Página#12 Libre

Cansados de visitar las frías naciones de Europa del Este, los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) quieren volver a la Argentina. El organismo multilateral anunció que “en los próximos meses” vendrá al país para realizar la revisión anual de la economía que estipula el artículo cuarto de su estatuto.

“Anticipamos que llevaremos a cabo las próximas consultas del artículo IV de forma normal en los próximos meses”, afirmó el portavoz del FMI. El informe de la misión del Fondo analizará la situación de la economía, incluida la salud de su sistema bancario, su posición fiscal, su política monetaria y el tipo de cambio. Las conclusiones se harán públicas sólo si las autoridades lo autorizan. Hace algunas semanas, el organismo habría intensificado el intercambio con el Indec para mejorar la mediación de la inflación.

Para algunos analistas, permitir el desembarco de una nueva misión del organismo es un nuevo intento del Gobierno para enviar señales a los mercados para reinsertarse en las vías tradicionales de crédito. “En un escenario de restricción de crédito y necesidad de financiamiento, el acercamiento del Gobierno y el FMI abriría las puertas a una posible solicitud de préstamos a la entidad, siempre y cuando el Fondo no vea nada raro en el Indec”, comentaron desde la city.

En el Ministerio de Economía remarcaron que “las necesidades de financiamiento para los próximos años están cubiertas” y aseguraron que “el país no va a pedirle plata al Fondo”. Desde el sector financiero señalaron que la decisión está vinculada con la próxima reunión del G-20, donde se propondrá una revisión en la estructura de poder del organismo que la Argentina viene pregonando hace tiempo.

Luego de haber puesto en duda su participación en la Copa Davis, David Nalbandian confirmó ayer desde Acapulco, donde permanece tras haber sido eliminado en primera ronda del abierto mexicano, que viajará este fin de semana al país para sumarse finalmente al equipo argentino, que el próximo viernes recibirá a su par de Holanda en el estadio Mary Terán de Weiss del Parque Roca, por la primera ronda del Grupo Mundial.

La noticia fue oficializada por el encargado de prensa del tenista cordobés, que de esa forma dejó atrás lo dicho por el propio Nalbandian, que –aquejado por un virus, del que se está recuperando en México– había deslizado que no estaba en condiciones de aguantar físicamente el desafío para el que fue convocado, como primera raqueta argentina –ya que Juan Martín Del Potro no participará por estar abocado a su gira sobre cemento–, por Modesto Vázquez, el nuevo capitán del conjunto nacional.

“Si no aguanto dos sets, entonces no vale la pena participar en la Davis, con el riesgo de jugar cuatro o cinco”, había afirmado Nalbandian en México, generando preocupación en Buenos Aires, tras caer con el austríaco Daniel Koellerer, que ayer fue vencido en dos sets por otro argentino, Martín Vassallo Argüello.

Aunque no es seguro que pueda jugar ante los holandeses, lo que se confirmó es que Nalbandian regresará a la Argentina para sumarse este fin de semana al resto del equipo, que integran, además, Juan Mónaco, Juan Ignacio Chela y el doblista veterano Lucas Arnold.

De todas formas, la serie frente a los holandeses acarrea otro problema para el capitán Vázquez, ya que Mónaco, reciente finalista del ATP de Buenos Aires, debió abandonar por lesión su partido de primera ronda del torneo de Acapulco. Mónaco fue citado como segundo singlista, debido a su buena performance en el torneo porteño, en el que cayó en la final ante el español Tommy Robredo, que venía de triunfar una semana atrás en el ATP de Costa Do Sauipe, Brasil.

Este serie, con la que la Argentina iniciará un nuevo camino para intentar conquistar la Ensaladera de Plata, tiene un interés particular para el tenis argentino, que en noviembre último dejó escapar su mejor chance cuando cayó en el estadio Polideportivo de Mar del Plata ante una disminuida España, que no había podido presentar en el equipo al número uno, Rafael Nadal.

El valor de las ventas en supermercados alcanzó en enero a 3869,9 millones de pesos. Dicho importe representa un aumento del 28,7 por ciento respecto del primer mes de 2008. La evolución de las ventas a precios constantes –es decir, que debería reflejar la variación del volumen físico vendido– arroja un aumento del 20,2 por ciento, según el informe que difundió ayer el Indec. Este resultado surge de una estimación de variación en los precios implícitos de la encuesta –un conjunto acotado de precios de productos típicos adquiridos en este tipo de comercios– del 5,5 por ciento entre enero de 2008 y el mismo mes de 2009. En los últimos nueve meses, de acuerdo con el Indec, la variación de precios implícitos en productos de supermercados apenas llega al 2,8 por ciento. Cifras que mantienen abierta la controversia en torno de la confiabilidad de la medición de precios.

Las ventas por rubro dan cuenta de que los alimentos siguen al tope de los incrementos con respecto a años anteriores. Con datos a diciembre, puede observarse que mientras que los productos de Almacén, Bebidas, Panadería, Lácteos, Carnes, Verdulería y frutería aumentaron sus ventas en valores corrientes entre 20 y 30 por ciento, los productos de indumentaria, calzado y textiles para el hogar facturaron apenas 6,2 por ciento más que en diciembre del año pasado. En una escala intermedia, con incrementos interanuales en torno del 15 por ciento, se ubicaron los rubros de Alimentos preparados y Electrónicos y electrodomésticos.

Las ventas totales, a precios corrientes, en el mes de diciembre habían alcanzado a 4763,8 millones de pesos. Estacionalmente, es lo usual que las cifras del último mes del año superen cómodamente a las ventas de los restantes meses del verano. Las grandes cadenas concentraron aproximadamente el 85 por ciento de esas ventas, aunque en esta oportunidad fueron las medianas las que tuvieron un incremento más destacado respecto de diciembre de 2007: 26,3 por ciento contra el 23 por ciento de las grandes.

El organismo oficial de estadísticas también dio a conocer ayer las cifras de ventas en shopping centers. Las ventas a precios corrientes en enero acumularon 528,3 millones de pesos, con un aumento del 8,5 por ciento respecto de la facturación de un año atrás. Dichos valores parecerían indicar una pálida evolución de las ventas. Sin embargo, medido en función del aumento de los precios implícitos que toma de referencia el Indec, la evolución de las ventas a precios constantes arroja una suba del 1,4 por ciento.

En total, el Indec releva 32 centros de compras en la ciudad de Buenos Aires y en 24 partidos de la provincia homónima. Durante el mes de diciembre de 2008, las ventas totales a precios corrientes en esos distritos habían resultado 13,3 por ciento mayores a las del último mes de 2007. Los rubros en los que se observan los principales aumentos son Diversión y Esparcimiento (42,1 por ciento), Patio de comidas, alimentos y kioscos (24,5 por ciento) y Perfumería y farmacia (21,1 por ciento).

