Página#12 Libre

Una empleada del municipio de Posadas denunció a un juez de faltas por maltrato y acoso laboral ante la Comisión de Enjuiciamiento del Concejo Deliberante. Pero la presentación fue rechazada con un insólito argumento: que la trabajadora no tiene domicilio en la capital misionera y “vive y sufraga” en el municipio vecino de Garupá. “No me sorprende la respuesta. Cuando alguien se anima a denunciar este tipo de situaciones corre el riesgo de encontrarse con una defensa corporativa del acusado, por solidaridad jerárquica de sus pares”, señaló a Página/12 Zunilda Valenziano, secretaria nacional de Igualdad de Oportunidades de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). En Misiones la Legislatura aprobó en dos oportunidades una ley para castigar el maltrato y acoso laboral en el ámbito estatal, pero las dos veces –curiosamente– fue vetada por el ex gobernador Carlos Rovira, denunció Valenziano, para contextualizar el caso (ver aparte).

Ninfa Teresa Contreras tiene 51 años y trabaja hace 21 en el Tribunal de Faltas Nº 2 del municipio de Posadas, que encabeza el juez Hugo Javier Barrios. El 11 de marzo se animó a denunciar al magistrado. Según contó a este diario, el 26 de febrero el juez Barrios la convocó a su despacho. “Me empieza a agredir verbalmente en forma sumamente violenta, gritándome todo tipo de improperios, amenazándome con que me iniciaría un sumario y me trasladaría a otro sector, insultándome por mi condición de mujer, y burlándose de la muerte de mi esposo, de mi padre y de mi hermano en un accidente de tránsito dos años atrás”, denunció la mujer. “También hizo referencia a mi estado de salud, muy endeble psicológicamente en virtud de esos fallecimientos”, agregó.

La empleada consideró la agresión del magistrado como una represalia por la queja que ella –y el resto del personal del Tribunal– venían planteando por los privilegios que –según dijo– gozan la esposa y una cuñada de Barrios, empleadas contratadas en el mismo tribunal. “Firmaban la planilla de asistencia por adelantado sin concurrir a trabajar. En cambio, el personal viejo siempre cumplió horario. Es más, yo siempre regalé media hora de mi vida porque en estos veinte años lo habitual es que llegara media hora antes de mi horario de ingreso”, describió Contreras. Toda la situación está detallada en la denuncia que presentó –con el asesoramiento de la abogada del sindicato de empleados municipales, Myriam Gauvri– ante la Comisión de Enjuiciamiento del Concejo Deliberante de Posadas, encargada de aceptar o rechazar el pedido de destitución del juez. Pero la petición no fue admitida. Los integrantes de la Comisión alegaron que la Carta Orgánica de la comuna establece que para dar inicio a una demanda contra un funcionario público el denunciante debe ser habitante del municipio o extranjero que vote en la ciudad. Y Contreras vive en Garupá. “Es ridículo. Toda mi vida viví en Posadas. Me mudé hace algunos años. Y además, trabajo en el municipio”, señaló con indignación la mujer a este diario. La abogada presentó un recurso de amparo en el fuero laboral para exigir que el Concejo Deliberante le dé tratamiento a la denuncia. “Es increíble pero no hay ninguna instancia para apelar el rechazo en el ámbito municipal”, apuntó Gauvri, quien en los últimos años se especializó en casos de mobbing o acoso y maltrato laboral, por la cantidad de denuncias que llegaron al sindicato de empleados estatales de distintos ámbitos de la provincia de Misiones.

La Comisión del Concejo Deliberante que rechazó la denuncia está integrada por la mitad del cuerpo legislativo y la integran los ediles Miguel Pintos, Felisa Gottschalk, Octavio Loyola, Eleonora Vigo, Norma Díaz da Silva, Miriam Krujovski y Raúl Fortte.