Página#12 Libre

Los organismos de derechos humanos lo reclamaban desde hace años. La Procuración General de la Nación lo volcó en una propuesta concreta a principios de marzo. La respuesta se demoró pero llegó: un plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal decidió reasignar los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, que hacían cola en el Tribunal Oral Federal 5, al resto de los tribunales federales porteños. La medida que permitirá juzgar en plazos razonables a los responsables de secuestros, torturas y homicidios en los centros clandestinos Atlético, Banco, Olimpo y Vesubio, entre otros, se anunciará hoy, durante la oficialización de la comisión interpoderes creada para agilizar las causas por crímenes durante la dictadura.

A medida que la Justicia federal fue elevando distintos fragmentos de causas por delitos en el Primer Cuerpo, la similitud entre las víctimas y, por otro lado, los imputados, que técnicamente se denomina conexidad, derivó en la acumulación de juicios en el TOF-5. Se trata del tribunal que en estos días juzga al general Olivera Róvere y a cinco ex jefes de área militar y que el 6 de octubre comenzará a juzgar a 18 represores de la ESMA.

El 3 de marzo la Unidad Fiscal de coordinación de procesos por terrorismo de Estado de la PGN y el fiscal general Alejandro Alagia, designado para actuar en juicios del Primer Cuerpo, formularon a Casación el pedido de reasignación de causas con el objetivo de “lograr su distribución racional”, mecanismo previsto por la ley 26.371 y que se aplicó en otras oportunidades. La respuesta llegó ayer, según confirmó a Página/12 una alta fuente judicial, y servirá de auspiciosa presentación en sociedad de la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, integrada por representantes de los tres poderes y de la PGN, que se concretará hoy en el salón presidencial de la Corte Suprema de Justicia. La reasignación se haría según el volumen de trabajo de cada tribunal y sólo excluiría del sorteo al TOF-1, que debe juzgar a los responsables del Plan Cóndor y del centro clandestino Automotores Orletti.