El dólar permaneció sin cambios luego de una fuerte intervención del Banco Central. La presión sobre la divisa obligó al organismo monetario a mantener firme el techo en el segmento mayorista por debajo de los 3,56 pesos vendiendo de contado y a futuro. Al público también se mantuvo en los mismos valores de la víspera, a 3,57 pesos en el promedio de la pizarras del microcentro. La Bolsa porteña volvió a ceder terreno y cerró con una baja de 0,1 por ciento, en línea con la caída de Wall Street y el negativo balance de Tenaris. Los bonos lograron un repunte, luego de varias ruedas con retroceso. Por su parte, hoy finaliza el plazo para presentarse al canje de préstamos garantizados y el Gobierno estima que la aceptación estará en el orden del 50 por ciento.

Fue la intervención oficial más abultada del mes. El Central se ubicó en oferente neto de la divisa desde la apertura de la negociaciones para evitar cualquier desborde. Tras haber convalidado una suba de más de cinco centavos consecutivos en las últimas ruedas, se mostró decidido a detener la escalada. También ayudó una fugaz aparición de los exportadores de granos liquidando parte de su cosecha. De todos modos, la barrera no logró impedir una leve apreciación. El billete verde en el mayorista quedó tres milésimas por encima del cierre anterior, para finalizar en 3,558 pesos, su mayor valor en el mes.

El volumen de negocios en la plaza volvió a reducirse. Se operó unos 345 millones de dólares. Tras la intervención, el stock de reservas internacionales sufrió una baja de 25 millones de dólares para finalizar en 47.020 millones.

En la plaza accionaria la caída en Nueva York llegó con menor intensidad a los papeles porteños. Tras arrancar en alza en el primer tramo de la rueda, el índice de empresas líderes Merval cerró en terreno negativo, con una caída de 0,1 por ciento. Por el contrario, los bonos sobresalieron con fuertes repuntes, que alcanzó a un 4 por ciento para los Boden. El volumen fue de apenas 35,3 millones de pesos en acciones y 246,3 millones en bonos.

Hoy concluye el plazo para adherirse al canje de préstamos garantizados. El vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, estimó “una aceptación en torno a la mitad”. De concretarse sería un buen dato teniendo en cuenta “el difícil contexto internacional”. “Los operadores en el mundo están preocupados por cuestiones que escapan a la Argentina”, señaló Vanoli.

Los principales bancos del mundo siguen en el ojo de la tormenta, a pesar de los megasalvatajes lanzados para sacarlos a flote. El presupuesto presentado ayer por el presidente Barack Obama (ver aparte) incluye una clara advertencia de que las entidades en Estados Unidos requerirán ayudas sustanciales del gobierno si la economía sigue deteriorándose. El mensaje coincide además con la profunda reforma que anunció anteanoche sobre las regulaciones de los mercados financieros. En la lista de rescates sobresale la nacionalización del Citigroup. Fuentes cercanas a la negociación informaron que en las próximas horas el gobierno norteamericano podría anunciar la adquisición del 40 por ciento del capital accionario del gigante financiero. Mientras, los pésimos balances del sector provocan una nueva ola de despidos para reducir el rojo de sus cuentas. Los bancos estadounidenses arrojaron pérdidas por primera vez en 18 años. La situación se replica con idéntica crudeza en Europa. Entidades en el Viejo Continente cerraron 2008 con caídas records.

Hasta última hora de ayer el equipo técnico de Obama analizaba junto con los directivos del grupo un acuerdo de intervención estatal, según The Wall Street Journal. Los primeros trascendidos de la negociación adelantaban que el Estado se quedaría con el 40 por ciento de las acciones del “supermercado financiero”. Hasta el momento, el gobierno lleva inyectados en el grupo 45.000 millones de dólares. Por su parte, The New York Post informó que el actual titular del Citi, Vikram Pandit, permanecerá en su cargo, como una manera de hacer que pase inadvertida la nacionalización.

Pero los auxilios no concluyen en el Citi. “La administración trabajará con el Congreso para determinar la apropiada medida y forma de los esfuerzos, y a medida que se obtenga más información se definirá una estimación de los costos potenciales”, sostiene el presupuesto que presentó Obama. De todos modos, el texto redactado por la Casa Blanca hace ya una primera estimación de 750.000 millones de dólares para ayudar a los bancos (ver aparte). El volumen final se calculará sobre los resultados de las pruebas de stress a las que fueron sometidas 19 entidades.

Obama anticipó siete puntos para reformar el mecanismo de regulación del sistema financiero. Fue en una breve alocución luego de reunirse con el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, y el consejero de la Casa Blanca Larry Su-mmers. El presidente estadounidense subrayó entonces que las instituciones financieras tendrán una mayor y efectiva vigilancia gubernamental, sobre todo si la Reserva Federal, en cuanto prestador de última instancia, proporciona recursos de los contribuyentes.

El sector bancario estadounidense, en su conjunto, acusó a fines del año pasado su primera pérdida trimestral desde 1990. El rojo fue de más de 26.000 millones de dólares, según anunció ayer la corporación federal de seguro de depósitos (FDIC). El año pasado, quebraron 25 bancos minoristas, destacándose el Washington Mutual e Indymac. Precisamente la compra del Washington Mutual por parte del J. P. Morgan tendrá como consecuencia el despido de 12.000 personas, debido a la integración de las operaciones de ambas, anunció ayer el banco neoyorquino.

Con la misma fragilidad, los bancos europeos anunciaron pérdidas records en sus balances del año pasado. El Royal Bank of Scotland registró un rojo de 34.100 millones de dólares, al igual que el alemán Dresdner Bank, que acusó un quebranto de 8000 millones de dólares. Al respecto el gobierno británico presentó su plan de garantías de activos bancarios tóxicos, al cual apelarán los debilitados Royal y Lloyds Banking Group. El Estado garantizará al menos 325.000 millones de libras (unos 366.000 millones de euros) de activos “tóxicos”. Además cubrirá un 90 por ciento de las pérdidas generadas por estos activos.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, estuvo haciendo cuentas y le envió al Senado su primer Presupuesto. El documento incluye una partida de contingencia por 750 mil millones de dólares para rescatar a los bancos, una iniciativa de 635 mil millones para expandir la cobertura médica y aumentos en los impuestos a las familias con ingresos que superan los 250 mil dólares anuales. El dinero para los bancos es una “previsión” por si los fondos del plan lanzado por Bush no alcanzan. Además, plantea subir los impuestos y eliminar exenciones del sector petrolero. Los republicanos y las empresas salieron a criticar con dureza el proyecto de Presupuesto Obama.

Para 2010 el déficit estimado llega a los 1,17 billón de dólares y el mandatario prometió reducirlo a la mitad para 2013. Mientras que algunos especialistas se alarman frente a la profundización de esta situación, otros economistas sostienen que las preocupaciones son infundadas, ya que la abultada deuda se paga con la moneda que imprime la Fed y a la tasa que fija el organismo. La propuesta de Obama debe ser aprobada por el Legislativo. La presentación detallada se presenta al Congreso en abril.

