Página#12 Libre

La Corte Suprema de Justicia intentó ponerle un freno a la discusión con el Gobierno por las demoras en las causas de lesa humanidad: “No hay conflicto de poderes”, aclaró el juez Carlos Fayt. Y dijo que “no voy a poner leñas al escándalo”. En esa dirección, el máximo tribunal acelera para esta semana la convocatoria para formalizar la creación de la Comisión Interpoderes con un representante del Ministerio de Justicia, del Congreso y del Consejo de la Magistratura para destrabar las causas contra los represores.

De acuerdo con Fayt, “no hay conflicto de poderes y el país necesita serenidad, reflexión e inteligencia”. También, un “Estado y una Corte inteligentes”. La discusión desatada entre el Ejecutivo y los jueces del máximo tribunal desde la semana pasada “no ayuda para nada”, dijo. Y consideró que “este Poder Judicial está haciendo cosas que jamás se hicieron, sobre todo la Corte, que es una buena Corte. No voy a poner leñas al escándalo”.

Fayt es el mismo ministro de la Corte que el viernes pasado salió a respaldar las críticas de la jueza Carmen Argibay al Ejecutivo. Apurado por los movileros, antes de entrar al Palacio de Tribunales, el juez dijo que la lentitud de las causas por los delitos de lesa humanidad se debía a que “no hay jueces ni infraestructura”.

Tres días más tardes, la postura de Fayt parece distinta. ¿Cambió de opinión? Voceros de la Corte consultados por Página/12 lo negaron. Con el nuevo señalamiento, el ministro –indicaron– intentó situar el problema de las causas judiciales en su “verdadera dimensión”: “Que uno disienta no quiere decir que haya conflicto de poderes; el problema es que este país no está acostumbrado al debate”.

En ese sentido, insistieron en que el conflicto no existe. No porque no haya problemas con el avance de las causas, sino porque la Corte no puso en discusión las palabras de la presidenta Cristina Kirchner, quien haciéndose eco de los reclamos de los organismos de derechos humanos, en la apertura de la sesiones ordinarias del Congreso le dijo a la Justicia que ahora era su turno porque el Ejecutivo ya había dotado de recursos a los tribunales y el Parlamento había aprobado las leyes para acelerar los juicios.

“Sobre eso no habló ni (Enrique) Petracchi, ni (Juan) Maqueda, ni (Elena) Highton de Nolasco, ni (Ricardo) Lorenzetti”, dijo el vocero. “La única que dijo algo fue Argibay, en Mendoza, y nadie salvo Página/12 rescató las frases sobre el mea culpa que hizo la jueza cuando habló de una responsabilidad compartida también por los jueces”.

En esa línea admiten dos tipos de problemas: técnicos y estructurales. “Tenemos problemas, como por ejemplo que en diez días empieza el juicio oral por Campo de Mayo en San Martín y no hay salas. Los jueces están buscando ellos mismos un lugar porque la única sala que hay se usó para el caso Blumberg, pero como es de la Prefectura no se puede usar. El resto de las salas con capacidad como para 120 personas son de sociedades de fomento o del Rotary Club por ejemplo, pero nadie las quiere prestar.”

La Comisión Interpoderes –anunciada la semana pasada, pero cuya creación aún no se formalizó– es un espacio al que ahora apuesta la Corte para resolver ese tipo de problemas.

Habrá que ver si el espacio resolverá el problema de fondo que vienen planteando los organismos. Y por los cuales sólo 38 de los 1039 imputados por delitos de lesa humanidad tienen condena, como recordó ayer el Centro de Estudios Legales y Sociales en un comunicado. O que de las 200 causas que están bajo investigación apenas 17 por ciento se haya elevado a juicio.

En ese escenario, el CELS ayer criticó a la jueza Argibay porque sus reclamos “tienen un peligroso sesgo corporativo”. Según la organización, “no admite que algunos magistrados tienen una resistencia pasiva para agilizar los procesos”. Y “la responsabilidad para avanzar rápidamente en estos procesos es de todas las agencias del Estado, pero los obstáculos más graves que se registran actualmente responden a la actitud de resistencia pasiva de cierto sector del poder judicial”. También se pronunció el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal: “No es bueno en el debate ante hechos puntuales y concretos recurrir a respuestas corporativas”.