Página#12 Libre

Desde México, D. F.

Sin desfile por el Día del Trabajador y con la confirmación de 16 muertes asociadas al virus de influenza A H1N1 (no más porcina, según la OMS, mucho menos “gripe mexicana”, como la llaman ya en algunos países) y un total de 381 personas contagiadas hasta la mañana de ayer, el gobierno de Felipe Calderón cerró sus puertas.

Eso no significa que la cifra de fallecimientos se haya casi duplicado en las últimas 36 horas, sino simplemente que terminaron más pruebas de laboratorio en muestras de las 176 personas muertas en días pasados por neumonías atípicas. La noche del miércoles, la Secretaría de Salud reportaba ocho muertes por el virus confirmadas. Para la mañana siguiente hubo cuatro más, y el número de contagiados –ese sí– pasó de 99 a 260, algo menos que el triple.

Las centrales obreras, como el resto del país, contuvieron sus actividades ayer. Entre el fin de semana largo y el alerta de epidemia –ya en fase cinco, de acuerdo con los parámetros de la OMS–, la ciudad está más silenciosa que nunca. Buena parte de los negocios cerró ayer y se ve a muy poca gente en las calles. Eso sí, ya casi todos portan barbijo.

No es para menos. Hasta ayer viernes habían muerto 11 mujeres y cuatro hombres, de entre los cuales siete estaban en hospitales del Distrito Federal, la mayoría en un rango de edad entre los 21 y 40 años. El número de enfermos se disparó a 381.

El jueves, las autoridades sanitarias habían visitado a 86 familias del entorno de los pacientes fallecidos. En total hicieron exámenes a 219 personas, cuatro de ellas dieron positivo a influenza tipo A, a las que se dio tratamiento de oseltamivir, el antiviral con el que se trata el virus. Hasta ese momento se habían repartido 36 mil 240 dosis en el país.

Apenas unas horas después de que se elevara el alerta a fase cinco, el miércoles, el secretario de Salud, José Angel Córdova, anunció la suspensión casi total de actividades en la administración pública federal y de las labores no esenciales de sectores productivos privados entre el 1° y el 5 de mayo. Sólo deberán funcionar los servicios básicos.

A las 11 de la noche del miércoles, el presidente Felipe Calderón le pidió a la población permanecer en casa, “el lugar más seguro” en este momento.

El llamado es a destiempo. Desde hace días que la actividad está al mínimo. Las calles lucen desiertas. Pareciera que los 20 millones de habitantes de la ciudad más grande del mundo hubiesen adelantado el fin de semana más largo del año. La afluencia de gente en el transporte público disminuyó considerablemente: en el caso del metro (subte), se redujo de 5 a 3 millones de usuarios diarios desde el martes pasado.

Sin embargo, el aeropuerto reportó mayor actividad, en parte por el puente largo del 1 al 5 de mayo. Muchos aprovecharon para huir de la capital.

La inmensa mayoría de restaurantes acató finalmente la disposición del gobierno capitalino y sólo expende comida para llevar o atiende pedidos a domicilio. Los dueños lanzan quejas plañideras y apelan a las autoridades de la Ciudad de México para que les dejen abrir normalmente. Su argumento: los pobres meseros, cuyo ingreso se compone fundamentalmente de las propinas. Ni una palabra sobre el hecho de que los patrones les pagan un sueldo miserable, casi nunca más allá del mínimo legal, que no llega a 4 dólares diarios.

A nivel nacional, para el que pesa la recomendación federal de suspender actividades laborales privadas en sectores no prioritarios, la Confederación de Cámaras Industriales reaccionó con alevosía y propuso que las empresas primero pacten que los trabajadores repongan el tiempo con horas extra o anulación de vacaciones. “Esperamos que el paro de labores afecte lo menos posible la ya de por sí desgastada economía mexicana”, dijo por su parte el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Mario Sánchez.

La administración de Calderón prevé una severa contracción económica, equivalente al 4,8 del PIB, según el Banco de México.

Al paro parcial de labores entre los casi 2 millones de burócratas federales se sumaron los gobiernos del Distrito Federal, Coahuila, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro. Otros más adoptarían la directiva conforme pasen las horas.

Los únicos giros que tienen autorización –en realidad, la obligación– de seguir operando a toda su capacidad son los mercados, supermercados, misceláneas, transporte, basura, policía, ejército, servicios financieros, gasolineras, hoteles, restaurantes (siempre que tengan terraza), medios de comunicación y aquellos que abastecen medicinas, alimentos, bienes y servicios.

El martes y miércoles pasados, la gente se volcó a los supermercados y realizó compras por pánico, luego de que circularan mensajes por celular que aseguraban que esos negocios también cerrarían. En varios momentos del día los anaqueles quedaban casi vacíos.

El jueves hubo una nueva protesta de médicos, que reclaman mayores medidas de seguridad para tratar pacientes con males respiratorios. Esta es la tercera da en la semana.

Poco después, la Cámara de Diputados asignó al gobierno federal 5 mil millones de pesos –que podrían incrementarse– a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. La partida, equivalente a 350 millones de dólares, se suman a los casi 5 mil millones de dólares disponibles para México, entre recursos propios y líneas de crédito abiertas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.