- Previendo futuros rescates: Por si acaso, por si los 700 mil millones de dólares anunciados por Bush en octubre no alcanzaran, el Presupuesto contempla otros 750 mil millones más para fondear “los esfuerzos de estabilización financiera”. Pese a que Obama viene advirtiendo que posiblemente el primer rescate no sea suficiente para sanear a los bancos, en la Casa Blanca “esperan” no necesitar ese dinero y aseguraron que a esta altura no tienen ningún plan de realizar un nuevo pedido al Congreso. Pero prefirieron dejar la puerta abierta mientras el Tesoro realiza los test de stress a los bancos para determinar la magnitud de los activos basura. La Oficina de Presupuesto estimó que el costo neto del desembolso rondará los 250 mil millones de dólares, ya que espera recuperar algo (aunque no todo) de lo “invertido”.

- Cobertura médica: Lo que Clinton no pudo hacer, Obama lo va a intentar. El mandatario fijó un fondo de 635 mil millones de dólares para universalizar la cobertura de los servicios de salud en diez años. Además planea recortar los subsidios a las empresas del sector.

- Más impuestos y menos recortes: El Presupuesto propone elevar los impuestos para los hogares con ingresos mayores a 250 mil dólares. Además aumentará las cargas a las ganancias de capital. El documento señala, también, que renovará los masivos recortes impositivos de Bush cuando caduquen en 2010. Además, eliminará una serie de lagunas tributarias que permiten al sector financiero eludir impuestos legalmente y los subsidios para los productores agropecuarios que ganan más 500 mil dólares. Por otro lado, cerrará un programa de exenciones fiscales para familias de bajos ingresos que considera mal administrado.

- Republicanos aterrados: “La era del gobierno omnipresente ha regresado y los demócratas están pidiéndote que lo pagues”, alertó el legislador John Boehner, líder republicano de la Cámara de Representantes. La suba de impuestos para los sectores de mayores ingresos y el aumento en el gasto “preocupa seriamente” a la oposición. La reacción de los republicanos había sido similar durante el debate por el plan de estímulo fiscal y presionaron (con éxito) para que el gobierno incremente el peso de los recortes impositivos en el proyecto. Por su parte, el segundo apartado del documento que Obama elevó al Senado titulado “Heredando un legado de prioridades equivocadas” sostiene que “el fracaso de los últimos ocho años se debe a decisiones políticas irresponsables. Inversiones en educación, salud, infraestructura y energías limpias fueron sacrificadas por monumentales recortes impositivos para los ricos”.

- Gas y petróleo: Las multinacionales del rubro reaccionaron rápidamente cuando vieron que la propuesta de Obama propone subirles los impuestos en 2010 y terminar con algunas de las exenciones fiscales que posee el sector. El gobierno espera recaudar 31.500 millones de dólares más en diez años. Los lobbystas ya se pusieron a trabajar para frenar la iniciativa. “En medio de una recesión, no es el momento de imponer nuevos impuestos a la industria, su aplicación podría implicar menos puestos de trabajo y menos ingresos en momentos en los que necesitamos ambos desesperadamente” apuntó Jack Girard, presidente del Instituto Estadounidense de Petróleo, el poderoso lobby que representa a más de 400 corporaciones del sector.

La nueva etapa de las relaciones entre la Argentina y Estados Unidos que supondría la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca arrancó con el pie izquierdo. El canciller Jorge Taiana manifestó la “sorpresa y desagrado” del Gobierno por el informe presentado el miércoles por el flamante jefe de la CIA, Leon Panetta, en el que señalaba a la Argentina como uno de los países cuya estabilidad podría verse afectada por la recesión económica. “Las declaraciones son irresponsables, infundadas, y no muestran al respeto ni la madurez que deben tener la relación entre países”, sostuvo Taiana, con el ceño fruncido. El canciller citó para hoy al embajador norteamericano Earl Anthony Wayne para pedirle explicaciones. Desde la embajada adelantaron que el informe no había buscado “transmitir preocupación” con respecto a la situación argentina.

Apenas si pasó una semana del encuentro que mantuvieron en Washington el embajador en Estados Unidos, Héctor Timerman, y el vicecanciller Victorio Taccetti con el subsecretario de Asuntos Hemisféricos, Thomas Shannon, en el que buscaron dar una vuelta de página en la complicada relación bilateral. “Argentina es un socio importante en la región”, sostuvo allí Shannon. Quedaron todos contentos y prometieron verse en junio de nuevo.

Pero la buena onda se cortó el miércoles, luego del primer encuentro con la prensa que mantuvo Panetta, nuevo mandamás de la CIA. Panetta explicó que la crisis económica podía afectar la estabilidad de algunos países y sus políticas externas, así que la Agencia optó por elaborar un informe económico de inteligencia diario para mantener informada a la Casa Blanca sobre esta delicada cuestión. Ese miércoles, reveló, había enviado el primer trabajo al presidente Obama.

Panetta contó que en base a la información transmitida por agentes de Inteligencia latinoamericanos, habían escrito en el informe que la crisis se extendía por todo el hemisferio, “particularmente en la Argentina, Ecuador y Venezuela”. “Claramente está relacionado. Lo que sucede en la economía, y lo que ocurre como consecuencia de esto, está afectando la estabilidad del mundo”, concluyó Panetta.

La información apareció en la edición de ayer de algunos de los principales medios norteamericanos, como The Washington Post.

La presidenta Cristina Kirchner y Taiana conversaron en varias oportunidades ayer para decidir cómo responder a esas afirmaciones. Finalmente resolvieron que el canciller diera una conferencia de prensa y cite a Wayne a su despacho, en el habitual paso de minué de las quejas diplomáticas formales.

Dado que el objetivo del Gobierno es aún reencauzar la relación bilateral a partir de la asunción de la administración Obama, Taiana prefirió cargar las tintas sobre la CIA. “Es una agencia que tiene una triste historia de interferencia en los asuntos internos de la región”, lanzó. Adelantó que convocaría al embajador para pedirle explicaciones y preguntarle por qué motivo Panetta “hace evaluaciones sobre nuestro país y cuáles son las fuentes con las que las sostiene”. “Si bien la crisis es mundial, la Argentina ciertamente es de los países que está mejor para enfrentar el chubasco”, se envalentonó.

En la Cancillería resaltaban las contradicciones que aún existían entre las distintas áreas de la bisoña administración Obama. En ese sentido, recordaban que el jefe de las fuerzas armadas norteamericanas había calificado como “muy preocupante” la situación en México, país que conserva la relación de aliado estratégico con Estados Unidos y cuyo presidente, Felipe Calderón, fue el primero por ser recibido por Barack Obama luego de electo.

