiante que formaba parte de un grupo anarquista. La fiscal tiene todo para ser la elegida por el macrismo, pero su propia declaración jurada puede darle un dolor de cabeza: pese a que la Constitución porteña prohíbe a los magistrados que realicen actividades comerciales, ella es accionista de una inmobiliaria, acreedora de un hotel y spa y está vinculada con la actividad ganadera.

Activista católica –en los tribunales porteños se la vincula con el Opus Dei–, hija de productores agropecuarios, Ugolini fue elegida por Macri por sugerencia del procurador porteño Pablo Tonelli, con quien la fiscal tiene una excelente relación. Los dictámenes de Ugolini hablan de una sintonía impactante: se pronunció a favor de los 2400 despidos con los que inició Macri su gestión, a favor del Decreto de Necesidad y Urgencia para intervenir la Obsba, a favor de la maniobra macrista de recusar al juez Roberto Andrés Gallardo en 700 causas, que fue repudiado como un ataque a la independencia judicial.

La lista PRO de resoluciones judiciales no termina allí: estuvo en contra de remover las placas con nombres de represores y autoridades de facto de calles, escuelas y plazas; en contra de darles viviendas definitivas a los habitantes de Villa Cartón y en contra de hacer refacciones en el Hospital Moyano. Quienes conocen su trayectoria en Tribunales, sostienen que “fue oficialista con todos los gobiernos”.

Tras la renuncia de Julio Maier a la Corte Suprema porteña, este diario había adelantado el 2 de agosto la postulación de Ugolini, que se confirmó la semana pasada. Ahora debe atravesar un período de impugnaciones hasta el miércoles próximo. En la solicitada que publicó el Gobierno porteño en La Nación, informa que en 1975 Ugolini era abogada en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Buenos Aires. En 1978, ascendió a jefa de sección daños y perjuicios, y en 1980, a jefa del área de contrataciones. Ya para 1981 era jefa de la división inspectoría de esa dirección. En 1999 llegó a procuradora con Enrique Olivera como jefe de Gobierno. Entre sus títulos universitarios Ugolini presentó un “doctorado en derecho civil. 1976/77”, pero aclaró que tiene la tesis pendiente desde aquella época.

En la Legislatura, se comenta que el bloque PRO tendría un principio de acuerdo para aprobar su pliego con Olivera y Aníbal Ibarra. “No me extraña que quienes estén promoviendo a Ugolini hayan sido antiguos jefes de Gobierno y también el actual. Los anteriores, porque están pagando los favores que les hizo mientras estuvieron en el poder, y Macri, porque sabe que con ella se asegura un voto en el Tribunal Superior”, advirtió el legislador de Identidad Porteña (IP), Diego Kravetz.

Inmobiliaria, campos y spa

El artículo 119 de la Constitución porteña señala que “los jueces y funcionarios judiciales no pueden ejercer profesión, empleo o comercio, con excepción de la docencia”. En su ley orgánica de la Justicia porteña, se plantea la misma incompatibilidad para la “actividad política partidaria y el ejercicio del comercio”. En su declaración jurada de julio de este año, Ugolini detalló que tiene el 50 por ciento de las acciones de Maumar S.A., que se dedica a la actividad inmobiliaria. Su participación tiene un valor de 829 mil pesos. En esa misma declaración, la fiscal de Cámara incluye como “conviviente” a Rubén Angel Puppo, quien tiene el otro 50 por ciento de Maumar, valuado en otros 829 mil pesos.

Según la declaración jurada de Puppo –que curiosamente, no está firmada– cobra allí un sueldo de cinco mil pesos. No detalla si tiene otro salario como vicerrector de Planeamiento y Desarrollo de la universidad privada Isalud. Ugolini inscribió su inmobiliaria en Santa Fe 3586. En la misma dirección, figura según un registro financiero privado Tschineur Holding Argentina, una empresa de inversiones inmobiliarias de la que Ugolini aparece como “directora suplente”. Por el fuero en el que trabaja, dictamina sobre ABL, Ingresos Brutos, valuación de inmuebles, zonificaciones y otros temas vinculados con los negocios inmobiliarios.

