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De todos modos, una vez que el Tribunal Oral Federal 1 -que los condenó el año pasado en el primer juicio por la represión en Córdoba- revise cuál es su situación en las otras causas, podría resolver que accedan a la prisión domiciliaria, según informaron fuentes judiciales.

Hasta ahora, el único de los ocho represores que fueron condenados y que obtuvo el beneficio es Hermes Rodríguez, pero estas otras resoluciones eran aguardadas porque el primer pedido es idéntico a los restantes.

La defensa oficial argumentó que como la condena todavía no está efectiva, en tanto fue apelada, los sentenciados deben conservar el mismo estado que tenían antes del inicio del juicio: en estos casos el arresto domiciliario que ahora deberían recuperar, dijeron las fuentes a la edición digital del diario La Voz del Interior.

Por su parte, el Centro de Información Judicial (CIJ) indicó que "la Sala III consideró que la sentencia que condenó a Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba y anuló el beneficio de prisión domiciliaria no está firme", por lo que, en consecuencia, "no se pueden modificar las condiciones de detención". Recordó además que la medida se dispuso en el marco de la causa "Brandalisis".

El 16 de marzo llegó el primer fallo de Casación, referido a Rodríguez (alias "Salame"), ex subjefe del Destacamento 141 de Córdoba y condenado a 22 años de cárcel: el Tribunal Oral corrió vistas al juzgado federal Nº3 de Cristina Garzón de Lascano para que disponga el arresto domiciliario si así lo permitía la situación del represor en las otras causas en las que está procesado. Finalmente, Rodríguez dejó Bouwer el martes 21 pasado y se fue a Mendoza, trasladado por la Policía Federal.

Ahora, es de esperar que se aplique el mismo procedimiento para Menéndez, condenado a prisión perpetua al igual que Luis Manzanelli (ex suboficial del Ejército y señalado como uno de los principales torturadores del centro clandestino de detención "La Perla"), y Vega, condenado a 18 años de cárcel.

El caso de Menéndez es más complejo, porque a la prisión perpetua aplicada en Córdoba se le suma la que le impuso en setiembre la Justicia Federal de Tucumán por la desaparición del legislador de esa provincia Guillermo Vargas Aignasse, aunque no sería un impedimento para que regrese a su domicilio, porque dispuso el arresto domiciliario del otro condenado, el represor y ex gobernador Domingo Bussi.