Taiana aseguró que la mirada del director de la CIA “no es la visión que existe sobre el país, según las conversaciones con el Departamento de Estado”. La referencia era a la reunión de la semana pasada con Shannon. También a los contactos entre ambos gobiernos a propósito de la próxima reunión del G-20, que se realizará en abril, en Londres, para discutir la crisis financiera. Se especula que allí o en la Cumbre de las Américas –ese mismo mes en Trinidad y Tobago–, Cristina Kirchner y Barack Obama podrían reunirse.

Desde la embajada norteamericana trataron de apagar el nuevo incendio antes de que se extendiera. “El director Panetta simplemente mencionó un comentario hecho por una fuente extranjera”, salió a explicar Mara Tekach, la vocera de la representación diplomática. Aseguró que Washington “valora la participación de la Argentina en los esfuerzos internacionales para contener la crisis”.

Uno de los puntos que generaba intriga en el Gobierno era justamente el origen de la información. Esos “agentes de Inteligencia latinoamericanos”, a los que se refirió Panetta. Dado que en este caso se señaló a la Argentina, Ecuador y Venezuela y que el jefe militar habló de México, en la Casa Rosada concluían que las mayores posibilidades eran que la fuente hubiera sido los servicios secretos brasileños. No era información, sino una deducción. También una muestra de que las relaciones con Brasil, debido a los cortocircuitos generados a propósito del desbarajuste de la balanza comercial, no atraviesan su mejor momento.

Desde Madrid

Con el Partido Popular sumido en la más grave crisis política que atraviesa la derecha española en muchos años y el Partido Socialista temeroso de ser engullido por una situación económica desastrosa, las elecciones regionales vascas y gallegas del próximo domingo serán un test de primera magnitud para los dos grandes partidos políticos de la península, a la vez que pondrán a prueba la salud de la que gozan los nacionalismos regionales.

Ayer, en el cierre de campaña, quedó claro cómo juega cada cual sus cartas en este tablero. Por parte del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero eligió Galicia para cerrar campaña electoral, en vista de los buenos resultados que auguran los sondeos para su partido en la región y para sus aliados del Bloque Nacionalista Gallego, con quienes gobierna desde hace cuatro años. A pesar de que será seguramente el PP el que obtenga la mayoría de los votos, los resultados de los conservadores en Galicia serán peores al parecer que cuatro años atrás, cuando se quedaron a un diputado de la mayoría parlamentaria suficiente para gobernar.

Si los sondeos están en lo cierto, el resultado en Galicia será una mala noticia para el Partido Popular y una tragedia política para su máximo líder, Mariano Rajoy. Galicia no sólo es uno de los feudos tradicionales de los populares sino que es también la tierra de origen de Rajoy y la región donde comenzó su carrera política. Acosado por los escándalos de corrupción que sacuden a su partido, Rajoy parece tener los días contados al frente del PP. La noticia conocida el miércoles de que el juez Baltasar Garzón había involucrado en la trama de corrupción que investiga su juzgado al tesorero del partido, Luis Bárcenas, un hombre de confianza de Rajoy, terminó por salpicar a la plana mayor de la dirigencia conservadora, llevándose por delante también a las dos personas que dirigen las comunidades en manos del PP más importantes: Esperanza Aguirre en Madrid y Francisco Camps en Valencia. El escándalo comenzó a hacerse notar en los sondeos y, tanto en Galicia como el País Vasco, el PP comenzó a derrumbarse durante los últimos días.

Mientras los conservadores miran Galicia con tanta ansiedad, los socialistas están más preocupados por lo que está sucediendo en el País Vasco. Para el PP no es novedad su magra cosecha electoral en esa región. Históricamente la derecha no ha tenido buena acogida entre los vascos y el voto conservador suele ir a parar a las arcas del Partido Nacionalista Vasco, hegemónico en la zona desde hace un cuarto de siglo. Por lo que el resultado del domingo preocupa más a los socialistas porque desde que comenzó la campaña no ocultan que desean hacerse con el gobierno regional, un resultado que estaba al alcance de la mano desde que le pegaron un duro golpe al Partido Nacionalista Vasco (PNV) en las elecciones generales de marzo del pasado año.

Pero en esta región industrial donde la economía manda junto a las preocupaciones que tienen que ver con el terrorismo etarra, los socialistas se han visto lastrados por las repercusiones que está teniendo la crisis económica, y los últimos sondeos dan ganador una vez más al PNV, aunque sin obtener la mayoría necesaria para gobernar. Los socialistas se quedarían a un paso de la victoria (5 puntos porcentuales), pero verían muy difícil armar gobierno en Vitoria, ya que para hacerlo deberían pactar con el PP o con otros grupos nacionalistas. Incluso algunos analistas hablan de la posibilidad de un pacto PSOE-PNV, algo que el candidato socialista Patxi López descartó ayer de plano.

El PSOE también atribuye su desinfle a última hora en el País Vasco a la crisis que le costó la cabeza al ministro de Justicia, Fernández Bermejo, hace apenas dos días. “Aunque tuvimos que entregar su cabeza para que no nos comieran crudos”, afirmaba ayer un diputado socialista en Madrid. “Y si la gente entendió el mensaje, tampoco pagaremos tan cara la movida.” Para los socialistas vascos, sin embargo, resultó muy difícil de digerir que Zapatero soltara la mano de su ministro días antes de las elecciones. “Si perdemos por esto, las culpas serán de Madrid”, afirmaban ayer en Bilbao algunos de sus referentes. Con tanta crisis nacional dando vueltas, nadie parece recordar que éstas son las primeras elecciones vascas a las que no concurre el entorno político de ETA. Un síntoma más de la decadencia de los independentistas que no han podido hacerse presentes en esta campaña, ni siquiera con el uso de la fuerza.

Con la oposición de un grupo de vecinos de Barrio Norte, el gobierno porteño pone hoy en marcha la habilitación de dos contracarriles en la avenida Pueyrredón. A partir de las 10 de la mañana, desde la avenida Córdoba hacia el Norte, hasta la Avenida del Libertador, habrá dos carriles en dirección hacia el norte, mientras que los otros tres permanecerán con circulación hacia el sur, como hasta ahora. Se trata de la primera parte de una experiencia piloto que durará 90 días prorrogables por otros 90 y que incluye la extensión de este doble contracarril hasta Plaza Miserere y más aún, por Jujuy, hasta la avenida Belgrano. El gobierno argumenta que la medida contribuirá a mejorar la circulación del transporte público. “Se reducirá a la mitad el tiempo de viaje en colectivo de sur a norte”, aseguran, basándose en los estudios realizados. Estiman que se reducirá el tránsito de vehículos desde la avenida a calles laterales. Los vecinos que se oponen y temen que ese aumento de circulación genere riesgos para los peatones. “En el barrio hay 19 escuelas y la semana próxima empiezan las clases en medio de estos cambios”, alertan.