En su propia declaración, Ugolini también afirma que es acreedora de Sofiasur SRL por 361 mil pesos y Puppo, su pareja, con otros 323 mil pesos. Sofiasur es el nombre legal de la Villa Sofía Resort y Spa, que tiene sede en la ciudad de Buenos Aires y también en Bariloche. El emprendimiento turístico del que es acreedora Ugolini cuenta en el sur con cabañas, un parque de dos hectáreas, una pileta cubierta y climatizada, un hidromasaje para ocho personas, ducha escocesa, baño finlandés, sauna y sala de fitness. “Para completar el circuito hidroterapéutico contamos con una imponente sala de relax con un segundo hidromasaje con ozono, enmarcado por nuestras lagunas naturales y animales silvestres patagónicos”, informa la página web del hotel. Una habitación puede costar entre cien y doscientos dólares la noche.

En la composición societaria del hotel figuran dos hijos de la pareja de Ugolini: Juan Francisco Puppo y Corina Puppo. Ugolini registra un préstamo a la socia por 5560 pesos y su pareja al socio por 115 mil pesos más. Los lazos familiares y las actividades comerciales no terminan allí: en 2001, Ugolini pidió que se la releve de la prohibición de actividades comerciales para ocuparse de “actos de gestión bancaria” para la actividad agropecuaria de su padre, Marcos Ugolini, que tenía en ese momento 80 años. El Consejo de la Magistratura le dio el visto bueno para que disponga de la empresa agrícola ganadera Master Porfido.

“No tengo ningún compromiso que pueda afectar la imparcialidad de criterio por actividades propias ni de cónyuge ni de ascendientes ni de descendientes”, juró Ugolini al final su presentación, en la que declaró tener la mitad de un auto Audi A6, que valúa en 23.950 pesos (la otra mitad la registra su pareja), bienes de uso personal por otros nueve mil pesos, 75 mil en efectivo y 27 mil pesos en el Banco Ciudad. No pone a su nombre ninguna propiedad, pese a que cobra un sueldo de 22.758 pesos como fiscal.

A fines de 1999, cuando tenía 17 años, Florencia Gamboa fue separada del Mariano Acosta. Le impidieron anotarse a cuarto año, pese a que no adeudaba ninguna materia de tercero. Gamboa denunció que la medida disciplinaria formaba parte de una persecución política hacia ella y hacia la agrupación estudiantil de la que participaba, llamada Brazo Libertario. Gamboa denunció que la echaron luego de que organizaran un acto por el golpe de marzo de 1976. “Con el grupo con el que militábamos habíamos hecho una denuncia porque no nos dejaban hacer actividades: pasar por los cursos y las cosas que se hacen en una escuela secundaria”, relató Gamboa a Página/12. Las cosas empeoraron cuando intentó que la reincorporaran. “En cuarto año yo seguía yendo aunque no me reconocían como alumna. Hubo muchas asambleas. En la escuela habían puesto seguridad privada, sin identificación. Nos quisieron revisar las mochilas a ver si traíamos volantes y revistas”, recordó Gamboa.

Pero Ugolini fue más allá: como procuradora, rechazó un pedido del padre de Gamboa para que la reincorporan en una resolución el 20 de marzo de 2000 en la que ordenó, además, que “el director del establecimiento debe impedir el ingreso imponiendo la sanción aplicada a la alumna, asistido por personal de seguridad y en su caso por la fuerza pública”. Es decir, dispuso que se sacara a una estudiante de 17 años con la policía.

“En ese contexto de agresividad y persecución fue que ella firmó esa resolución. Cuando yo la leí, no lo podía creer. Y hoy me sigue pareciendo gravísimo que alguien mande a sacar a la fuerza a una adolescente”, reflexionó Gamboa. La joven relató lo que le ocurrió después: “Cuando ya estaba cursando en el Avellaneda, pasé por el Acosta y había una persona de seguridad en la puerta que tenía mi apellido para no dejarme pasar. Me dijo: `Vos sos una persona que genera conflictos. No podés pasar’. Y me sacó a la fuerza de la escuela. La resolución de Ugolini dejó allanado el camino para que pasara una cosa así.”