La Justicia en lo Contencioso Administrativo de la ciudad rechazó ayer un recurso de amparo presentado por las organizaciones vecinales No al Parquímetro y Amigos de Pueyrredón, entre otras. Por eso la doble circulación entrará en vigor hoy, como estaba previsto, y los vecinos convocaron a una protesta, con corte de algunos carriles en la avenida, para las 19. Ayer hicieron una nueva manifestación, en la esquina de Pueyrredón y French.

El subsecretario de Transporte de la ciudad, Jorge Norberto, explicó a Página/12 que la medida es “parte de un plan de reordenamiento integral tendiente a mejorar el transporte público y disminuir la contaminación”. “Para eso, la idea es sacar el transporte público de las calles internas para que se vuelque sobre Pueyrredón. Eso va a mejorar la calidad de vida del barrio”, argumentó. Los nuevos contracarriles no serán exclusivos para el transporte público: por ahora también podrán circular vehículos particulares.

La modificación está acompañada por un cambio de mano de la calle Azcuénaga, que a partir del lunes correrá de norte a sur hasta Córdoba, y de la calle Anchorena, que a partir del 9 de marzo cambiará de mano, también hacia el sur, para descongestionar Pueyrredón hasta Córdoba.

Por ahora serán sólo cinco líneas de colectivos las que circularán por el contracarril hacia el norte: el 61 lo hará entre Mansilla y Libertador; el 41 y el 118, entre Mansilla y Las Heras, y el 92 y el 93, desde Las Heras hasta Libertador. Estas líneas circulaban hasta ahora por Azcuénaga y Agüero.

A primera vista, podría parecer que con la medida se traslada la contaminación generada por los colectivos desde las calles internas hasta la avenida. Pero los expertos aseguran que por su amplitud, la avenida es capaz de absorber mejor el ruido y los gases contaminantes.

“Según los datos del gobierno, por Pueyrredón pasan 1800 autos por hora en horario pico y con los contracarriles, dicen, se van a reducir a 800. ¿A dónde va a ir a para el resto? A las calles interiores, donde no han puesto ni un semáforo ni reductores de velocidad. Los chicos no van a poder cruzar para ir a la escuela”, se quejó Juan Chavarri, de la organización No al Parquímetro. Los vecinos sostienen que “el plan no tiene ninguna lógica” y acusan al gobierno de “hacer experimentos con el tránsito”.

El plan se pone en marcha hoy, a prueba, por 90 días, prorrogable por otros 90, y si resulta exitoso, el Ejecutivo enviará un proyecto de ley a la Legislatura para que la modificación quede firme.

Otro de los argumentos con los que se oponen a la medida es el riesgo de posibles choques frontales en una avenida de doble mano. Ese temor fue desestimado por Fabián Pons, gerente general del Centro de Estudios sobre Seguridad Vial (Cesvi), quien sostuvo que “la mayoría de los choques se producen en cruces, cuando alguno de los vehículos no respeta el semáforo o la prioridad de paso”. “No hay tantos choques en Rivadavia o en Cabildo, que son de doble mano –tranquilizó–. El peligro está en la ruta, cuando para el sobrepaso, un vehículo debe pasar al carril contrario. Pero eso no suele pasar en una avenida.”

El dirigente del Cesvi acordó, en principio, con la medida, ya que “es una tendencia mundial el traslado del transporte público de las calles a las avenidas: no vamos a encontrar en Europa colectivos circulando por calles de un barrio”, dijo Pons. Pero advirtió que “hay que esperar los resultados en la práctica.

Desde la Subsecretaría de Tránsito, Norberto aseguró que “se hizo un trabajo de difusión en el barrio, explicando la medida, y se acordó con los tres sanatorios ubicados en la zona, la maternidad Suizo Argentina, el Hospital Alemán y el Sanatorio Anchorena”. Llamativamente, la medida se pondrá en vigencia recién a las 10 de la mañana de hoy.

Si la modificación tiene éxito, “en un mes y medio estaríamos habilitando un nuevo tramo de contracarril”, informó el funcionario.

Los vecinos consiguieron el apoyo de algunos legisladores. El diputado Alejandro Rabinovich lamentó “el alto nivel de improvisación del gobierno porteño, que está ensayando con el tránsito en una zona densamente poblada”. Por su parte, el senador Daniel Filmus (Frente para la Victoria) vaticinó que la medida “no logrará descomprimir el tránsito y causará un sinfín de complicaciones” a los habitantes del barrio.

Ante el rechazo del recurso de amparo presentado en la Justicia, los vecinos ratificaron las protestas. “No vamos a esperar que haya un muerto para entender el peligro de esta medida”, alertan.

Tras cuatro horas de reunión, el consejo directivo de la CGT exhortó a los sindicatos a “defender el poder adquisitivo salarial” con la estrategia de negociación más conveniente en cada caso. A través del vocero de la central mayoritaria, Héctor Daer, la CGT propuso a las organizaciones gremiales adheridas a negociar “sumas fijas o porcentajes” con el objetivo de “mantener el poder de compra de los salarios”. En el debate se analizó también el impacto de la crisis global en la economía real del país, como asimismo la situación de las obras sociales sindicales, un tema siempre delicado para todos los gremialistas, sin excepción. En el diagnóstico sobre la crisis, los asistentes coincidieron en que se están registrando despidos en áreas vinculadas con la exportación, como la industria automotriz y las autopartes, pero sin llegar a la expulsión masiva de trabajadores. “Hasta ahora en la Argentina no hay despidos masivos. Hay que defender el salario, defenderlo con razonabilidad es una forma de defender el empleo”, dijo a Página/12 el diputado y abogado laboralista Héctor Recalde, apoderado de la CGT.

La sesión del consejo directivo volvió a reunir al secretario general Hugo Moyano (camioneros), Juan Belén (metalúrgicos), Andrés Rodríguez (Smata), Gerardo Martínez (construcción), Roberto Fernández (Unión Tranviarios Automotor), Amadeo Genta (municipales), Omar Lescano (Luz y Fuerza), Omar Maturano (La Fraternidad) y Armando Cavalieri (mercantiles), entre otros. En la previa de la charla, Moyano recibió felicitaciones por la entrevista que ayer publicó Página/12: medio en broma, medio en serio, sus interlocutores lo felicitaron por una reflexión que hizo a partir de un documental de Discovery sobre los animales y su capacidad para defender la vida de sus cachorros. En la reunión también se definió que el jueves 30 de abril, a las 15, la CGT realizará un acto en la Plaza de Mayo para conmemorar el Día de los Trabajadores.

La idea de la CGT es poner sobre la calle una convocatoria multitudinaria que emita dos mensajes en simultáneo: la defensa del modelo productivo y el reclamo de espacios en las listas de candidatos del Frente para la Victoria. El temario siguió con la situación económica local y el panorama sombrío que atraviesa España, donde la desocupación se disparó a niveles record en el último año y medio. Moyano contó anécdotas de su reciente viaje a Madrid, luego relató la experiencia que hicieron las centrales sindicales españolas del funcionamiento del Consejo Económico y Social: un órgano tripartito con representación del Estado, patronales y sindicatos. “No es posible traspolar el ejemplo de España a la Argentina”, advirtió Daer ante los periodistas.

Los dirigentes también evaluaron alternativas para preservar el empleo en los sectores más afectados por la caída en la actividad. “Es preciso establecer mecanismos que, luego de comprobada la crisis de una empresa, mantenga al trabajador en su puesto y el poder adquisitivo”, señaló el vocero cegetista. La lectura que primó en la reunión es que una parte del sector privado está intentando “medrar con la crisis” para bajar costos laborales. “La paritaria no será fácil, a partir de lo cual hemos planteado mecanismos o alternativas de discusión. Quizá en alguna actividad se posterguen las paritarias por algún tiempo”, reconoció Daer.

Tras el repaso del panorama de los sectores productivos, la charla giró hacia la situación de las obras sociales. Uno de los asuntos sensibles en esa materia es la rendición de gastos que periódicamente deben monitorear la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), hoy a cargo del abogado Juan Rinaldi, y la Administración de Prestaciones Especiales (APE). En los últimos diez días, este tema estuvo en el centro de los rumores que pronosticaban un inminente alejamiento de la ministra de Salud, Graciela Ocaña. Versiones que fueron desmentidas.

Como se prometía, un grupo de productores agropecuarios esperó a la presidenta Cristina Kirchner en el aeropuerto de Tres Arroyos con banderas negras en señal de “luto” por la situación del campo. Por lo demás, la visita presidencial transcurrió sin más contratiempos. “Aunque viva mil años, jamás voy a olvidar el recibimiento de este pueblo de Tres Arroyos”, diría luego la Presidenta en el acto principal. A propósito de la protesta, comentó “pongo el hombro y la otra mejilla” y apuntó contra los ruralistas. “Ese sector ha tenido una gran rentabilidad y es el único de toda la economía nacional que puede darse el lujo de no comercializar su producción”, lanzó.

En el aeropuerto, un grupo de productores enarboló banderas negras contra la llegada de la Presidenta. La comitiva oficial pasó de largo y se dirigió hacia el lugar del acto, donde se anunciaron obras por más de 244 millones de pesos. A Cristina Kirchner la acompañaron el gobernador Daniel Scioli y los ministros de Planificación y de Interior, Julio De Vido y Florencio Randazzo. Cristina Kirchner pasó por una fábrica de agroalimentos y visitó un barrio del Plan Federal I. Luego, la Presidenta se trasladó hacia el club Costa Sud, donde la esperaban alrededor de 3500 personas. Allí anunció un plan de 475 viviendas, obras en la ruta provincial 72 y habló largo y tendido.

En referencia al anunciado escrache rural, Cristina Kirchner sostuvo que “aunque mañana aparezcan en los diarios los que estaban protestando, ustedes son la mayoría y existen. Existimos porque somos el pueblo, los que trabajamos, somos los que venimos sosteniendo la patria donde todos tengan derecho al trabajo”. Resaltó que “es uno de los días más felices como Presidenta y me lo han dado ustedes que se han volcado a las calles”, al tiempo que remarcó que “vivimos en una sociedad democrática que es lo más importante, todo el mundo tiene derecho a expresar sus ideas, lo único es hacerlo con respeto y sin violencia”. Enfatizó que “sólo quienes piensan en uno mismo y no están seguros de poder decir en voz alta cuáles son sus ideas y proyectos son quienes agravian e insultan”, al tiempo que remarcó que “vamos a trabajar junto a los productores, a los comerciantes que necesitan vender sus productos, por los millones que consiguieron trabajo y necesitan conservarlo para el mercado interno”.

Después de un año de incumplir una sentencia judicial, el ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, deberá pagar una multa de 50 pesos por día. Lo dispuso el juez en lo Contencioso Administrativo de la ciudad, Guillermo Treacy, en la demanda que una ONG inició contra el Estado porteño por la falta de vacantes en el nivel inicial de la educación en el sector estatal. En la ciudad, unos 8000 niños y niñas de hasta cinco años no consiguen lugar en jardines y guarderías y pasan su primera infancia en listas de espera aguardando un lugar que muchas veces no llega. Desde diciembre de 2006, cuando se inició la demanda, los sucesivos gobiernos no han presentado en la Justicia al menos un plan para resolver el problema. Por ese motivo, después de un año de advertencias, Narodowski deberá afrontar el pago de la multa. La misma sanción recibió la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, responsable de las guarderías. Los dos ministros fueron citados por el juez, para el martes próximo, a una audiencia donde deberán explicar si tienen un plan para cumplir con la sentencia.

La causa se inició en diciembre de 2006, ante una demanda presentada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en la que denunciaba la “exclusión de miles de niños y niñas de la educación pública en el nivel inicial por falta de vacantes”. Se argumentaba allí que el gobierno de la ciudad “no implementó las medidas necesarias para remediar la situación, a pesar de tener los recursos suficientes para hacerlo”. Para ese entonces, de acuerdo con cifras oficiales, el problema afectaba a 6047 chicos.

En 2007, en plena gestión de Jorge Telerman, el juez Treacy hizo lugar a la acción de amparo y le ordenó al gobierno que “presente en el término de veinte días un proyecto que especifique claramente las medidas que adoptará para asegurar que a partir de 2008 los niños de entre 45 días y cinco años puedan acceder a establecimientos de nivel inicial”. La ciudad apeló el fallo, pero la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia. Una nueva apelación llevó el expediente al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, donde se encuentra en la actualidad.

Ante la demora, la ACIJ pidió que se dictara una medida cautelar, a la que Treacy nuevamente hizo lugar, en marzo de 2008: el ministro –para entonces Narodowski llevaba tres meses en el cargo– debía presentar un plan para garantizar el acceso a la educación de los chicos involucrados, bajo apercibimiento de pagar una multa de 50 pesos por día.

Según la coordinadora del programa de Igualdad Educativa de la ACIJ, Nuria Becú, “el ministro nunca presentó un plan para solucionar el problema” y por eso, en diciembre último, le pidieron a Treacy que hiciera efectiva la sanción. Adhirió a ese pedido el asesor tutelar, Gustavo Moreno, que se encarga de defender los derechos de los niños y niñas de la ciudad. El juez nuevamente hizo lugar al pedido, el 19 de febrero último: les impuso a Narodowski y a Vidal una multa de 50 pesos diarios, lo que totalizaría 1500 pesos por mes, que les serían descontados de sus haberes.

En abril de 2008, Narodowski anunció públicamente que presentaría a la Justicia un plan para la construcción de doce nuevos jardines de infantes, especialmente en el sur de la ciudad, en un plazo de tres años: habló de cinco edificios nuevos y una cantidad no precisada de salas, más otros siete edificios que se harían con fondos del programa Mil Escuelas, de la Nación.

“En la causa sólo presentó un documento que habla de la gravedad de la situación y una lista imprecisa de obras donde no figuraba ubicación, presupuesto ni datos de las licitaciones”, dijo Becú anoche a Página/12. “Se limitó a hacer seis presentaciones, en muchos casos con información contradictoria e inconsistente”, agregó. El juez Treacy opinó en igual sentido al hacer efectiva la multa contra los funcionarios.

El asesor tutelar Gustavo Moreno opinó que “falta en la ciudad una política de Estado que tienda a la inclusión de los chicos en la educación inicial”. En ese sentido, responsabilizó a las gestiones de Aníbal Ibarra y Jorge Telerman, además de la actual. “Entiendo que no se puede acabar con el problema de un día para otro, pero tampoco ha habido un plan para mitigarlo: el Estado no salió a contratar jardines privados para cubrir algunas vacantes”, dijo el funcionario a Página/12.

El juez Treacy citó a Narodowski y a Vidal para el martes 3 a las 11.30 –-un día después del oficialmente fijado para el inicio de las clases– en su despacho. Deben llevar “un informe detallado acerca de la forma y plazos en que darán cumplimiento a la sentencia”.

–Si el ministro lleva un plan, ¿el juez debería levantarle la sanción de la multa? –le preguntó este diario a la coordinadora de ACIJ.

–Eso lo va a resolver el juez. El plan tiene que ser muy concreto y específico, con plazos, presupuestos y mecanismos licitatorios. Y va a estar sometido a control judicial.

“Claro que queremos irnos, pero a una vivienda digna y con una cuota que podamos pagar: no que nos echen a la calle”, decía uno de los 400 vecinos del local de Paseo Colón al 1500, que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires intenta desocupar por la fuerza. Ayer, las autoridades de la Ciudad planeaban un “desalojo administrativo”, con el argumento de que el edificio no tendría condiciones de habitabilidad. Los vecinos responderían con un recurso de amparo, establecieron un sistema de guardias para prevenir una acción sorpresiva, y hoy cortarán la avenida Paseo Colón, acompañados por sus hijos en guardapolvo y enarbolando los recibos de los servicios que pagan, para acreditar su pertenencia a la comunidad porteña. El miércoles, el gobierno de Mauricio Macri había lanzado su ofensiva de garrote y zanahoria: el garrote, un allanamiento policial masivo que culminó en la detención de cuatro personas por tenencia de drogas; la discreta zanahoria, un ofrecimiento de 7 mil pesos para quienes se vayan; sólo 13 de las 103 familias aceptaron.

“¿Adónde vamos a ir a vivir con 7 mil pesos?”, preguntaba, retóricamente, Francisco, que desde hace 11 años vive en el edificio. “Nosotros pagamos la luz, mire: este medidor lo tuvimos que comprar”, señalaba el aparato, a la izquierda del gran portalón de entrada. “Tres mil pesos pagamos entre todos este mes.”

El local, donde alguna vez funcionó una fábrica de fideos, está en un predio cuya mitad delantera había sido expropiada por la Municipalidad hace unos 30 años, en tiempos de la dictadura militar, para un ensanche de Paseo Colón que nunca se concretó. Desde hace muchos años hay un litigio judicial entre el antiguo propietario y el gobierno municipal, de modo que la titularidad del inmueble no está firme y no sería posible que un juez ordenara el lanzamiento de sus ocupantes, muchos de los cuales lo habitan desde hace más de una década.

Los vecinos son los primeros en reconocer que el lugar donde residen está en malas condiciones. No funcionan las cloacas: “Hasta el año pasado mandaban camiones atmosféricos para desagotar, pero este gobierno dejó de hacerlo, nos niega toda colaboración”, denunció Francisco.

“Claro que los vecinos quieren irse, pero con una solución de vivienda. Formaron cooperativas, se inscribieron en el IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad), pero no se les da respuesta”, explicó Margarita Escalante, integrante de la agrupación Aukache, a la que pertenecen algunos de los habitantes del local. La vecina Antonia Ramos aseguró que “nos presentamos ante el juez. Le llevamos los papeles”. La señora Gladys, otra vecina, afirmó que “hace años estamos en la lucha de querer una vivienda digna. No pedimos que sea gratis, somos gente de trabajo. A la gente no hay que intimidarla ni arrancarla del lugar donde está”.

Rubén Rosmarino, de Aukache, pidió “una salida digna para los vecinos. Hicimos un censo: el 90 por ciento de los compañeros tiene ocupación y podría pagar una cuota accesible. La ciudad había prometido 10 mil viviendas por año, pero el gobierno actual no construyó ni una”.

El miércoles, el gobierno de la ciudad articuló su oferta de dinero con un allanamiento policial masivo por supuesto tráfico de drogas, autorizado por el Juzgado Federal Nº 3, en el que fueron detenidas cuatro personas y se secuestró “paco”. Algunas de las 13 familias que aceptaron los 7 mil pesos se retiraron y otras acordaron hacerlo hoy a primera hora.

A las 18.30 de ayer, Daniel Presti, subsecretario de Justicia de la ciudad, en la vereda de enfrente de Paseo Colón, se paseaba nerviosamente mientras hablaba por su celular: “Necesito contar con las fuerzas de seguridad que hagan falta para el desalojo administrativo”, pedía. Este tipo de desalojo puede ser dispuesto directamente por el Ejecutivo, por razones de salubridad o habitabilidad del lugar.

Pero los vecinos se disponen a resistir. “Para el desalojo administrativo, primero tienen que notificar. Y en cuanto lo hagan presentaremos un recurso de amparo”, anticipó Rubén Saboulard, de la Asamblea de San Telmo, quien propuso “una mesa de diálogo entre el gobierno de la ciudad y los vecinos”. Estos, entretanto, organizaron un sistema de guardias para evitar toda irrupción imprevista.

Y, hoy a las diez de la mañana, “vamos a cortar Paseo Colón: vamos a estar con los pibes, con sus delantales, vamos a mostrar los recibos de lo que pagamos. Invitamos a todos los que quieran participar”, anunciaron.

Los datos sobre la priorización de la inversión educativa son contundentes y muestran una película que se podría prever apacible. No es así, la compleja trama en la que conviven postergaciones históricas, intereses políticos y perennes desigualdades hilvana otras escenas en las que se repite la misma imagen: conflicto en el debut escolar.

Entre el 2005 y el 2007 el aumento del financiamiento educativo de la Nación y las provincias pasó de 23.400 a 43.800 millones de pesos, lo cual en términos nominales significa un 79,5 por ciento de incremento y en términos reales del 33,6 por ciento –calculando la inflación del 22,3 por ciento (ATE-Indec)–.

El incremento del salario docente entre 2005 y 2008 trepó en valores nominales el 90 por ciento y reales el 23 por ciento –aplicando el mismo índice de inflación–, una recomposición muy por encima del resto de la administración pública y también de la mayoría del sector privado.

La información surge de un relevamiento procesado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). En el 2005 se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo, que establece como meta llegar al 2010 con una inversión del 6 por ciento del Producto Bruto Interno destinado a la educación. Desde el 2006 el aumento de recursos muestra un sobrecumplimiento en casi todas las jurisdicciones. Sobre este escenario empezó a deliberar el año pasado la paritaria nacional docente con el objetivo de fijar un piso salarial común. El instrumento es el resultado de la decisión política de tomar las riendas de la política salarial en el marco del federalismo y la descentralización educativa. Ese piso acaba de ser establecido en 1490 pesos en la mesa nacional, más un plus de 55 pesos por cargo docente a partir de julio. La buena recepción de los gremios ante ese incremento del 15,5 por ciento en el sueldo del maestro que recién se inicia estalló en las mesas de negociación provinciales, donde los maestros habían alcanzado ese monto en gran parte del país.

La realidad muestran la dificultad de corregir distorsiones históricas. La provincia de Buenos Aires encabeza todas las estadísticas; destina el 34,3 por ciento de su presupuesto a educación, el año pasado les otorgó a los maestros un aumento del 37 por ciento, muy por encima de la media, que rondó el 24 por ciento. Este año la oferta fue mínima, sólo para alcanzar el piso fijado por la Nación. La complejidad vuelve a patentizarse en los desequilibrios estructurales: a pesar de asignar un tercio de sus recursos a educación, la inversión por alumno en escuelas públicas asciende a 2761 pesos, lo que la ubica en el noveno lugar. El problema es que en Buenos Aires se concentra casi el 40 por ciento de la cantidad de alumnos del país –4,3 millones– y casi 250 mil docentes; los recursos coparticipables que recibe son muy bajos y no hay forma de equilibrar esa dimensión con presupuesto propio.

En el 2010 caduca la Ley de Financiamiento y son muchas las preguntas que surgen para encarar una segunda etapa: ¿Es suficiente la meta del 6 por ciento del PBI si se quiere apostar a una recomposición real de los sueldos docentes? ¿Cuáles son los criterios que debe aplicar la Nación para asistir a las provincias? ¿Es justo girarles el mismo monto de 110 pesos por cargo en concepto de incentivo salarial a todas las provincias, independientemente del esfuerzo que hagan por priorizar la educación? ¿Se revertirá la desconfianza en el Indec como instrumento de medición de la inflación y por consiguiente de legitimidad de los reclamos?

Mientras políticos, gremiales y especialistas ensayan fórmulas adecuadas, más de diez millones de alumnos esperan ir todos los días a la escuela.

El peronismo solicitará esta semana a las autoridades del Ente de Transporte que se defina la licitación lanzada diez meses atrás para que los colectivos de la ciudad cuenten con rastreo satelital y una tarjeta inteligente y recargable. El representante del PJ en el Ente, el concejal Osvaldo Miatello ya decidió su voto en contra "porque las dos ofertas que quedaron en pie superan en más de un 80 por ciento el presupuesto oficial" fijado en ocho millones y medio de pesos. Por lo bajo, en la principal bancada opositora creen que "o bien hubo una muy mala estimación inicial o tal vez haya algo raro". La votación quedará en manos del presidente del ETR, el radical Sebastián Bonet y la especialista en estadística, Alicia Picco, funcionarios de buena relación con el gobierno municipal. De ser rechazadas las propuestas de la brasilera Metronec y la alemana Siemens, el municipio deberá decidir si vuelve a licitar el sistema que apuntaba a dar un salto de calidad en el transporte urbano o lo deja en suspenso hasta que exista mayor certidumbre económica.

Durante la última reunión del directorio del Ente, se analizó el estado del proceso licitatorio. De los cuatro oferentes iniciales, Siemens ﷓involucrada en escándalo por el presunto pago de sobornos para la confección de los DNI durante el menemismo﷓, Metronec, Indra y Atlantis Sistemas de Gestión, sólo quedan en pie los dos primeros. Ambos presupuestaron entre un 80 y un 85 por ciento más que los ocho millones 570 mil pesos calculados por la municipalidad al momento de elaborar el pliego.

En diálogo con Rosario/12, Miatello adelantó que exigirá una inmediata definición de la licitación, lanzada hace ya casi un año. "No podemos estar tantos meses sin definirlo cuando ya se superaron las etapas iniciales", planteó el edil justicialista para después confirmar su voto negativo. "Voy a votar en contra de la adjudicación, creo que adjudicarlo sería un error. En algunas licitaciones se acepta hasta un 25 por ciento más del presupuesto oficial, pero más del 80 nunca se ha dado", fundamentó el vicepresidente del ETR.

La definición de la licitación quedará en manos entonces de los otros dos integrantes del Ente: su presidente, Bonet y la directora Picco. El voto del radical se estima sería positivo, mientras que la decisión de la especialista en estadística no está claro, ya que días atrás pidió toda la documentación del caso para definir su voto.

En los pasillos del Concejo, las bancadas opositoras creen que o bien "hubo un muy mal error de cálculo inicial o tal vez haya algo raro". Incluso advierten que las dos empresas que quedaron en el camino podrían presentar impugnaciones por presunto cambio en las reglas de juego en cuánto a los montos que pagará el municipio por la concesión.

La licitación en cuestión la lanzó el intendente Miguel Lifschitz el 8 de abril de 2008. En su momento, el secretario de Servicios Públicos, Gustavo Leone había aclarado que la tarjeta inteligente se iba a ir implementando por etapas "porque supone un cambio muy fuerte de la tecnología que se está utilizando y de los hábitos de los usuarios". Según anunció el funcionario la "supertarjeta" no tendrá una banda magnética como la actual, sino que tendrá un chip y será de plástico como las de crédito. "Será una tarjeta personalizada, con el nombre del usuario, recargable por internet y también en las sucursales del Banco Municipal, en kioscos y en los puntos de comercialización actuales", indicó para después comentar que en una segunda etapa la tarjeta permitirá cancelar otros servicios públicos como el estacionamiento medido y los viajes en taxis.

Con la tarjeta inteligente en funcionamiento, el gobierno municipal tendrá información precisa para fiscalizar a las empresas y a la vez instrumentar otro cambio: los trasbordos entre distintas líneas en un determinado lapso de tiempo pagando un adicional.

La incorporación del GPS también traerá aparejado otras modificaciones al transporte: los usuarios podrán recibir en sus celulares información on line a través de mensajes de texto sobre la ubicación del colectivo que pretenden abordar.